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Tegucigalpa.- Más de 48 millones de lempiras fueron malversados a través de dos ONG´s fantasmas que se beneficiaron con contratos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para la construcción de letrinas que debieron beneficiar al menos mil familias en condiciones de pobreza en los departamentos de Choluteca y Valle.
El ente contralor, presentó los informes de auditoría donde señalan que la Fundación Unidos por una Honduras Mejor (FUHM) y la Fundación Hondureña de Desarrollo Comunitario (FUHDEC) malversaron L 48,254,665.95 a través de la SAG, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas quienes asignaron los fondos de manera irregular con la supuesta finalidad de construir 1,220 letrinas en la zona sur de Honduras, proyectos que se debieron ejecutar en el periodo de 1 de marzo 2016 al 31 de enero de 2022.
El informe P-03-2022-DPC-DCSD-FUHM revela que la supuesta organización FUHM recibió de parte de la SAG y la Secretaría de Salud varios desembolsos con una suma total de L 38,220,500 para ejecutar la construcción de 450 letrinas distribuidas 100 en los municipios de Choluteca, Marcovia, San Antonio de Flores y San Marcos de Colón mientras que 50 en Pespire, todos del departamento de Choluteca.
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Sin embargo, la organización de fachada recibió los fondos del Estado y “no existe evidencia de la ejecución de los mismos”, además la SAG y la Secretaría de Salud no cuentan con documentación que respalde los pagos realizados a favor de la FUHM y tampoco existe documentación que respalde la ejecución de los fondos lo que representa un perjuicio mayor que no puede ser cuantificado en su totalidad debido que el TSC desconoce si existen más pagos realizados.
Además, no hay registros de quiénes son los miembros que conforman la Junta Directiva de esta fundación mucho menos se ubicó sus instalaciones ya que las proporcionadas en los documentos son falsas, “no fue posible ubicar las oficinas de esta fundación”, indica a auditoría.
Cada letrina representó un costo de L 14,476.20, sin embargo, existen otros proyectos de construcción de letrinas como en el departamento de Lempira que el costo por cada letrina ronda los 650 lempiras en el mismo periodo que señalan los informes del TSC.
En un segundo informe P-01-2022/03-2022-DPC-DCSD-SAG-EMPRENDESUR-FUHDEC evidencian que a la fundación de fachada FUHDEC se le depositó L 10,034,165.95 para construcción de letrinas y promover tecnologías apropiadas de saneamiento en el departamento de Valle.
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El monto para la construcción de 550 letrinas en los municipios de Nacaome, Amapala, Aramecina, Langue y San Lorenzo fue de L 7,728,785.95 lo que representó un costo directo de L 10,479 sin que estos proyectos fueran ejecutados.
“El TSC verificó que no se encontró documentación que acredite fehacientemente las actividades realizadas y logros obtenidos derivados de la ejecución del convenido. Además, FUHDEC se mostró evasiva ante los requerimientos de la SAG, vistos los retrasos en la ejecución de obras”, indica el documento.
Asimismo, el TSC expone que no existe ejecución de campo, la supuesta ONG no contesta llamadas ni correos electrónicos y la dirección domiciliaria no es correcto, no hay evidencia alguna que constate la construcción de alguna letrina en beneficio de las familias.
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No obstante, en este caso se conoce que el señor Walter Antonio Sauceda Videa es el presidente y está casado con la señora Dunia Floribeth Maradiaga Carrasco quien es supuesta tesorera de la ONG; también figuran Guido Zúniga Alberto como vicepresidente; Pablo Heriberto López Martínez, secretario general; Fausto Emilio Videa Espinal, fiscal; Eusebia Sauceda Doblado, fiscal 1; Silvia Ninoska Flores Rolly, fiscal 2; Efraín Gerardo Flores Galo, fiscal 3 y Marco Antonio Gómez Escobar como fiscal 4.
Las investigaciones del TSC no muestran la ruta que siguió el dinero que se trasfirió a las ONG de maletín lo que evidencia una falencia en las indagaciones debido que solo confirman que no se ejecutó los proyectos y justifican que no se conoce el paradero lo que deja a medias el caso.
Según el titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), el TSC ni siquiera investigó el 1% de los recursos que fueron asignados a través del Fondo Departamental por el cual se despilfarraron miles de millones y que se utilizaron para financiar campañas políticas y cubrir gastos personales de exfuncionarios, diputados, exdiputados y sus familiares.
