Colegio de Periodistas de Honduras sigue guardando silencio ante las violaciones y abusos
Políticos en el poder y empresarios de las comunicaciones se adelantaron a la pandemia al eliminar el artículo 28 del nuevo Código Penal referente a la responsabilidad ascendente por delitos cometidos por periodistas o comunicadores. Esto significa que los periodistas serán los responsables de sus publicaciones y no los medios de comunicación
Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.-Bajo el argumento de la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19, más de 250 trabajadores de la información en Honduras han sido víctimas de despidos, suspensiones, reducción de salarios e incumplimiento de pago de sueldos, según información constatada por este medio de comunicación.
Apenas dos meses después de la llegada del coronavirus a Honduras, los empresarios de la comunicación, pese al incremento en la producción de la información, optaron por sacrificar a sus empleados, amparados en el Decreto Ejecutivo PCM-021-2020, que contiene el estado de excepción, supuestamente, para evitar el contagio del Covid-19.
Los empleados de los medios de comunicación que han sido afectados por las decisiones arbitrarias de sus patronos prefieren no elevar su voz protesta, en muchos casos, porque temen a represalias del poder.
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El artículo dos del decreto ordena la suspensión de labores en el sector público y privado durante el tiempo de excepción o estado de sitio, habilitando así el artículo 100 del Código de Trabajo que contempla en el literal b) “la suspensión de los contratos de trabajos por causas de fuerza mayor o caso fortuito”.
Irónicamente el mismo PCM 021-2020, hizo una excepción especifica relacionadas al comercio e industria, y el numeral 17 incluye al sector de las telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet y los medios de comunicación, incluyendo radio, televisión, diarios y cableras.
Sin importar que la industria de la información jamás dejó de producir noticias, los dueños de medios de comunicación comerciales aprovecharon el estado de emergencia sanitaria e implementaron en el personal administrativo la modalidad del teletrabajo mediante el cual los trabajadores desempeñan sus funciones desde sus hogares y en el caso de los periodistas, su trabajo ha continuado con las mismas dinámicas acostumbradas que va desde el reporteo en campo, redacción o edición y construcción de contenido informativo.
Además, los empresarios de la comunicación pese a no estar contemplada en la normativa nacional, implementaron la reducción de jornadas y/o de salarios disfrazando esta violación con un “acto de solidaridad”, para lo cual han obligado a sus empleados a firmar constancias mediante las cuales se autoriza la deducción de un porcentaje a su salario, como ocurrió en Diario La Tribuna, propiedad del expresidente hondureño, Carlos Flores Facussé, donde se efectuó un recorte salarial del 20 %.
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Mientras en Honduras los dueños de medios de comunicación aprovechaban la crisis sanitaria por el Covid para lacerar los derechos de sus trabajadores, diversas organizaciones se manifiestan a nivel internacional sobre la situación económica y emocional de los periodistas debido a la reducción en las jornadas laborales, suspensiones no remuneradas y despidos.
Durante el conversatorio virtual “Coronavirus-19 y Atención Psicosocial: Fortaleciendo Libertad de Expresión”, que se llevó a cabo en el marco del Día Mundial de Libertad de la Prensa, el Sr. Jamion Knight, encargado del Programa de Comunicación e Información de la UNESCO, señaló que los periodistas latinoamericanos están siendo afectados por el desempleo, la falta de protección sanitaria por parte de sus empleadores y la precarización general de su situación y la de sus familias.
Repercusiones económicas-laborales de los trabajadores de la comunicación en Honduras en el marco de la crisis sanitaria por Covid-19
La precariedad laboral de los periodistas
Para el sociólogo y director del programa informativo “El Perro Amarillo”, Milton Benítez, los dueños de medios de comunicación nunca han tenido sus prioridades puestas en su personal, que es la persona que hace posible la noticia
“La historia no cambia para ellos (empresarios de la información), siempre su único interés es comercial, así ocurrió en el 2009 con el golpe de Estado, los periodistas en las calles expuestos y sin equipos de bioseguridad y esto nos indica que su comportamiento irresponsable no cambiará”, señala Benítez.
