Esta nota de verificación se basa única y exclusivamente en los hechos del ministro de MiAmbiente, Lucky Medina, con respecto a la promesa de destruir la carretera en La Moskitia y no en evidenciar si esta es financiada con dineros procedentes de la narcoactividad.
Por: Asael Barahona
Portada: Guillermo Burgos
Edición de videos: Henry Alvarado
Tegucigalpa. –De anunciar la destrucción total de la polémica carretera que conecta a los departamentos de Olancho con Gracias a Dios, el titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), Lucky Medina, pasó a firmar acuerdos, bajo directrices del esposo de la presidenta, que promueven su continuidad, incluso con apoyo del Estado.
El pasado 21 de marzo, en el marco del Día Internacional del Ambiente, Medina anunció que el gobierno de Honduras comenzaría a destruir la denominada “narcocarretera”, que ha devastado la biosfera del Río Plátano, con una extensión de 110 kilómetros y que une a los municipios de Dulce Nombre de Culmí, en el vasto departamento de Olancho con la comunidad de Krausirpi, municipio de Wampusirpi, departamento de Gracias a Dios, en la Mosquitia hondureña.
La frase: “La carretera pasará a un proceso de cierre de inmediato y el Estado intervendrá efectivamente para que la población no esté obligada a buscar atención de salud o educación. El Estado se compromete a atender a los hermanos tawakas en la zona y la carretera será comenzada a destruir”, Lucky Medina.
Sin embargo, un mes después, el pasado domingo 25 de abril, el asesor presidencial, expresidente de Honduras en el periodo 2006-2009, coordinador del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y esposo de la presidenta de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, en reunión con ganaderos de Olancho, pactó no destruir la carretera, por el contrario, se comprometió en apoyar la obra.
“No se va a destruir la carretera, ustedes van a poder circular, más bien, les vamos a ayudar para que se haga la carretera. Nosotros, igual que ustedes olanchanos, sabemos lo que pasan por esa selva y sabemos el costo que significa para el ambiente la destrucción en busca de desarrollar su ganadería”, expresó el asesor, resaltando el poder por encima de la política de Estado que había prometido un ministro.
La justificación de Zelaya fue que “lo que está destruido es poco que se pueda recuperar”, dando paso a la firma de un acuerdo entre el gobierno y ganaderos sin consultar y tomar en cuenta a los pueblos originarios como los tawakas, misquitos, pech y garífunas.
La reserva de la Biósfera del Río Plátano, ubicada entre los departamentos de Colón, Olancho y Gracias a Dios, fue declarada patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 1982. Cuenta con 9,871 kilómetros cuadrados y es considerada el segundo pulmón de América, superado únicamente por el Amazonas en Brasil.
En junio de 2021, la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), adscrita al Ministerio Público inició las investigaciones por la construcción de la carretera sin tener permisos ambientales, estudios de daño ambiental, permisos municipales y los requisitos que establece la normativa hondureña.
Las investigaciones se centran contra los responsables de abrir de manera ilegal esta vía de comunicación que muchos la denominan “narcocarretera”, porque supuestamente es financiada por narcotraficantes, siendo esa región un importante punto geográfico utilizado históricamente para el tráfico de drogas, tala ilegal de madera y ganadería extensiva.
Cifras recientes de MiAmbiente exponen que, solo en 2021, se talaron de forma ilegal 226,000 hectáreas de bosque y el 45% está ubicada en áreas protegidas, 100,000 de estas hectáreas en la biósfera del Río Plátano.
En su plan de gobierno, en la figura “Protección del medio ambiente y desarrollo agroforestal”, la presidenta Xiomara Castro se comprometió en la protección del medio ambiente, la recuperación de las zonas hídricas, la creación de un plan de adaptación y mitigación al cambio climático, el establecimiento de una veda forestal, entre otras medidas.
El 21 de marzo, el gobierno declaró “emergencia ambiental” con la finalidad de emprender acciones para enfrentar la devastación del medio ambiente siendo la primera detener la deforestación, trazar la frontera agrícola y ganadera, reducir los incendios forestales en la zona y dragar los ríos, sin embargo, fue un espejismo con la firma de un acuerdo con ganaderos olanchanos.
ACUERDO CON GANADEROS PARA LA CONSTINUIDAD DE LA CARRETERA
Pese a que Lucky Medina aseguró que la carretera sería destruida, el mismo día que Zelaya Rosales anunció que el gobierno apoyaría la continuidad, se firmó un acuerdo solo con ganaderos sin someter a consulta con comunidades originarias de la zona.
