Tegucigalpa.- Un mecanismo internacional con potestad para investigar y enjuiciar a vinculados en casos de corrupción de manera independiente es de las principales demandas de Naciones Unidas para lograr la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), según el memorándum preliminar de entendimiento.
Recientemente, se filtró el documento que expone el memorándum de entendimiento entre las Naciones Unidas y el gobierno de Xiomara Castro en el que se expone una serie de requisitos que deben cumplirse siendo la primera fase para concretar la instauración del ente internacional anticorrupción.
“El documento parece ser que se ha filtrado, es un documento todavía muy confidencial que se ha trasladado de la oficina del Secretario General de Naciones Unidas a gobierno de Honduras para iniciar exactamente a retroalimentar, intercambiar y discutir, un primer borrador para un intercambio que tiene que pasar a través de Naciones Unidas y el gobierno de Honduras”, declaró la representante de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford.
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Entre los principales puntos que se resaltan en el documento es que existen dos fases, la primera que el gobierno de Honduras permita los cimientos que consentirá que las Naciones Unidas establezcan un mecanismo internacional imparcial e independiente.
El ente deberá realizar investigaciones de forma independiente y constituirse como acusador privado. Naciones Unidas valoró este punto como una exigencia de sociedad civil que se añadió tras la visita de la Misión Exploratoria de expertos de Naciones Unidas en el pasado mes de mayo.
A juicio del vicealcalde de San Pedro Sula y reconocido abogado, Omar Menjivar, para que la CICIH pueda tener facultades de constituirse como acusador privado no necesariamente se debe aprobar una reforma constitucional ya que indica “la figura del acusador privado está prevista y regulada en la ley procesal, es cuestión de ley, no de la Constitución”, expuso.
Si se estableciera la CICIH en Honduras, una clave importante sería reconocerle la facultad de realizar investigaciones independientes y, con los debidos ajustes legales, igualmente permitirle constituirse en parte acusadora privada. Es factible y HN denotaría voluntad positiva.
— 𝕺𝖒𝖆𝖗 𝕸𝖊𝖓𝖏𝖎𝖛𝖆𝖗 𝕽𝖔𝖘𝖆𝖑𝖊𝖘 (@omar_menjivar) July 29, 2022
Además en el documento, se establece prioritario reformar el delito de enriquecimiento ilícito, abrogación del Decreto Legislativo 116-2019 concerniente al manejo de recursos públicos a través del cuestionado Fondo Departamental y sus reformas que impiden al Ministerio Público investigar la malversación de los fondos mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no realice una auditoría teniendo un plazo de tres años para hacerlo.
Asimismo, se exige el levantamiento del secreto referente a fideicomisos y aprobar reformas que mejoren instrumentos en la lucha anticorrupción siendo una necesidad la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz que impulsó la fenecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
En el tema de estado de derecho, Naciones Unidas indica que es prioridad el fortalecimiento de una justicia independiente, al tiempo que el documento confirma que la reciente aprobación por parte del Congreso Nacional de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia era un mandato del organismo y no de intereses partidarios como se ha criticado.
La conformación de la Junta Nominadora es el próximo paso importante para la elección de la CSJ. Un llamado a las instituciones involucradas en apoyar para que este sea un proceso transparente, profesional y con igualdad de género @ONUHonduras @mundoorellana @Congreso_HND https://t.co/n0DVwHSZlY
— Alice H. Shackelford (@aliceshackel) July 30, 2022
Se especifica también que llegará al país un nuevo equipo de expertos para realizar un diagnóstico de las instituciones y capacidades existentes en la lucha contra la corrupción y la impunidad, brindando asistencia necesaria para reformas legales que permitan un buen funcionamiento del mecanismo internacional.
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Se deberá esperar las conclusiones del equipo, pero se insta a abrogar, derogar, reformar o aprobar ciertas leyes o determinados reglamentos que constituirán un requisito para continuar con el avance de Naciones Unidas como las que reclama el director de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos.
Habíamos previsto, que a esta fecha, ya estuvieran derogados los Decretos 116-2019,57-2020 y 093-2021 aprobados como consecuencia de lo que MACCIH llamo "pacto de impunidad". Dichas normas obstaculizan directamente la LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.Seguiremos esperando su derogación. pic.twitter.com/qDfRkImsZH
— 𝙇𝙪𝙞𝙨 𝙅𝙖𝙫𝙞𝙚𝙧 𝙎𝙖𝙣𝙩𝙤𝙨 𝘾𝙧𝙪𝙯 (@Luis_Santos_C) July 28, 2022
El acuerdo bilateral se consumará una vez que el gobierno cumpla las conclusiones que recomiende el grupo de expertos y la segunda fase será la ratificación del acuerdo identificando los funcionarios que integrarán el mecanismo y los acuerdos financieros para la operatividad del ente.
El memorándum preliminar de entendimiento tiene como plazo para cumplirse, una vez firmado por ambas partes, seis meses que pueden ser prorrogables.
Gustavo Irías, director del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), considera que el proceso hacia la instalación de una nueva misión internacional está avanzando y alaba que la CICIH pueda tener independencia y potestad de librar requerimientos fiscales sin necesidad de pasar primero por el Ministerio Público.
“El centro de gravedad de la lucha hacia la instalación de la CICIH ahora está puesta en el Congreso Nacional, la derogación de pactos de impunidad y creación de una nueva instalación anticorrupción”, añadió.
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Para Gabriela Blen, parte de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), si el gobierno firma el memorándum de entendimiento demostrará “voluntad de combatir la corrupción y estaremos allí para apoyar el proceso, sino toca seguir la lucha en otras instancias”.
Cabe mencionar que la instalación de la CICIH no solo es una exigencia de la ciudadanía, también fue la promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, lo que le permitió ganar las elecciones con contundencia y además está contemplado en su plan de gobierno de 2022-2026.
En tanto, la demanda de sociedad civil es evitar volver a cometer los errores que llevaron a la extinción al ente en Guatemala CICIG o la MACCIH que presentó 13 casos de corrupción sindicando a más de 130 funcionarios, exfuncionarios, diputados y exdiputados incluso una exprimera dama, sin embargo, la mayoría de los casos fueron sobreseídos, por eso la urgencia de fortalecer la justicia de Honduras mediante un proceso de selección confiable y transparente de magistrados que conformarán la nueva Corte Suprema de Justicia.
