Pese a una acusación presentada por el Ministerio Público por supuestas demandas ilegales y laudos arbitrales irregulares contra el Estado, Nelson Márquez fue juramentado como subsecretario de Copeco, en una institución clave para la gestión de emergencias y desastres naturales.
El proceso judicial incluye a exfuncionarios y operadores judiciales, entre ellos jueces y magistrados que enfrentan antejuicios por su presunta participación en resoluciones que habilitaron embargos contra el Estado.
Tegucigalpa, Honduras. – El presidente Nasry Asfura Zablah, designó como subsecretario de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) a Nelson Márquez Euceda, pese a tener un proceso penal abierto por un presunto fraude contra el Estado que supera los tres mil millones de lempiras.
Márquez fue juramentado el pasado 15 de febrero de 2026 como subsecretario de Copeco, una institución estratégica en la coordinación de emergencias y vulnerable a desastres naturales. Su llegada al Poder Ejecutivo ocurre en medio de un expediente judicial que aún no ha sido resuelto, situación similar a la del mandatario Nasry Asfura, sobre quien pesa un proceso por corrupcióndurante su gestión al frente de la Alcaldía del Distrito Central.
El ahora funcionario enfrenta acusaciones relacionadas con un supuesto esquema de demandas ilegales sustentadas en contratos irregulares y laudos arbitrales que, según el Ministerio Público, carecían de validez jurídica y generaron millonarios embargos contra el Estado hondureño.
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MÁRQUEZ, UNA FIGURA CON RECORRIDO POLÍTICO Y JUDICIAL
Originario de Intibucá, Nelson Márquez inició su carrera política como gerente de campaña del Partido Nacional en su departamento durante el proceso electoral de 2013, cuando ese instituto político se alzó con la victoria en los comicios generales de noviembre.
Entre 2014 y 2018 fue nombrado gobernador departamental de Intibucá, consolidando su presencia territorial y su cercanía con las estructuras nacionalistas en el occidente del país.
Su salto al Congreso Nacional se produjo tras su triunfo en las elecciones primarias de marzo de 2017. Ese mismo año logró una curul como diputado propietario, asumiendo funciones legislativas en 2018.
Fue en ese periodo, de acuerdo con el requerimiento fiscal, cuando se habrían gestado parte de los hechos que hoy son objeto de investigación penal por parte del Ministerio Público.
Márquez, fue uno de los diputados que votaron a favor de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que fueron declaradas inconstitucionales desde su origen por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en septiembre de 2024.
También acompañó la eliminación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), mecanismo que investigó redes de corrupción que involucró y judicializó a varios exdiputados.
En 2021 volvió a postularse y obtuvo nuevamente el respaldo electoral de los votantes de Intibucá, afianzándose como una reconocida figura dentro de las filas del conservador Partido Nacional.
FISCALÍA REQUIERE A NELSON MÁRQUEZ POR DELITOS DE FRAUDE
El 30 de julio de 2025, la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), dependencias del Ministerio Público, presentaron requerimiento fiscal contra el diputado nacionalista Nelson Márquez, exfuncionarios, operadores judiciales y particulares.
La acusación sostiene que la estructura habría utilizado contratos irregulares y laudos arbitrales sin reconocimiento judicial para promover demandas contra el Estado y obtener embargos millonarios.
Entre los acusados figuran la exprocuradora general Lidia Estela Cardona Padilla; el exdiputado, subjefe de bancada del Partido Nacional y exsecretario de Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), Nelson Javier Márquez Euceda; la excoordinadora de Gobierno, Martha Vicenta Doblado Andara; la exdirectora de Sedecoas-FHIS, Eva María Vásquez Villanueva; el apoderado legal de NAINSA, Juan Fernando Madrid Lezama; el integrante del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados, Caronte Rojas Zavala; así como representantes de las empresas DRC Inc. y NAINSA.
Aunque el proceso inició en febrero de 2023, la Uferco y la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron un antejuicio contra la jueza de lo civil, Irisabel Lucía Miranda Hernández.
En octubre, la acción se amplió para incluir al juez de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, Reymundo Esaú Grádiz Vilorio. Posteriormente, se sumaron Conan Argueta Bourdeth e Ingrid Evelinda Monzón López, ambos magistrados de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, así como la secretaria adjunta Elsa Ávila.
