Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. La Clínica Jurídica de la Universidad de Virginia analizó el proceso judicial sobre los defensores de la comunidad de Guapinol del municipio de Tocoa, Colon, detectando a través de la elaboración de un informe múltiples violaciones que el sistema judicial hondureño ha cometido contra los convenios internacionales suscritos por el Estado de Honduras, poniendo en precario los derechos de los ambientalistas.
Mediante un foro virtual, organizado por el Bufete Justicia para los Pueblos, la Clínica Jurídica de la Universidad de Virginia, identificó que precisamente el actuar vacilante de la justicia hondureña se ha alejado completamente de los estándares internacionales.
El director de la Clínica Jurídica de la Universidad de Virginia, Nelson Camilo Sánchez, explicó que el sistema judicial en Honduras incumplió al detener a los defensores de Guapinol sin una debida notificación sobre los cargos en su contra como lo establece los convenios internacionales.
Asimismo, los juzgados que llevan el caso han dilatado las respuestas que el equipo de abogados de los defensores ha presentado con el fin de que los acusados se defienden en libertad.
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Sánchez señaló al aparato judicial hondureño por procesar un caso de líderes que implica líderes ambientales, a través de juzgados, cuyo ámbito de competencia es llevar casos sobre criminalidad organizada, esta determinación “vulnera las garantías de las personas”, indicó el experto.
De su parte, el abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Carlos Jiménez, también integrante del equipo legal de Guapinol, anotó además las irregularidades que rodean al caso guapinol.
Esencialmente “ha sido un conflicto generado por el Estado a través de una red de corrupción que se encargó de modificar dictámenes emitidos por las unidades técnicas de ICF”. Incluso, en “El Congreso Nacional se modificó un decreto del parque para permitir a la empresa explotar esta área protegida”, añadió.
Por otro lado, “en este momento existen más de 10 denuncias que se han presentado desde el Comité que no han sido atendidas hasta este momento por el Ministerio Público”.
Y en definitiva “vemos es una línea que sigue el Estado para desmovilizar a las comunidades que se oponen en a este proyecto; en un caso que desde el principio este caso está lleno de violaciones a las garantías judiciales”, agregó Jiménez.
En este contexto, la Clínica Jurídica de la Universidad de Virginia recomendó en su informe al Estado de Honduras: “ordenar la liberación de las personas que hoy en día están llevando su proceso judicial con privación de la libertad”. “Avanzar sobre los procesos sin dilación y con estricto apego al Estado de derecho”.
Asimismo, conducir “los procesos de manera transparente y con apego a las normas de los derechos humanos. Y abstenerse de utilizar jueces de jurisdicción nacional para llevar casos de personas que defienden los derechos humanos”.
