Tegucigalpa.- El municipio de Tocoa, departamento de Colón, enfrenta un incremento en los hechos de violencia que generan alarma en las propias autoridades mientras el gobernador político, Adán Fúnez, apuesta por derogar desarme vigente desde 2012.
Recientemente, trascendió en medios locales que, debido al incremento de la violencia y la falta de respuesta por parte de las autoridades encargadas de la seguridad, se conformó un “escuadrón de la muerte” en Tocoa que advierte a la población evitar transitar barrios y colonias en altas horas de la noche de lo contrario su vida correrá riesgo.
Según cifras del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), Tocoa es noveno de los 298 municipios de Honduras con más homicidios durante el 2021 y representó el 34,68% de las muertes violentas del departamento de Colón en ese mismo año con 77 de 222.
Mediante Decreto Legislativo 117-2012 se aprobó durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, siendo presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un juicio en Estados Unidos por narcotráfico, la prohibición de portar armas de fuego a la población del departamento de Colón excepto policías y militares.
La medida que se mantiene vigente en la actualidad, siendo Colón el único de los 18 departamentos de Honduras donde se prohíbe el uso de armas de fuego, se adoptó con la supuesta finalidad de frenar las muertes violentas surgidas por el conflicto armado en el Bajo Aguán entre campesinos, guardias de seguridad y operadores de justicia.
Debido a la ola de violencia el cuestionado gobernador de Colón y alcalde del municipio de Tocoa, Adán Fúnez, promueve la derogación de la normativa y de esa manera permitirle a la población portar armas para protegerse debido a la incapacidad de los entes de seguridad del Estado.
“Todos en la cama o todos en el piso, no puede ser que 17 departamentos estén privilegiados con portación de armas. No soy una persona amante de las armas, pero no es posible que los delincuentes estén armados y la gente humilde y honrada no pueda andar un arma. Es mejor legalizar a las personas que necesitan andar armas para protegerse”, manifestó.
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Por su parte, el regidor de Tocoa, defensor del ambiente y miembro del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Juan López, en entrevista a Criterio.hn considera que derogar la prohibición de portar armas no resuelve la violencia, por el contrario, la promueve.
“Vivimos en una sociedad que se centra sobre una base de violencia, el hecho que esté este decreto no ha significado una reducción de la violencia. La solución no debe buscarse en un decreto, la solución depende de un abordaje integral, una estrategia de Estado para bajar los niveles de violencia y eso significa traer justicia donde no hay justicia”, manifestó.
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López indica que la violencia en Honduras responde a una estructura, sin embargo, reconoció que los hechos de violencia en Tocoa se incrementaron en los últimos días lo que genera intranquilidad en la población.
“Igual que muchos ciudadanos nos sentimos sorprendidos porque esto da la pauta para pensar en situaciones muy graves en temas de violencia que no se puede ocultar. En los últimos días ha habido una cantidad enorme de personas que han sido asesinados. Creo que se está abriendo un ambiente demasiado delicado para la paz y tranquilidad de las comunidades y eso responde a una situación estructural de violencia que vive el país”, resaltó.
Para el regidor y defensor del ambiente se debe atender la problemática en conjunto con organizaciones, comunidades de barrios, aldeas, caseríos, colonias y las mismas autoridades de seguridad ya que considera “la situación de violencia va más allá de las posibilidades de atención de la policía”.
El departamento de Colón es una región de la nación centroamericana donde prevalecen conflictos armados entre campesinos y terratenientes sumado a la narcoactividad que incrementa su auge, en especial, Tocoa donde recientemente las autoridades destruyeron una plantación de mariguana.
También, Tocoa se enfrenta a proyectos extractivistas que promueven la violencia y devastación del medio ambiente como el caso del proyecto minero Los Pinares en la comunidad de Guapinol que ha dejado defensores del ambiente criminalizados y asesinados.