El convenio nombrado como “Carta Acuerdo por la restauración de cuencas del río Coco, Patuca y Wampú, la Refundación comienza con nuestra forma de producir”, especifica que representantes ganaderos de la zona, sobre todo de Olancho, se comprometieron a denunciar los casos de deforestación e incendios en la zona, detener a quienes cometan delitos ambientales, no expandir la frontera ganadera, recibir tecnología de las instituciones de gobierno para una ganadería sostenible y recuperar áreas deforestadas.
En tanto el gobierno se comprometió a iniciar los procesos de levantamiento catastral e identificación de propiedades para posteriormente otorgar beneficios para ganaderos, protección de áreas protegidas, impulsar fincas modelos para temas de producción alimentaria, establecer programas sociales, permitir la comunicación terrestre en dicha región.
“Por ahora las carreteras que existan serán utilizadas para construcción de escuelas, centros de salud, para llevar programas de tecnología ganadera y para establecer el programa de reforestación… el compromiso del sector ganadero es utilizar estas carreteras únicamente para actividades laborales”, arguyó Medina.
El gobierno ordenó el despliegue de 2,000 efectivos militares del Comando de Protección del Bosque C-9 de las Fuerzas Armadas y prometió que tendrá un monitoreo de no avance de la actividad ganadera y de la devastación ambiental, además que “todos los lunes estarían monitoreando”.
A juicio de Víctor Fernández, del Bufete Estudios para la Dignidad y coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), es preocupante que el gobierno, en especial, el ministro de MiAmbiente, primero anuncie determinaciones en favor de la ciudadanía y el medio ambiente, pero posteriormente sus determinaciones sean contradictorias.
“No quisiéramos asumir y aceptar que esta va a ser una práctica recurrente del nuevo gobierno de anunciar cosas en las que todos estamos de acuerdo, pero cuando tiene que enfrentar las consecuencias que tiene esa decisión va a retroceder porque esto es un pésimo precedente”, reprochó.
Fernández cuestiona que el gobierno implemente una medida sin tener en cuenta el impacto ambiental como se vaticina con la continuidad de la carretera ilegal en La Moskitia al poner por encima del bien nacional intereses de cúpulas económicas para este caso en específico, los ganaderos.
“En los casos cuando se tiene que defender los derechos del país como el ambiente o a la autodeterminación de los pueblos ¿Vamos a ceder? Estamos dejando pésimos presentes y estaría siendo incoherente el nuevo gobierno entre todo ese discurso, en el que todos estamos de acuerdo, y su práctica que sucumbe a los mismos intereses”.
LAS POSTURAS A FAVOR Y EN CONTRA
El presidente de la Federación Indígena Tawahka de Honduras (FITH), Renato Barrios, considera que la carretera es una solución factible al problema histórico “de abandono y olvido” que enfrentan los habitantes de La Mosquitia.
Según datos recabados por el equipo de Criterio.hn, viajar por avioneta de Gracias a Dios hasta la capital de Honduras y viceversa ronda los USD 400 lo que representa 9,800 lempiras mientras que, en lancha, por pasajero, son alrededor de diez dólares.
Gustavo Cárdenas, de la organización Consejo Territorial Bakinasta, aseveró que la vía fue financiada por los miembros de las comunidades a un costo de 28 millones de lempiras y arguye que “es una autodeterminación de los pueblos indígenas por la necesidad de una carretera”.
El abogado Mario Vallejo, representante legal de los Concejos Territoriales “Rayaka, Diunat, Batiasta, Bamiasta, Bakinasta del pueblo Miskito agrupados en la organización MASTA, y la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), señaló que este proyecto debió ser sometido a un estudio de impacto ambiental y los planes de manejo para áreas protegidas contemplados en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
Asimismo, advirtió que al no contar con una licencia ambiental ni documentación legal que faculte la construcción de la obra se incurre en responsabilidad penal, civil y administrativa no solo por parte de los promotores, sino también por las autoridades del gobierno que ahora promueven su continuidad.
Cabe indicar que el Código Penal en el Capítulo de Delitos Contra el Medio Ambiente, artículo 325, establece una pena de tres a seis años de prisión por la explotación ilegal de los recursos naturales.
“Nos manifestamos en contra de la existencia y ampliación de esta calle ilegal, la cual entra, sin ningún permiso previo, en las Reservas de la Biósfera de Tawahka y de Río Plátano, rompiendo con todas las leyes y normativas del Estado de Honduras al respecto. Esta calle no puede ser avalada mediante acuerdos políticos que pasen sobre las leyes y normas nacionales ni sobre los acuerdos internacionales que Honduras ha suscrito”, reprocharon mediante un pronunciamiento los Consejos Territoriales de la Reserva de la Biósfera del Río Plátano y Reserva de la Biósfera de Tawahka.
