Tegucigalpa. Los registros de violencia en los departamentos del occidente de Honduras mantienen un incremento significativo desde la conformación de la denominada “ruta de occidente” atribuida a la estructura criminal de varios cárteles del narcotráfico.
Santa Bárbara, Lempira, Copán, Ocotepeque e Intibucá enfrentan olas de violencia que repercuten en los grupos más vulnerables, recientemente los casos de abusos y asesinatos de menores de edad reflejan los efectos adversos de esta zona del país que en las últimas décadas ha estado bajo el dominio del narcotráfico.
La ruta del occidente fue controlada por tres poderosos cárteles, el de los Valle Valle, Miguel Arnulfo Valle y sus hermanos, Luis Alfonso y José Reynerio; el cártel Doble AA conformado por Alexander y Hugo Ardón; en tanto, los que más poder y control, incluso político, llegaron a tener son los hermanos Hernández, Juan Orlando y Juan Antonio Hernández.
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Según cifras del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) de la Policía Nacional, desde inicio de año hasta mayo, en el departamento de Santa Bárbara se registran 87 homicidios, en Lempira 79, Intibucá 54, Copán 47 y Ocotepeque 17 lo que representa más del 24% de las muertes violentas en Honduras, pese a que esta región representa apenas el 17,4% del total de la población que se estima en 9 millones 5,180.
La zona por ser fronteriza con Guatemala se convirtió en territorio clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, siendo la familia de los Valle Valle quienes comenzaron a controlar la región bajo el cártel que crearon para mover la droga que aterriza en su mayoría en los departamentos de Gracias a Dios y Colón.
El poderoso cártel de los Valle Valle logró concatenar alianzas con estructuras más poderosas a nivel internacional como el cártel de Sinaloa que controlaba el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera alias “el Chapo” quien, según fiscales estadounidenses, financió campañas políticas de “JOH”, como popularmente se le conoce a Hernández.
De esta estructura criminal formó parte el cártel de los hermanos Hernández, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras por el Partido Nacional, extraditado a Estados Unidos donde enfrenta un juicio por narcotráfico y Juan Antonio “Tony” Hernández, exdiputado nacionalista, condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico.
La “ruta de occidente” tuvo a su disposición narcotraficantes que llegaron a ser electos autoridades municipales e incluso diputados permitiendo así instaurar una estructura criminal dentro del Estado que facilitó las actividades delictivas, en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez aseguró que el propio fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, fue impuesto por Hernández para proteger la narcoactividad.
Más allá del control y las acciones criminales de los cárteles, estos departamentos de Honduras que están cooptados por el narcotráfico enfrentan olas de violencia que repercuten en grupos vulnerables como menores de edad que sufren violencia arraigada y son víctimas que se mantienen en la impunidad.
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El caso más reciente fue el dantesco asesinato de un niño de 12 años y una niña de 14 años en la aldea La Laguna, municipio de El Paraíso, departamento de Copán, asesinados a balazos y con señales de haber sido violados.
Días después, versiones de lugareños refirieron que el supuesto autor del crimen fue asesinado por narcotraficantes.
El Paraíso, Copán fue controlado por Amílcar Alexander Ardón, del cártel de los doble AA, quien logró ser alcalde por varios periodos. En 2018 se entregó a la DEA siendo figura clave para la caída de quien fue su socio JOH.
Adicional al crimen de los menores de El Paraíso, Copán, en los últimos días se registró el caso en investigación de una niña de apenas 9 años, del barrio Las Delicias, Lepaera, Lempira, sus familiares cercanos aseguraron que su muerte se debió al ataque de un perro pitbull, sin embargo, la autopsia preliminar reveló que la niña tenía golpes en su cabeza, heridas en su cuello y señales de abuso sexual.
A criterio de Hugo Maldonado, del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), estos grupos criminales siguen “metiendo miedo, dolor y muerte, en diferentes partes del país” siendo el narcotráfico uno de los principales flagelos.
“El narcotráfico ha venido creciendo y se ha apoderado de departamentos que incluyen nuevos corredores y nuevos municipios donde hay luchas de territorio y se pone en peligro al resto de la sociedad que no tiene nada que ver con estos grupos de la droga”, señaló.
Agregó que han identificado nuevos municipios que están siendo dominados por narcotraficante sin que las políticas públicas de seguridad contrarresten la narcoactividad sumada que estos grupos criminales “manipulan” a los órganos de seguridad, aunque considera que existe la esperanza que “los cambios en la Secretaría de Seguridad van a dar fruto”.
“El flagelo del narcotráfico es un enemigo principal del país, más nivel de estos departamentos”, concluyó.
Por su parte, el ministro de defensa, José Manuel Zelaya Rosales, declaró a medios de comunicación que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) que creó Hernández, será asignada para combatir el narcotráfico.
“La PMOP debe estar al frente en la lucha contra el narcotráfico, estamos viendo cómo reorientar esas misiones que se les encomendaron en la administración anterior para que vaya contra ese flagelo que aqueja al pueblo hondureño”, manifestó.
Zelaya aclaró que la PMOP no será fenecida pese a la promesa de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro de desmilitarizar la sociedad.
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