Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
En Honduras, la estructura agraria es una de las manifestaciones más dramáticas de desigualdad y exclusión social, y en este escenario la situación de las mujeres rurales es todavía más desventajosa.
Así lo señala el Estudio sobre Mujeres y Tierra en Honduras, elaborado en el marco del Programa de Desarrollo Rural Sembrando Igualdad de la organización cooperativa de desarrollo We Effect América Latina que fue publicado en noviembre de 2020.
Aunque la tenencia de la tierra es uno de los componentes claves para la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres rurales y pertenecientes a los pueblos originarios, debido a factores jurídicos, sociales y culturales estas tienen bloqueado su derecho de ser propietarias de una parcela que les permita producir y vivir.
El incremento de la posesión de la tierra a favor de las mujeres rurales representa además protección ante la ruptura de relaciones matrimoniales y la viudez, señala la investigación.
En Honduras, los dos tipos de propiedades son la tenencia y propiedad comunal de la tierra por parte de los pueblos indígenas y afrodescendientes; y el tradicional latifundio y minifundio que aún con dos procesos de reforma agraria, principal herramienta en la redistribución de la tierra, “no ha experimentado mayores modificaciones”.
Noticia relacionada Estudios revelan que mujeres indígenas no tienen asegurado su derecho a la tierra
En los dos proceso de reforma agraria realizados entre 1962 y 1979 se estima que fueron adjudicadas más de 400 mil hectáreas que corresponden al 12% con vocación rústica y 13% de las familias, pero “las mujeres estuvieron prácticamente ausentes o fueron invisibilizadas”, indica el estudio.
“Desafortunadamente se carece de información sobre qué ha ocurrido con la privatización de las tierras comunales y, en especial, cuál ha sido la suerte de las mujeres indígenas y afro descendientes”, apunta el documento.
En las últimas décadas, dice el estudio, estos territorios han sido escenario de intensos conflictos por la posesión de la tierra, llegando al asesinato y la criminalización contra sus liderazgos, sobre todo de los pueblos lencas, tolupanes, garífunas, Chortí y Pech.
Por otro lado, el estudio califica de “alarmantes” los niveles de concentración de la tenencia de la tierra caracterizada por el latifundio y minifundio, los que se han ahondado en el último decenio, como se puede apreciar en los rubros de palma africana y caña de azúcar, que han sido priorizados en las políticas públicas agrarias.
“En torno a estos dos cultivos se han desarrollado los mayores conflictos agrarios en el país, tanto en la zona del Bajo Aguán y en el Valle de Sula, con un grave saldo en la infracción de los derechos humanos”, menciona el informe de We Effect América Latina.
El estudio se refiere también a las “nuevas amenazas” que han surgido y que provocan un mayor acaparamiento de la tierra rural por grandes empresas mineras, hidroeléctricas, infraestructura vial y mega hotelería con capital nacional y transnacional, alentadas por políticas públicas de concesión de los bienes comunes de la naturaleza.
Se registran en la actualidad 854 concesiones mineras metálicas y no metálicas, de las que 13, tres metálicas y diez no metálicas, se encuentran en operación. Las empresas son de diversas nacionalidades, pero especialmente canadienses.
Las concesiones otorgadas en el subsector eléctrico suman 307, de las cuales 112 se están facturando y operando: 25 térmicas, 48 hidroeléctricas, 15 de biomasa, 6 eólicas, 17 fotovoltaicas, y, 1 geotérmica. La mayor parte de las empresas son de capital hondureño, pero también de Italia, China y Estados Unidos.
En lo concerniente a cómo se reparte la tierra entre hombres y mujeres no hay mucha información, pero los hallazgos del estudio dan una idea de la situación que viven las mujeres rurales.
Para el caso, entre 2001 y 2017 se registraron 18,749 beneficiarios directos de la titulación de tierras en el sector reformado, de los que el 77.13% eran hombres y el 22.87% mujeres.
El estudio señala también “que el esfuerzo de titulación de tierra ha sido limitado, en 16 años apenas se han titulado anualmente 5,020 Ha”.
Otro dato tiene que ver con el tamaño de la parcela de tierra por hombres y mujeres en el sector independiente.
También lea Exigen protección de derechos y acceso a la tierra de mujeres indígenas lencas
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Dirección de titulación de tierras, mencionados en el estudio, entre 1983 y 2017 se entregaron un total de 223,667 títulos a hombres y 95,017 a mujeres. Para ellos el tamaño promedio de la parcela fue de seis hectáreas y para ellas, de 4 hectáreas, lo que “confirma la tendencia general de América Latina en la desigualdad en la cantidad de tierra que poseen hombres y mujeres”.
Pero aún este dato anterior, según el estudio, es engañoso “cuando se constata que del número total de títulos los hombres se beneficiaron con el 70% y las mujeres con apenas el 30%”.
En relación a la distribución de la superficie agrícola, “los hombres concentraron el 79% y las mujeres solo el 21%”, un contraste “abrumador, si consideramos que las mujeres representan el 50% del total de la población rural”.