“Somos los periodistas los que estamos también en primera línea haciendo ofensiva a esta pandemia y gracias a nuestro trabajo con periodismo de investigación se ha revelado información oportuna en cuánto al manejo de fondos públicos, comprometiendo, incluso, nuestras vidas y en respuesta viene la poca cobertura de responsabilidad que tienen los dueños en asegurar mínimamente el salario de los periodistas”, señaló Benítez, quien goza de una amplia audiencia en las redes sociales por sus publicaciones que develan constantes actos de corrupción que involucran a las élites políticas y económicas.
Según el arancel establecido por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), el salario mínimo para sus agremiados para el año 2020 es de 18 mil 421.29 lempiras. Pero según el estudio “Valorización del oficio del periodista en Honduras”, realizado por el diario digital especialista en libertad de expresión, Conexihon, un 46 % de los periodistas y comunicadores sociales en Honduras sobrevive con menos de 8,000 lempiras al mes, es decir menos del 50% del arancel planteado por el CPH.
Hasta el momento el CPH no ha emitido oficialmente ninguna comunicación referente a las violaciones y abusos cometidos por los magnates de las comunicaciones. En lugar de sancionar o condenar la arbitrariedad, el presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez, se limitó a celebrar, a través de su cuenta de Twitter, que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) lanzará la próxima semana un programa de apoyo financiero para los medios de comunicación afectados por la crisis del Covid-19.
Rodríguez, es empleado del Grupo Opsa (La Prensa y El Heraldo), un conglomerado de medios que encabeza el mayor número de trabajadores despedidos y suspendidos en el marco de la crisis sanitaria.
“Aplaudimos esta iniciativa del BCIE_Org que contribuirá a evitar el despido y suspensiones de miles de periodistas y trabajadores de la prensa y garantizará la sobrevivencia de una prensa más independiente y más fiscalizadora de la gestión pública”, escribió Rodríguez, quien ha sido sancionado pecuniariamente en dos ocasiones por el Instituto de Acceso a la Información Pública por ocultar información del ente de pensiones.
Los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras han demostrado históricamente ser enemigo de la transparencia y rendición de cuentas, logrando para ello varios escudos de impunidad otorgados por el Congreso Nacional. En los últimos años ha sido aplazado en seis oportunidades por el IAIP por no rendir cuentas de su gestión frente al Instituto de Previsión Social del Periodista.
Aplaudimos esta iniciativa del @BCIE_Org que contribuirá a evitar el despido y suspensiones de miles de periodistas y trabajadores de la prensa y garantizará la sobrevivencia de una prensa más independiente y mas fiscalizadora de la gestión pública.
— Dagoberto Rodríguez Coello (@darocohn) May 17, 2020
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó en abril pasado el comunicado de prensa R58/20, relacionado al Covid-19 en el que expuso que “el derecho de acceso a la información significa que los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas”.
La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), estima que la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus dejará sin salario a unos 450,000 empleados en Honduras, incluidos los y las trabajadores de la comunicación, aglutinados en las empresas de la información.
Los oligopolios mediáticos en Honduras
“La concentración de la propiedad de los medios de comunicación en oligopolios mediáticos comerciales en Centroamérica solamente ha sido posible gracias a que existen marcos jurídicos que la han facilitado y promovido sin vergüenza alguna”, reza la introducción del libro “Poder y medios en Centroamérica”.
El libro sistematiza una investigación diagnóstica sobre los marcos jurídicos y políticas públicas en materia de radiodifusión en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, elaborada en el año 2014 gracias al apoyo del Fondo Holandés de Derechos Humanos.
La investigación tiene un apartado titulado: “la situación laboral de los periodistas: ¿Libertad de prensa o de empresa?”, que expone que la propia Constitución de Honduras contempla un régimen de protección laboral aplicable a las y los trabajadores públicos y privados, normas jurídicas que son extensivas a las personas que ejercen el periodismo.
“En la práctica, la situación laboral de los y las periodistas dista mucho de ser digna, como lo prevén en las leyes. Bajos salarios, inestabilidad laboral, autocensura de los medios, listas negras de periodistas en los medios, carencia de seguridad social o la prohibición fáctica de sindicalización, son algunos problemas que parecen ser comunes en la región. Por supuesto, la persecución y asesinatos de periodistas en Honduras es una situación extrema e inaceptable”, refiere la investigación.
