Portada: La niñez de la comunidad de Tierras del Padre a 13 kilómetros de Tegucigalpa está a punto de ser desalojada de su comunidad. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- El derecho a una vivienda digna en favor de la niñez en Honduras está reconocido por la Constitución de la República en su artículo 123, sin embargo esta se ve confrontada con el mismo sistema de justicia que debería garantizarla.
A pocos días de que en Honduras se conmemore el Día del Niño y la Niña, 10 de septiembre, la situación de la niñez que reside en la comunidad de Tierras del Padre está a las puertas de ser desalojada por orden judicial, informó el Bufete Justicia para los Pueblos.
De cara a esta realidad, integrantes de dicha población junto a sus hijas e hijos arribaron el miércoles 6 de septiembre a casa presidencial a urgir a la presidenta Xiomara Castro a atender los derechos de la infancia, “ante un inminente desplazamiento forzado judicial por parte del Estado de Honduras”.
“Este Día del Niño y la Niña, Honduras debe garantizar los derechos de los y las niñas de Tierra del Padre a un hogar y un futuro seguros y felices”, lee una leyenda en un video distribuido en las redes del bufete legal que les representa.
A NUEVA AUDIENCIA PERSONAS CRIMINALIZADAS DE TIERRAS DEL PADRE
El despacho legal informó que el próximo miércoles 13 de septiembre, se realizará una audiencia en la que la jueza, Gladys Alejandra Ochoa Sierra, del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, pretende imponer una medida cautelar para que las personas criminalizadas por defender el derecho a una vivienda tengan prohibido acercarse a dicho territorio.
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Esta acción se suma, de acuerdo con el bufete, a la aún “latente” orden de desalojo contra la comunidad, que evidencia “un escenario riesgoso y amenazante”. Recordaron al Estado su “obligación de garantizar y proteger el derecho a la tierra” de más de cien personas cuyos medios de vida, casas, escuelas y memorias se encuentran en la zona.
La comunidad de Tierras del Padre está ubicada a 13 kilómetros de la capital hondureña, sobre la carretera que conduce a la zona sur del país. En noviembre de 2022, Criterio.hn informó que el título ancestral fue extendido en 1739 a favor de José Ordóñez sobre seis caballerías, en la jurisdicción municipal de Tegucigalpa.
El territorio es disputado desde hace diez años por la empresa Inmobiliaria Siglo XXI, propiedad del terrateniente Mario Faccussé, que sustenta su alegato de posesión, amparándose en títulos supletorios, los que a juicio del Bufete Justicia para los Pueblos tienen vicios de nulidad.
DENUNCIAN A JUEZA POR VULNERAR PRINCIPIOS DE IGUALDAD E IMPARCIALIDAD
El pasado lunes 4 de septiembre, la comunidad de Tierras del Padre denunció a la jueza Gladis Alejandra Ochoa Sierra, del Juzgado Penal de Tegucigalpa, ante la Supervisión General del Poder Judicial por vulnerar los principios de igualdad e imparcialidad, la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso y a la defensa contra la colectividad.
El Bufete Justicia para los Pueblos publicó al respecto que la denuncia muestra como a lo largo de varios años y audiencias, la jueza Ochoa “ha actuado en contra de la comunidad, haciendo dejación de sus responsabilidad y obligaciones como magistrada”.
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En esta línea de acción ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Tierras del Padre denunció el racismo con el que denuncian ha actuado Ochoa, así como su alineamiento con la empresa privada empeñada en el desalojo de la comunidad. Además, señalaron que la jueza ha prejuzgado a cinco mujeres y hombres de la población que defienden su territorio, “negándose a reconocer su parcialidad”.
La comunidad de Tierras del Padre se ubica entre los municipios del Distrito Central, Santa Ana y San Buena Aventura, en el departamento de Francisco Morazán. Además de vivir en la zona, la comunidad cultiva las tierras con granos básicos y otros cultivos de auto sostenimiento alimentario.