Por su parte, el presidente de la CONPAH, Donaldo Allen, catalogó como una burla las declaraciones y acciones del ministro de MiAmbiente y reiteró que la construcción de la carretera aparte de ser ilegal devastará La Mosquitia.
“Está a la vista de cualquier persona que la carretera es ilegal, pensamos que este gobierno estaba tomando en serio el derecho de los pueblos y había reconocido que esa carretera era ilegal y que se iba a detener, lamento que en horas o semanas declaren legal, es una burla para nosotros”, reprochó.
Allen aseveró que no se conoce “quién está haciendo esa carretera” por lo que exigió a las autoridades investigar los intereses y los responsables del daño ambiental.
“En la ruta de esa carretera no hay miskitos porque ahí solo puede llegar en vehículos de alta calidad. El miskito no tiene carros para estar moviéndose a cada rato, las autoridades deben investigar”, añadió.
A criterio del líder comunitario, el gobierno debió contemplar la construcción de hospitales y escuelas y no promover la destrucción de la biósfera.
“El gobierno tiene la posibilidad de construir un hospital de primera en Puerto Lempira y en Wampusirpi porque eso va a apalear el problema de salud. Si hay buenos hospitales, no hay necesidad de venir corriendo a Tegucigalpa”, concluyó.
Cabe señalar que el equipo de Criterio.hn intentó en varias oportunidades contactar a diversos ambientalistas que figuraron en el tema de la lucha contra la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y otros temas ambientales, sin embargo, en este tema ninguno quiso brindar entrevistas debido a las implicaciones que representa la “narcocarretera”.
También, es importante indicar que el equipo de Criterio.hn ha intentado, por diversos medios, entrevistar a al secretario de MiAmbiente,Lucky Medina, sin embargo, no ha sido posible. Ni la relacionada pública de la institución, Sara Velásquez, quien nos prometió consignar una entrevista con el funcionario, responde a las constantes solicitudes, contrario con los medios de comunicación corporativos a quienes sí les dan acceso a entrevistas “exclusivas”.
En conclusión, la promesa del ministro de MiAmbiente en destruir la carretera entre Gracias a Dios y Olancho es falsa y esta valoración se confirma con su firma estampada en un acuerdo solo con ganaderos, sin convocar a consultas a las comunidades, asentando aún más la devastación ambiental en el segundo pulmón de América.
4 respuestas
Nuestra investigación y personas entrevistadas que prefieren el anonimato, nos ponen de manifiesto lo siguiente:
1) La carretera o camino rural, que esperan que comunique Catacamas con Kraosirpi y de alli a la aldea de Pimienta (ambos pueblos en Gracias a Dios, uno casi en extincion de su poblacion nativa Tawahka) y el otro en la otra orilla mas abajo -miskito-, unida por un puente (millones de dinero), muestra los intereses de los comerciantes que para ellos (el 100% Olanchanos), supone aumentar su riqueza con el esfuerzo de la venta de comestibles y otros productos, manteniendo a la poblacion nativa en la misma pobreza de siempre. Ahi estan los verdaderos intereses de tener una carretera. (Por supuesto la familia Mel Zelaya son Olanchanos).
2) Por tanto no representa ni tiene el interés (supuestamente mostrado) por la población, un comerciante trabaja de espaldas a la población, su interés es vender y ganar dinero).
3) Enfermos por este camino!. Es mas fácil llegar a Ahuas (Un hospital privado) o Lempira (Hospital publico) que no a Catacamas cuando se esta enfermo, a no ser que amerite una referencia a Hospitales mayores y mas especializados
4) En aplicación de las leyes firmadas por Honduras en materia indígena, lo que hay que hacer es invertir en servicios médicos, educación en lenguas nativas y comunicaciones inter-departamentales, lo cual no se ha hecho.
En dos palabras: Ustedes saben lo que pasara por esta carretera (Mel)
Nosotros suponemos que:
GANADERIA para deforestar las selvas de la Moskitia
COCAINA para hacer grandes negocios ilegales
MADERAS DE COLOR para beneficio de los traficantes de maderas ilegales y deforestadores
poco mas señores.
La carretera no solucionara nada a la población, solo reducirla a servidumbre de terratenientes, ganaderos y narcos.
Excelente análisis. Felicitaciones al equipo de criterio.hn por tan buen trabajo.
El ministro de Recursos Naturales es una marioneta de Mel. Es muy joven, sin experiencia y con ánimo de aparecer. No va a durar en ese cargo. Además, en la Miskitia las personas no tienen dinero ni vehículos para financiar una narcocarretera.
También, según el informe no se conoce quién o quiénes han pagado su construcción de manera ilegal y destruido el ambiente. Y según parece, hasta ahí llegó el asunto.
¿Ministro de Mel que harás?