Para el abogado Mario Rojas, coordinador del área legal del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), si la situación de los y las periodistas en Honduras era de vulnerabilidad, la entrada en vigencia del nuevo Código Penal complicara aún más sus condiciones.
“El periodista queda solo a su suerte, como popularmente decimos, sin el respaldo de los dueños de medios de comunicación porque ellos lucharon hasta derogar el artículo relacionado a las responsabilidades de las personas jurídicas, y lo consiguieron, por eso ya el tema de la entrada en vigencia del nuevo Código, ya no es del interés de los dueños de los medios de comunicación corporativos”, analizó Rojas.
En el mes de febrero de 2020 el Congreso Nacional, a solicitud de las grandes corporaciones de la comunicación y del Colegio de Periodistas, —-según dijo el vicepresidente del Poder Legislativo, Antonio Rivera Callejas—- eliminó el artículo 28 del nuevo Código Penal referente a la responsabilidad ascendente por delitos cometidos por periodistas o comunicadores. Esto implica que los periodistas serán los responsables de sus publicaciones y no los medios de comunicación.
“Se exonera a directores y dueños de comunicación de cualquier delito por notas de periodistas, mientras que en violación a derechos humanos solo serán responsables quienes lo cometan o dieron las órdenes. Ahora cualquier nota de prensa divulgada por cualquier medio que puede considerarse que se cometió delito, la responsabilidad caerá exclusivamente en su autor, siendo eximidos ahora los jefes de redacción, directores de medios o dueños de medios de comunicación, como estaba establecido inicialmente en el Código Penal cuando se aprobó”, detalla la derogación.
Rojas añadió que lo mismo ocurrió en el año 2013, cuando los dueños de los medios tradicionales cobijados en la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras, la Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras y el Colegio de Periodistas de Honduras, con la participación de representantes de la Iglesia Católica y de la Confraternidad Evangélica de Honduras, firmaron un convenio de auto regulación unilateral llamado “Acuerdo Nacional por la Promoción de una Cultura de Paz y Libertad de Expresión”.
El profesional del derecho recordó que dicho acuerdo surgió ante la presión de algunas organizaciones de sociedad civil y periodistas independientes, que demandaban la democratización del espectro radial mediante reformas a la Ley de Telecomunicaciones.
Además de la regulación unilateral del espectro radioeléctrico, Rojas recordó que los empresarios de la comunicación consiguieron además la aprobación de la Ley del Programa Voluntario de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones”, más conocida como la ley de canje publicitario, que representa la continuidad de las exoneraciones fiscales.
Bajo esta misma lógica, planteada por el abogado Rojas, el documento “Poder y medios en Centroamérica”, plantea que el reino de lo privado se impone sobre lo público y en esa relación no sólo existe una política de premio o castigo de los políticos en el poder respecto a los medios. Un ejemplo de ello es la asignación de la publicidad estatal y la firma de importantes contratos del Estado con empresas propiedad de los dueños de los medios.
El mismo planteamiento hace el periodista Manuel Torres en su libro al señalar que “un gobernante o un político pueden sentirse como predicadores en el desierto si los medios le orquestan el silencio”, donde ejemplifica cómo los políticos tradicionales sedujeron a los empresarios con el otorgamiento de frecuencias a cambio del financiamiento de sus campañas electorales y “cómo una estrategia para la manipulación ideológico política de la sociedad hondureña, pero también la legislación publicada, que favorece a los grupos empresariales, es usada por el poder político como instrumento de chantaje y presión en momentos de confrontación entre ambos sectores”.
Igual referencia hace el Informe sobre Libertad de Expresión del año 2014, elaborado por C-Libre, que destaca las relaciones de negocios entre los diferentes gobiernos y los dueños de medios de comunicación en la implementación de agendas de interés en la legislación nacional y las políticas públicas, “no conformes con una alianza con los grupos fácticos, los políticos, le entraron de manera directa al reparto de las frecuencias, de esa forma ambos poderes acaparan la mayoría de las ondas hertzianas autorizadas para radio y televisión”.
