Tegucigalpa.- El establecimiento de mecanismos de control sobre las empresas de seguridad y registro de armas, así como el fortalecimiento técnico y logístico de las oficinas regionales del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y el Ministerio Público, fueron algunas de las exigencias al Estado de Honduras realizadas al cierre de la visita de la Misión de Observación y Solidaridad en el Bajo Aguán.
Organizado por la Coalición Contra la Impunidad, la visita al Bajo Aguán en el departamento de Colón, norte de Honduras, tuvo como propósito identificar, denunciar y visibilizar la existencia de violaciones a los derechos humanos en la zona.
En los primeros tres meses de 2023 se han registrado el asesinato de al menos siete personas ligadas a la defensa de la tierra y el territorio en el Bajo Aguán, así como actos intimidatorios y desplazamiento de organizaciones campesinas.
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Otras demandas, expresadas durante una conferencia de prensa celebrada el jueves 30 de marzo, incluyeron el esclarecimiento de los crímenes, justicia y reparación para sus familias. Al igual que el cese a la violencia, criminalización y persecución judicial contra quienes defienden la vida y el territorio en el Bajo Aguán.
ESTADO DEBE ASUMIR RESPONSABILIDAD HISTÓRICA EN EL BAJO AGUÁN
Al Estado de Honduras y al gobierno de Xiomara Castro Sarmiento requirieron asumir la responsabilidad histórica de garantizar el derecho a la tierra y una vida libre de violencia en el Bajo Aguán, y dar cumplimiento a los compromisos firmados, entre los que se incluyen la instalación de la Comisión Tripartita para el Bajo Aguán.
El establecimiento de la Comisión Tripartita por la administración Castro Sarmiento ha sido un llamado constante por parte de las organizaciones defensoras de la tierra y el territorio desde que se firmó el convenio agrario con las organizaciones campesinas del Bajo Aguán en febrero de 2022.
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La ola de violencia asesina que se reinstaló en el fértil valle ha impulsado este reclamo, en el que incluso la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras realizó en febrero un llamado a avanzar en las medidas necesarias para dar cumplimiento al acuerdo, especialmente la Comisión Tripartita que tendría competencias para abordar las violaciones de derechos humanos durante el conflicto, así como la reparación a las víctimas.
La representante de la Coalición Contra la Impunidad e integrante del Centro de Derechos de Mujeres, Gilda Rivera, manifestó que si bien no pueden como organizaciones de sociedad civil resolver un conflicto de décadas, sí pueden empeñarse a permanentemente acompañar a la Plataforma Agraria, y juntas luchar, denunciar, incidir y presionar al gobierno para que se comprometa a dar resolución al conflicto.
PREOCUPA ESTRATEGIA PARA EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN BENEFICIO DE LOS CONCENTRADORES DE LA TIERRA
Entre las preocupaciones que la Misión expresó al cierre de su visita se encuentran: la instalación del terror como una forma de despojo y desarticulación, la ausencia de celeridad y efectividad en la implementación de medidas del Mecanismo Nacional de Protección, la denuncia sobre la presencia de grupos paramilitares con nexos a empresarios y operadores de justicia.
Otras inquietudes incluyen el daño psicoemocional en el desarrollo integral de la niñez y las juventudes en las comunidades campesinas, la impunidad frente a los asesinatos de defensores, el control que ejerce el sector privado sobre medios de comunicación para invisibilizar las violaciones a derechos humanos. Todo esto como parte de una estrategia para vaciar las zonas rurales a través del desplazamiento forzado en beneficio de la concentración de la tierra y los proyectos extractivos.
Para Wilmer Vásquez de la red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), la problemática de la tierra en el Bajo Aguán además de involucrar las muertes violentas de los defensores de la tierra y el territorio, compromete a niñas y niños, quienes no merecen vivir en terror
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El 11 de marzo, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) denunciaron el desplazamiento de familias de la Empresa Asociativa Campesina Auxiliadora por un “grupo armado irregular” que estaría al servicio del exdiputado por el Partido Nacional, Óscar Nájera.
El exdiputado de Colón por el Partido Nacional negó a Criterio.hn la participación de grupos armados irregulares en el “desalojo” de campesinos, declaró que “la gente salió voluntariamente”, que en la finca no hay grupos armados irregulares, y que quiénes están, son los vigilantes.
En representación de la Plataforma Agraria, Raúl Ramirez expresó que pese a todas las amenazas y asesinatos, las cooperativas y organizaciones campesinas siguen en pie, que estas nunca fueron disueltas ni liquidadas, por lo que seguirán luchando y defendiendo su derecho a la tierra de la Reforma Agraria.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes: Gilda Rivera del Centro de Derechos de Mujeres; Wilmer Vásquez de la red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden); Yessica Trinidad de la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras; Kevin Isidro del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad); Esly Banegas, coordinadora de la COPA; y Raúl Ramírez en representación de la Plataforma Agraria.
