El apoyo que se le brinde a la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción (Uferco), juega un papel importante en la reestructuración de la cuestionada gestión actual del Ministerio Público (MP)
Tegucigalpa, Honduras.- Un verdadero cambio en el Ministerio Público conlleva una reestructuración del personal, -no rotaciones de cargos como ya se hizo-, fortalecimiento presupuestario, apoyo a fiscales anticorrupción y a la Uferco, opinaron analistas consultados por Criterio.hn
Los cuestionamientos en torno a la elección de Johel Zelaya como fiscal general Interino del Ministerio Público (MP), han estado presentes desde el proceso de selección hasta la actualidad, ante ello, conocedores en la materia analizaron las acciones que debe empezar a realiza en el MP para empezar a legitimar su cargo.
Inicialmente surgió la polémica en torno a la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, por ser elegidos por nueve diputados del oficialismo que conformaron la junta permanente en el Congreso Nacional, sin embargo, después se empezó a ver aires de confianza por parte de la población hondureña.
Lo anterior debido a que días después del nombramiento de las nuevas autoridades, el Ministerio Público emitió un comunicado adjudicado al fiscal general interino Joel Zelaya, en el que anunció la suspensión de las autoridades de la Agencia Técnica Contra la Investigación Criminal (ATIC), y la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP).
Bajo el argumento que los funcionarios realizaron un mal proceder porque obstaculizaron el proceso de investigación y posterior captura, de los responsables del millonario fraude de los hospitales móviles durante la pandemia de la Covid-19.
Sin embargo, la dudas sobre la lucha contra la corrupción por parte de las nuevas autoridades del MP, surgió luego que se conociera que los fiscales removidos de sus cargo pasarían a integrar la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (UFERCO) siendo nombrado el exdirector de la ATIC, Ricardo Castro como sujefe de la unidad élite de investigación.
Sobre el tema, el abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos Joaquín Mejía cuestionó si el nombramiento de este último se hizo siguiendo el debido proceso conforme al acuerdo N FGR-001-2020, que exige que para ocupar el cargo se debió haber aprobado satisfactoriamente los procesos de certificación y de confianza que manda la ley y la reglamentación especial del Ministerio Público.
Del mismo modo, otras de las acciones cuestionadas fue la reunión que sostuvo Zelaya con la Comisión Especial del Congreso Nacional para investigar a los exfiscales del Ministerio Público.
Los diputados llegaron al ente a presentarle una serie de casos de corrupción suscitados en el gobierno del ex presidente Juan Orlando Hernández.
A criterio de analistas consultados por este medio de comunicación dicho encuentro se puede catalogar como una medida de presión para que la oposición acepte negociar la permanencia de los actuales fiscales interinos.
Del mismo modo, no se ve con buenos ojos que el fiscal se reúna con diputados, de la misma línea partidaria, ya que más tarde también pueden ser objeto de investigación.
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ESPECIAL ATENCIÓN EN UFERCO
Sobre el panorama antes expuesto, el abogado y catedrático Alex Navas dijo que a su juicio es un mal mensaje el movimiento de trasladar los ex fiscales de la ATIC a la UFERCO porque indica que se quiere tener mayor control sobre esta unidad.
La Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción (Uferco) juega un papel clave -analizó Navas- debido a que fue la unidad que certificó y apoyó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Impunidad de Honduras (MACCH) en 2018, durante estuvo en el país,
Por ello la importancia que tenga independencia y autonomía sobre todo por qué es la encargada de llevar casos de alto impacto en temas de corrupción.
“Se espera que no se tengan discursos encontrados en el Ministerio Público, y que esto sea un proceso de transición y que no sea una acción intencionada de debilitar algunos organismos dentro del Ministerio Público como la Uferco”, opinó el profesional del derecho en entrevista con Criterio.hn
En esta misma línea de pensamiento, el analista político Aníbal Cálix, mencionó que, en efecto, el Ministerio Público necesita una reestructuración interna, pero esta se debe aplicar en todo el sistema de justicia, que requiere la aplicación de mejoras en casi todos los ámbitos.
Mencionó en el caso particular de la Uferco que ha estado en abandono, muestra de ello, es que no cuenta con suficiente presupuesto, lo cual denota la poca voluntad y deseo de brindar mejoras a la unidad.
“Los gobiernos a través del financiamiento y en el quitar y colocar, influye mucho en el funcionamiento de cada una de ellas”, expresó Calix al ser entrevistado por Criterio.hn
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REDES DE CORRUPCIÓN DENTRO DE INSTITUCIONES ENCARGADAS DE BRINDAR JUSTICIA
En tanto, la abogada especialista en temas anticorrupción, Camila Ugaz, analizó en entrevista con Criterio.hn que la corrupción imperante en las instituciones encargadas de brindar justicia es un fenómeno muy común en los países de América Latinoamérica.
“Muchas veces por más que se cambien las autoridades, quienes siguen moviendo los hilos siguen ahí y esa es precisamente la urgencia de tener herramientas para poder desbaratar las organizaciones criminales que están en instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial”, apuntó la profesional del derecho.
Mencionó la importancia de brindarle apoyo a Fiscales anticorrupción para que puedan actuar de forma autónoma y de esta manera acabar con los “peces gordos”, que acaparan dichas instituciones.
Sobre el tema de reestructuración interna de los entes encargados de impartir justicia, el director del Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz Burdett, sugirió la implementación de un Plan Nacional de Justicia.
El mismo debe incluir asignación presupuestaria fuerte, de la mano de una reestructuración interna ya que a su juicio “las instituciones no cambian con nuevas personas, sino con verdadera planificación y asignación presupuestaria”.
CUESTIONAMIENTOS EN ELECCIÓN DE ZELAYA
Y es que desde antes de ser electo el actual fiscal general interino, estaba envuelto en una serie de cuestionamientos. Uno de los primeros debates surgió luego que se conoció que Zelaya irrumpió el artículo 42 numeral 13 del Reglamento de la Junta Proponente que prohíbe a los candidatos “tener o haber tenido una afiliación política activa en los últimos tres años”.
Esta irrupción de Zelaya se conoció poco tiempo después de finalizar las audiencias públicas que indicaban que Zelaya participó como precandidato a la Alcaldía de Reitoca, departamento de Francisco Morazán; no ganó, pero fue electo como cuarto regidor en las elecciones generales pasadas.
En su momento los integrantes de la Junta Proponente informaron que analizarían el caso; sin embargo, más tarde concluyeron que no era problema incluirlo en la lista final.
Asimismo, se cuestionó que Zelaya fue el candidato de la nómina de los cinco finalistas que obtuvo la segunda calificación más baja, ya que el promedio final fue de 80,9% solo por debajo de Pablo Emilio Reyes Theodore que obtuvo 75.26%
Lo anterior no debe influir grandemente, opinó Joaquín Mejía, debido a que si se eligiera el cargo con base a la mejor calificación se debería eliminar el proceso de llevar las lista a diputados del Congreso Nacional para que brinde el veredicto final.
