Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. La imposición del gobierno de mantener en secretividad ciertos numerales del acuerdo de suministro para la obtención de vacunas Sputnik-V con la empresa de responsabilidad limitada «Human Vaccine» continúa generando desconfianza entre la ciudadanía.
Ante los señalamientos de la población y sociedad civil, el titular de la Secretaría de Finanzas, Marco Midence, pidió molesto un alto a la especulación y la politización. Asegurando que las vacunas están siendo adquiridas «con toda la transparencia, porque Honduras es un país de leyes». Además, agregó que puede «dar fe que al menos la Secretaría de Finanzas está cumpliendo los procesos».
La presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, afirmó que cuando no se tiene información suficiente, veraz y transparente, los ciudadanos tienen derecho a especular y más con los antecedentes de corrupción que tiene el gobierno, «donde perdió la credibilidad a nivel internacional y hasta las compañías temen venderle al propio gobierno la vacuna».
Subrayó que lo único que puede ser confidencial es la fórmula de la vacuna, pero lo demás debe estar a la vista. «Nosotros sabemos cuánto cuesta la vacuna comprada directamente al productor porque nosotros nos comunicamos directamente con el Fondo Ruso de Inversión que es al único que vende a los gobiernos, por tanto yo diría que esta es una situación que deben aclararlo», manifestó la galeno.
Nota relacionada: Hondureños denuncian opacidad en compra de vacunas y advierten sobre un posible fraude
De acuerdo al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el gobierno específicamente mantiene en secretividad parte de la información concerniente a la cláusula numeral 4, relacionada a la propiedad intelectual; y completamente la cláusula 11, relacionada a las reglas para enviar mensajes y documentos, así como los datos bancarios del vendedor y comprador.
Descargar aquí la resolución del IAIP
Es en lo relativo al numeral 11, una página completa en blanco, donde los miembros de la sociedad civil exigen se haga pública la información contenida para asegurarse que la transacción se está realizando con el Fondo Ruso de Inversión Directa y no con un intermediario. Especialmente después de que el pasado 17 de abril, en la documentación publicada en el diario oficial La Gaceta, al nombre de la empresa vendedora se le agregó una «S» y terminó llamándose «Humans Vaccine» y no «Human Vaccine» como se muestra en el acuerdo de suministro.
Lea también: Gobierno de Honduras recurre a endeudamiento con el BM para comprar vacunas contra la Covid-19
Sobre la controversia relacionada al precio de la vacuna, la presidenta del CMH pormenorizo que cuando realizaron los acercamientos con el Fondo Ruso de Inversión Directa, esta institución estaba ofreciendo la dosis a US $9 (US $18 ambas dosis), comprada directamente del fabricante. El acuerdo de suministro firmado entre la Secretaría de Salud y la empresa «Human Vaccine» especificó el precio en US $9.95 (US $19.90 las dos dosis). Casi un dólar de diferencia en un pedido de más de 4 millones de dosis.
Figueroa admitió que es posible que los precios puedan haberse incrementado «a medida que las capacidades de producción se han tenido que aumentar y probablemente para ellos tenga un costo mayor». Pero precisamente por eso deben mostrar la información completa relacionada al comprador para que la población pueda asegurarse que están comprando directamente y no por medio de un intermediario, apuntó.
«El gobierno debería actuar para el beneficio común y no como lo está haciendo en este momento para mantenerse en el poder, para mejorar o tratar de agenciarse fondos que todos sabemos al final para que se utilizan. Si usted no quiere verse mal, haga las cosas bien, haga las cosas correctas y se le va a reconocer y el pueblo lo va a reconocer», concluyó la doctora.
El fraude por la compra de los hospitales móviles, que según estimaciones del Consejo Nacional Anticorrupción asciende a más de 800 millones de Lempiras, ha dejado a la ciudadanía especialmente suspicaz a la retórica gubernamental, especialmente cuando afirmaron por meses que estos eran hospitales de última generación, atacaron a quienes denunciaron el saqueo y finalmente de los siete, sólo uno presta servicios de atención médica no Covid-19.
