Tegucigalpa, Honduras.- La Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA) a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), gracias al estado de excepción vigente desde el 6 de diciembre de 2022, tienen plenas facultades para realizar allanamientos de viviendas y arrestos sin la necesidad de tener una orden judicial previa.
La Policía Militar del Orden Público goza de esas facultades para realizar allanamientos y arrestos por dos motivos. El primero es gracias al poder que el gobierno de turno les otorgó, al permitirles encabezar operativos y, el segundo, en consecuencia, es porque con el estado de excepción se levantan las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99.
Es decir, los militares, sólo con el simple hecho de tener la mínima sospecha contra un ciudadano, lo pueden arrestar y, lo mismo pasa con los allanamientos de vivienda. Estas acciones se ejecutan bajo el argumento de tener investigaciones que demuestran la culpabilidad de los aprehendidos.
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Kenneth Madrid, coordinador de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), sostiene que realizar las capturas y allanamientos sin una previa investigación o autorización de juez, son en el marco del abuso de autoridad.
“Ellos (militares) pueden allanar una vivienda únicamente si hay algún indicio de que se está cometiendo un delito o sí van tras un delincuente, obviamente que están autorizados, pero hacerlo por un presentimiento no es la manera correcta de actuar”, mencionó Madrid.
“Aunque, por el estado de excepción no hay problema que allanen una vivienda, o hagan una captura sin plena investigación, sólo por un presentimiento, es incorrecto, no es legal y así lo hemos sostenido porque no hay justificación alguna”, añadió.
Lo anterior es gracias a que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en su plan de estrategia contra la criminalidad, facultó y otorgó poder a la Policía Militar del Orden Público para realizar acciones operativas en varias partes del país, por ejemplo, intervenir siete departamentos con el fin de disminuir la violencia.
La intervención se materializó el pasado cuatro de abril de 2023, fecha que la presidenta instruyó a las Fuerzas Armadas para que, a través de los militares intervinieran Colón, Olancho, El Paraíso, Atlántida, Copán, Yoro y Gracias a Dios, medida que hasta la fecha continúa vigente, pero con el mismo índice de violencia.
Eso fue uno de los primeros actos de complicidad del gobierno de Castro con las FF. AA y demostró, entre varias cosas, que en el poder la práctica es distinta, ya que años atrás la mandataria lamentó que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, utilizara la fuerza militar para realizar operativos en la sociedad.
Menos de dos meses después, luego de la tragedia registrada en el interior de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en la que de manera violenta murieron 46 privadas de libertad, la presidenta ordenó que los militares sean los encargados de intervenir todas las cárceles del país.
El artículo 272 de la Constitución de la República establece literalmente que las Fuerzas Armadas deben cooperar con la Policía Nacional para mantener el orden público, no coordinar operaciones, contrario a lo que está sucediendo en la actualidad.
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NO DEBEN SER INSTRUMENTO
Para Mirna Flores, investigadora en asuntos de seguridad del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), los militares no deberían ser instrumentos en materia de seguridad ciudadana por los antecedentes que arrastran al violentar los derechos humanos.
“Los gobiernos apuestan que los militares son los que van a resolver los problemas de seguridad pública y la crisis, pero no es esa la forma. Antes decían que iban a desmilitarizar la sociedad y ahora les asignan funciones”, mencionó Flores.
Precisó que la mandataria pretende continuar utilizando a la Policía Militar, y se evidenció desde que declaró emergencia nacional en materia de seguridad desde el 25 de noviembre de 2022 y, posteriormente, con la implementación del estado de excepción el 6 de diciembre del mismo año.
“Lo que está pasando representa un enorme retroceso en materia de Seguridad. Al declarar emergencia nacional y utilizar los militares, se le faculta para asumir funciones policiales; hacer detenciones y allanamiento”, analizó.
Agregó que “estamos enfrentando un proceso ambiguo y confuso porque al final del caso estamos un proceso de remilitarización y no un proceso de desmilitarización, como se esperaba y escuchó en promesas de campaña”.
El reflejo de que, poner en práctica costumbres heredadas por gobiernos anteriores, no es la salida al conflicto de inseguridad que atraviesa el país, pues desde el 1 de enero de 2023 hasta el 18 de julio del mismo año, se contabilizan 1,681 muertos.
La Policía Militar fue creada por 2013, durante el régimen del entonces presidente hondureño Juan Orlando Hernández, con el fin de combatir la criminalidad, pero según la Corte de Nueva York, también fue utilizada para encabezar operaciones relacionadas con el narcotráfico.
Desde que inició el estado de excepción en Honduras, que está vigente en 123 de los 298 municipios hondureños, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) registró 193 denuncias contra los militares hasta junio de 2023.
De acuerdo con la información, estas denuncias fueron interpuestas por ciudadanos que fueron abusados, de distintas maneras, tanto por uniformados de la PMOP como por elementos de la Policía Nacional.
