Pobladores de comunidades afectadas han recurrido a la Alcaldía de Comayagua, la Serna, Inhgeomin y la Fiscalía de Ambiente, sin que se concrete ninguna acción contra las empresas que extraen material pese a la veda en los ríos Humuya y Selguapa
Tegucigalpa.- A escasos metros de uno de los principales puentes que aún comunica a la ciudad de Comayagua con los municipios de Siguatepeque, Lejamaní y Ajuterique, entre otros, máquinas excavaron material del río Humuya haciendo caso omiso a la veda establecida en cabildo abierto en febrero de 2020.
Así lo indicaron vecinos de la ciudad a Criterio.hn, quienes durante años han denunciado la sobreexplotación de material no metálico en los ríos Humuya y Selguapa, así como las afectaciones provocadas en el ambiente y la agricultura de la zona.
En las imágenes proporcionadas por los vecinos, las cuales fueron captadas entre el jueves 4 y viernes 5 de mayo, se puede observar una excavadora y un camión sacando material no metálico del río Humuya, a escasos metros del puente en la zona conocida como El Ranchón, antigua carretera al norte de Honduras.
Esta no es la primera denuncia pública que realizan, en diciembre de 2022, los vecinos denunciaron que esta misma acción se estaba realizando a menos de 300 metros de otro puente situado en la zona conocida como Las Tejeras, que además está cerca de El Ranchón.
Es importante, subrayar que la ley de Minería en su artículo 65, inciso b) establece que se prohíbe la explotación de sustancias minerales: “A una distancia menor de quinientos (500) metros aguas arriba y quinientos (500) metros aguas abajo de los puentes, malecones, caja-puente, represas, obras de infraestructura urbana, en el cauce de los ríos y riachuelos”.
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En varias ocasiones, las y los pobladores han recurrido a la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de la Alcaldía de Comayagua, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) y la Fiscalía del Ambiente del Ministerio Público, sin que se concrete alguna acción contra las empresas que extraen material del río pese a la veda.
SE ESTÁ IMPONIENDO EL LUCRO SOBRE UNA DECISIÓN DEMOCRÁTICA
Criterio.hn buscó la opinión legal del abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Pedro Mejía, quien apuntó que la explotación de material no metálico a escasos metros del puente sobre el río Humuya impone “el lucro particular sobre una decisión democrática comunitaria municipal adoptada en cabildo abierto”.
Agregó: “Esto socava el principio de la democracia del país, de las municipalidades y las comunidades. Lo más grave de esta circunstancia es la falta de reacción de autoridades tanto municipales como autoridades centrales relacionadas a la Serna”.
El profesional del derecho señaló que operaciones como las realizadas en la imagen deben ser vigiladas tanto por la Serna, como por la UMA de Comayagua. Ambas, deben vigilar que se cumplan las medidas de mitigación ambientales y verificar que se opere en el marco de la normativa ambiental.
El abogado Mejía remarcó que la ausencia de una autoridad en el sitio puede ser grave, puesto que el impacto que podría generar esta actividad es la de socavar las bases de un puente, lo que a su vez podría generar su caída y representar un riesgo de muerte para las personas que lo transitan.
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Todo esto “podría configurar la comisión del delito de explotación ilegal de recursos naturales, que no es más que explotar recursos naturales, realizar actividades de explotación, exploración, entre otras en violación a la Ley de Minería”.
“Es grave que el poderío económico de una empresa, o las influencias de una empresa, le permitan comportarse de cualquier forma, incluso violentando decisiones adoptadas por la comunidad en un mecanismo democrático, y que pese a ello, las autoridades municipales o centrales como el Ministerio Público no realicen ninguna acción para detener este comportamiento y sobre todo para salvaguardar la decisión democrática de la comunidad”, cerró el abogado Mejía.
CONCESIONES NO SON PERMISOS PARA DESTRUIR CUERPOS DE AGUA
“Ninguna concesión minera, metálica o no metálica, debe poner en riesgo las vías de comunicación, por lo que en todo estudio ambiental se garantiza que cerca de los puentes no se pueden extraer minerales. […] Porque, además de poner en riesgo la obra de comunicación, ponen en riesgo mayor a las comunidades y a las personas que transitan por la zona”, detalló el ingeniero agrónomo con maestrías en asuntos ambientales, recursos hídricos y forestales, Juan Mejía.
Mejía, quien también es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), apuntó que las empresas deben tener en cuenta que la concesión no es un permiso para sacar el último grano de arena o mineral, especialmente cuando se tratan de cauces de ríos, pues lo que provocan es la destrucción de los cuerpos de agua.
El catedrático universitario detalló que los ríos cumplen varias funciones, entre ellas un punto de encuentro para las y los habitantes de las comunidades, quienes los fines de semana se autoconvocan a las pozas. También son una fuente de riego para los cultivos y de amortiguamiento en temporada lluviosa.
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“Estas concesiones mineras, ya sean metálicas o no metálicas, terminan destruyendo los cuerpos de agua reducidos a meros charcos, rompen toda la belleza escénica y se pierde con ello estos puntos importantes de las comunidades, sobre todo rurales que son los puntos de encuentro social, de comunión, de diálogo, como también de esparcimiento de las familias”, apuntó.
En el caso de las funciones de amortiguamiento, el ingeniero Mejía detalló que las piedras y el material en los ríos cumplen una función de desaceleración de la velocidad estrepitosa con la que baja el agua de las montañas en temporada lluviosa.
“Al ya no tener ningún cuerpo que amortigüe y que la obligue a reducir de velocidad, [el agua] arremete contra bordos, contra las propiedades de las familias, sobre todo agricultores y contra los pueblos mismos. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, sin embargo, en Honduras sabemos que hay un irrespeto total al saber científico de los bienes naturales, de los pueblos y prevalece el interés económico de las empresas mineras a la seguridad de las familias y de las comunidades adyacentes a estos cuerpos de agua”, concluyó el ingeniero forestal.