RELACIÓN DE HECHOS
El caso tiene antecedentes que se remontan al año 2000, tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado adjudicó un contrato con fondos de cooperación internacional a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual posteriormente subcontrató a la empresa hondureña Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA).
Según la Fiscalía, ese esquema contractual derivó en acciones que con el tiempo permitieron impulsar reclamaciones económicas contra el Estado hondureño, pese a cuestionamientos sobre la validez de los procesos arbitrales utilizados.
Pese a esa negativa, el 3 de diciembre de 2019 una jueza de lo civil, Irisabel Lucía Miranda Hernández, reconoció y ordenó la ejecución de la resolución arbitral internacional, lo que derivó en el embargo de cuentas estatales y en pagos que, según la acusación, ascienden a cientos de millones de lempiras.
En ese sentido, el ente acusador del Estado sostiene que, como parte del esquema, también se firmaron convenios extrajudiciales en 2020 y 2021 que permitieron desembolsos millonarios al margen de los procesos judiciales ordinarios y sin la debida validez legal.
En septiembre de 2022 se ordenó el embargo de una cuenta del Banco Central de Honduras (BCH), con afectación directa a Sedecoas, por más de 106 millones de dólares, equivalente a casi tres mil millones de lempiras.
Además, el Estado fue condenado al pago de costas procesales adicionales por más de 42 millones de lempiras, que ya habrían sido cancelados.
Asimismo, las investigaciones establecen que la red utilizó procesos arbitrales con múltiples irregularidades, desde la presentación de escritos presuntamente falsos hasta la aplicación de reglamentos no publicados oficialmente.
En febrero de 2023, Uferco presentó un antejuicio contra la jueza Miranda Hernández por suponerla responsable de prevaricato judicial continuado en perjuicio de la administración de justicia.
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SIN AVANCES EN PROCESO JUDICIAL
En agosto de 2025, un juez de letras designado resolvió a eso de las 10:30 pm de esta noche conceder la medida de arresto domiciliario con vigilancia policial a los imputados Nelson Javier Márquez Euseda –que en ese momento fungía como diputado—, Eva María Vázquez Villanueva, Juan Fernando Madrid Lezama y Caronte Rojas Zavala, todos acusados por el delito de fraude.
Tres meses después, exactamente el 6 de noviembre de 2025, el juez designado revocó la medida de arresto domiciliario impuesta al entonces diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, y a los demás imputados en el caso de presunto fraude en perjuicio del Estado.
La decisión se adoptó tras la presentación de una fianza considerada suficiente para la modificación de medidas, según dijo a medios de comunicación la defensa de Márquez.
El abogado defensor Dagoberto Aspra, hoy procurador de la República, detalló que su defendido podrá reintegrarse a sus funciones legislativas y retomar su campaña electoral con miras a su reelección.
Respecto a la situación procesal de Márquez, el exjefe de Uferco, Luis Javier Santos, explicó a Criterio.hn que el caso se encuentra en etapa de audiencia inicial y que aún no se ha resuelto si se le dictará auto de formal procesamiento.
“Se inició la audiencia inicial y dentro de la misma permitieron que se interpusieran recursos, entonces se suspendió y se fue con recurso. Pero no ha concluido; después de que se resuelvan los recursos, el juez tiene que tomar una decisión”, detalló a este medio digital el fiscal Santos.
En noviembre de 2025, a Márquez se le revocó el arresto domiciliario para participar en la campaña electoral en busca de la reelección como diputado por Intibucá, aspiración que finalmente no prosperó.
Pese a no lograr su retorno al Congreso Nacional, el exlegislador fue incorporado al Poder Ejecutivo en una institución clave para la gestión de emergencias, que en 2020 fue señalada por actos de corrupción vinculados a compras irregulares de insumos durante la pandemia de la COVID-19.
Otro elemento que ha despertado críticas es que el actual procurador general, Dagoberto Aspra, fungió como abogado defensor de Márquez en el proceso judicial, lo que para analistas plantea posibles conflictos éticos y cuestionamientos sobre la independencia institucional.
Mientras tanto, el proceso judicial sigue su curso y será el órgano jurisdiccional competente el que determine si existen méritos suficientes para dictar auto de formal procesamiento o sobreseer al ahora subsecretario de Copeco.
La decisión presidencial reabre el debate sobre los estándares de idoneidad y probidad en el nombramiento de altos funcionarios, en un contexto en el que la confianza ciudadana en las instituciones continúa siendo un tema sensible en la agenda pública hondureña.
