Tegucigalpa. –Asumió y mantiene la titularidad del Congreso Nacional una vez que el actual presidente, Mauricio Oliva, lanzara su precandidatura a la presidencia y perdiera de manera humillante. Enemigo de la extinta misión anticorrupción, mencionado en corrupción y narcoactividad.
Mario Alonso Pérez López, nació en el occidental departamento de Santa Bárbara, un 13 de julio de 1975. Graduado con el título de abogado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
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Tras la crisis política en junio de 2009 que culminó con el derrocamiento del entonces presidente de la república, José Manuel Zelaya Rosales, el conservador Partido Nacional asumió el poder ganando la mayoría de los escaños en el Congreso Nacional: uno de los beneficiados fue Pérez.
Convirtiéndose en caudillo, logró ser electo diputado del Partido Nacional por el departamento de Santa Bárbara para el periodo 2010 a 2014, posteriormente fue reelecto en el cargo bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández para el periodo 2014 a 2018 y ungido para un tercer periodo de 2018 a 2022.
De 2018 a 2019 fue nombrado secretario de la Junta Directiva del Congreso Nacional y para 2020 a la fecha mantiene el cargo de vicepresidente del Poder Legislativo, sin embargo, con la llegada de la pandemia, el Partido Nacional recurrió a sesiones virtuales, modalidad que ha aprovechado para aprobar y derogar leyes a su antojo sin conocerse quienes votaron por las mismas.
Durante el 2018 al 2019 fue nombrado jefe de bancada del Partido Nacional; además, figuró como presidente de la Comisión de Presupuesto, Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, Comisión Especial de Asuntos Económicos y Sociales y presidente de la Comisión Especial de Reformas al Registro Nacional de las Personas (RNP).
RASTRO CLAVE DEL PODER DEL PARTIDO NACIONAL
Pérez se convirtió en un aliado dentro del Legislativo en favor del gobernante hondureño Juan Orlando Hernández; lo apoyó con la puesta en marcha de la militarización, votó y promovió la creación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Impulsó la creación del Código Penal vigente considerado como el “Código Penal de la Impunidad” al reducir penas y sanciones a los corruptos, pero criminalizando la protesta social. Pérez fue señalado por las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) como uno de los congresistas y presuntos responsables de realizar adulteración en la aprobación de leyes cometiendo los supuestos delitos de abuso de autoridad y falsificación de documentos.
Asimismo, votó por la extinción de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) porque las investigaciones de esta instancia lo estaban llevando cerca de una posible acusación penal.
En su mayoría, desde marzo de 2021, ha presidido las sesiones del Congreso Nacional en reemplazo de Mauricio Oliva, quien se retiró desde ese entonces de sus funciones para participar como precandidato en las elecciones primarias del Partido Nacional, siendo derrotado de manera humillante con 40 puntos de diferencia ante Nasry Asfura, quien en el proceso general de noviembre de 2021 fue vencido por Xiomara Castro, hoy presidenta electa de Honduras.
Desde su derrota, a Oliva no se le observa en sesiones virtuales tomando su lugar Pérez, quien ha buscado de una u otra forma blindar la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
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DENOMINADOR COMÚN DEL PARTIDO NACIONAL: CORRUPCIÓN Y NARCOTRÁFICO
Tras doce años en el poder, los principales líderes del Partido Nacional han sido vinculados en actos de corrupción y narcotráfico y el cacique de Santa Bárbara no es la excepción.
En septiembre de 2015, Pérez afirmó que el Partido Nacional recibió cheques con fuertes sumas de dinero para financiar la campaña política con fondos provenientes del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Asimismo, en junio de ese año, el fallecido periodista David Romero, reveló un informe de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) en el que se señaló a Pérez como miembro de una estructura dedicada al tráfico de drogas, en el departamento de Santa Bárbara.
Un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de 2019 revela que dos millones de lempiras asignados entre el 1 de noviembre de 2010 al 30 de junio 2011 mediante solicitud de Pérez, a través del Fondo de Desarrollo Departamental, no fueron liquidados, sin embargo, no fue acusado penalmente.
“El no documentar correctamente las obras, donaciones, ayudas sociales y otros, podría generar desconfianza en la liquidación de los fondos provenientes del fondo departamental por parte de la Asociación, en consecuencia, riesgos que podrían incidir negativamente en los recursos asignados y podría ocasionar un perjuicio económico”, señala parte del informe.
Cabe señalar que el exvocero de la MACCIH, el peruano, Juan Jiménez Mayor reveló que la misión anticorrupción fue extinguida porque investigaba a más de un centenar de diputados que se apropiaron de capitales a través de los fondos departamentales.
Luego que el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “el Tigre” Bonilla, fuera solicitado en extradición por Estados Unidos al acusarlo de ser parte del narcotráfico, este negó las acusaciones, al tiempo, que señaló a Pérez como uno de los funcionarios corruptos que debería perseguir esa nación y develó que el diputado le solicitó le devolviera un arma de alto calibre que le fue decomisada en un operativo policial, sin brindar más detalles.
En las recientes elecciones, el caudillo de Santa Bárbara logró ser electo para un cuarto periodo como congresista, esta vez no asumirá un cargo en la Junta Directiva debido que el Partido Nacional dejó de ser mayoría, no obstante, su postura puede ser determinante para evitar mantener los intereses de su partido y las leyes nocivas que aprobaron durante 12 años.
