La comisión especial deberá socializar el proyecto con el Poder Judicial y diferentes actores de sociedad civil
Por: Katerin Galo
Tegucigalpa. -El presidente del Congreso Nacional Luis Redondo nombró una comisión especial para trabajar en un borrador de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. La iniciativa surge siete años después de la disolución del Consejo cuya gestión se caracterizó por la corrupción.
Dicha comisión estará integrada por los diputados Angélica Smith, Netzer Edu Mejía, Mario Portillo, Marco Bertilio Paz Sabillón, Linda Donaire, Rebeca Angelina Ávila, Lourdes Maribel Mejía, Carlos Raudales y José Rosario Tejeda.
Los integrantes de esta comisión especial tienen la facultad de elaborar un proyecto de decreto para la creación del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial basados en el artículo 317 de la Constitución de la Republica que establece la creación de dicho Consejo cuyos miembros, organización, alcances y atribuciones serán objeto de una ley, aprobada por las (2/3) dos terceras partes del voto favorable de la totalidad de los diputados del Congreso Nacional.
Durante la sesión del martes 7 de marzo, el presidente del Congreso explicó que los integrantes de la comisión solicitarán al Poder Judicial un informe sobre el trabajo realizado por el extinto Consejo de la Judicatura, así como denuncias, investigaciones, acusaciones y cualquier tipo de proceso sobre sus miembros.
Asimismo, deberán solicitar a la Sala de lo Constitucional de la Corte una copia integra del expediente y sentencia que declaró la inconstitucionalidad del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Además, deberán pedir al Ministerio Público un informe sobre las denuncias recibidas en contra de los funcionarios de la referida instancia.
La comisión especial deberá solicitar la opinión del Poder Judicial si procede la creación de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial e iniciar la socialización de dicho proyecto con organizaciones de sociedad civil, el Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La misma comisión deberá elaborar un informe de la ley anterior y su aplicación mientras estuvo vigente y todas las demás normativas, actuaciones y resoluciones o regulaciones utilizadas.
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NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DEJA UN BUEN MENSAJE
A juicio de la abogada y exministra de Derechos Humanos Ana Pineda la iniciativa llega en un buen momento y es un buen mensaje que el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo haya nombrado una comisión multipartidaria para revisar la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
Pineda dice que la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene la capacidad de elaborar una nueva ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y enviarla al Congreso Nacional, o, en su defecto, que sea el Poder Legislativo quien la formule y la socialice con funcionarios del Poder Judicial.
Durante una entrevista con Criterio.hn dijo que no se debe perder de vista que en Honduras existió una Ley de la Judicatura y de la Carrera Judicial, que técnica y jurídicamente era un muy buen instrumento, que se había nutrido de la normativa de España.
A criterio de la jurista lo que falló en el pasado fue la escogencia de las y los miembros del Consejo de la Judicatura, que, aunque hubo una participación de las organizaciones de sociedad civil la misma se hizo de manera político- partidaria de tal forma que las y los miembros del Consejo se convirtieron en activistas de los partidos que los habían puesto.
En virtud de los entuertos del pasado, Pineda recomienda que en este proceso de consulta y de concertación se efectué con el concurso del Poder Judicial y de otras instituciones del sistema de justicia, con el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), litigantes, entre otros actores, para realizar un proyecto que finalmente establezca un órgano de gobierno en la Corte Suprema de Justicia.
Con la creación y aprobación del Consejo de la Judicatura se logrará separar las funciones judiciales de las administrativas dentro del Poder Judicial y con ello el Estado estaría cumpliendo con la obligación que tiene de garantizar la impartición de justicia con imparcialidad y en el marco de la más estricta objetividad.
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INCONSTITUCIONALIDAD DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
El 25 de noviembre de 2011, el Congreso de la República aprobó la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, una normativa que derogó la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y que otorgó labores administrativas a un nuevo ente, mismo que inició sus funciones el 6 de septiembre de 2013, y que se encargaba de organizar y dirigir la administración y las finanzas del Poder Judicial.
Sin embargo, la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial fue cuestionada desde su aprobación en el Legislativo, razón por la cual, el 15 de abril del 2016, la Corte Suprema, a través de la Sala de lo Constitucional, emitió una sentencia con efecto extensivo declarando la inconstitucionalidad de la normativa en alusión.
En la parte resolutiva de la sentencia se estableció que el Poder Judicial debía elaborar el proyecto de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura.
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SEÑALAMIENTOS DE CORRUPCIÓN
El 9 de abril del 2018, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por 600 delitos de corrupción relacionados al manejo irregular de fondos públicos, en contra del pleno del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, entre los que se incluyó al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés.
Los demás imputados, también integrantes del Consejo, fueron Julio César Barahona, Liliam Maldonado, Francisco Quiroz, Celino Aguilera y Teodoro Bonilla, todos ellos acusados por más de 600 delitos de malversación de caudales públicos.
Sin embargo, el 2 de noviembre de 2021, un juzgado de letras penal en materia de corrupción dictó sobreseimiento definitivo para los seis exintegrantes del Consejo.
