Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- La situación que viven los pobladores de la aldea de Azacualpa, en la Unión Copán es crítica y compleja por las secuelas que dejan las operaciones extractivas de la empresa minera, Minerales de Occidente (MINOSA). Vecinos dicen que aparte de la destrucción ambiental, en esa comunidad se registran violaciones a los derechos humanos y hasta la criminalización y difamación de los líderes que luchan por sus tierras.
En la continuación del Foro Centroamérica Vulnerable por la Vida, transmitido en las redes sociales de la Asociación Noroccidental de Organizaciones no Gubernamentales, Héctor Trigueros y Felipe Benítez, residentes en esa comunidad, denunciaron, que MINOSA, no solo controla a al patronato de esa comunidad, sino también a la policía y las autoridades del Ministerio Público que le permiten operar a su antojo.
Trigueros por su parte, dijo que desde el año 2000 la comunidad se ha mantenido en conflicto permanente con esa compañía minera que derriba los cerros y profana a los difuntos sepultados en el cementerio local. “Ellos hacen explosiones de dinamita para 12 días y mueven la tierra de la comunidad”, expresó Trigueros, lamentando que todo eso lo realicen con el aval de las autoridades.
Sostuvo, que pese al toque de queda y a la emergencia decretada por el gobierno, Minosa solo dejó de operar 15 días aprovechando la pandemia al máximo. No obstante, sostuvo que los pobladores sí fueron reprimidos por la policía cuando trataron de manifestarse.
Trigueros aseguró, que la empresa minera ha dividido a la población y que a la gente que permanece en resistencia la difama y en los medios de comunicación tildándola de criminales y terroristas. Para él, Minosa controla todo, la salud, la educación y la fiscalía que actúa en contra de ellos, pero que no les da respuesta a las denuncias por violaciones a los derechos humanos que han presentado contra la compañía.
“Luchamos contra la empresa, luchamos contra el gobierno y luchamos hasta con nuestra misma gente, porque el patronato lo controla la empresa y ellos dicen quién va a ser el presidente”, afirmó. Trigueros.
Asimismo, dijo que los opositores de la empresa no pueden aspirar a un puesto en el patronato de la comunidad porque los difaman y difícilmente van a votar por ellos, una situación que determina como dolorosa, porque a veces hasta los mismos vecinos están en contra.
Por su parte, Felipe Benítez, considera que Minosa es un problema para la comunidad, por la destrucción ambiental y los daños en la salud que ocasiona. “la gente está consumiendo metales pesados y tiene padecimientos de problemas en los pulmones y del sistema nervioso”, detalló, Lamentó, que esa comunidad se sitúa en una zona boscosa productora de agua, que la están destruyendo.
Minosa es una concesionaria de la transnacional canadiense Aurora Minerals, que desde 1998 explota una concesión otorgada por el gobierno hondureño despojando de sus tierras, viviendas y monumentos históricos a los vecinos de diversas comunidades que han sido trasladadas de un lugar a otro. En sus operaciones ha destruido iglesias, escuelas y hoy le apunta a exhumar los cadáveres del cementerio general de Azacualpa.
Para el sociólogo, Darío Castro, las operaciones de Minosa forman parte del fenómeno del despojo que nació en el siglo XVI cuando Honduras se incorporó al mercado de materias primas, que desgraciadamente se radicó con las empresas transnacionales que doblegan gobiernos corruptos y los hacen actuar de acuerdo a sus intereses.
Castro dijo, que en 1990 el gobierno de Rafael Callejas reconoció el modelo neoliberal extractivista, explotador y privatizador, que después de treinta años mantiene a los hondureños con los índices más bajos en desarrollo humano de América Latina, porque “el estadio funciona para las transnacionales y aprueba leyes para estas empresas, como las zonas de desarrollo en los territorios garífunas”.
