Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ha determinado en su informe especial, 002-CEAI-GAE-INVEST-H-A, enviado al Ministerio Público, el 28 de julio pasado, que el ex director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), Marco Bogràn Corrales, tiene responsabilidad penal por las compras irregulares realizadas en el marco de la emergencia del Covid-19.
Sin embargo, dos meses después, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción Pública (FETCCOP), sigue interrogando a Bográn, en calidad de testigo y no de investigado.
Bogran desciende de una poderosa familia del Partido Nacional. Es sobrino político y ahijado de la ex designada presidencial, en el mandato de Porfirio Lobo Sosa, María Antonieta Guillén de Bogràn y también es sobrino de Arturo Corrales, otro hombre que además de hacer grandes negocios con el Estado, ha ocupado cargos a nivel de secretarías de estado, en los gobiernos nacionalistas, de Juan Hernández y Lobo Sosa.
De acuerdo con el Informe, El Tribunal Superior de Cuentas realizó una auditoría de los fondos ejecutados por INVEST-H en el periodo del 19 de marzo al 4 de mayo pasado, y determinó que en las compras de 7 hospitales móviles, de equipo biomédico, de insumos de bioseguridad, la contratación del transporte interno de los hospitales y los contratos para la construcción y supervisión de los planteles para la instalación de los hospitales, hubo responsabilidades penales por parte de Bográn Corrales.
Nota relacionada Marco Bográn se declara inocente de las acusaciones en su contra por irregularidades en Invest-H
El documento dice que en total, auditaron un monto de 1741 millones 188 mil 839 lempiras con 87 centavos en las compras que se sustentaron en una comunicación de interés que la Secretaría de Salud le expresó mediante el oficio 630-SS-2020 al entonces Director Ejecutivo de INVEST-H, Marco Antonio Bográn Corrales.
El oficio, firmado por la Secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, el 16 de marzo, le solicita a Bogràn Corrales, la compra directa de 7 hospitales móviles de aislamiento, contratación directa de todos los servicios conexos y consultorías que se necesiten para la instalación y puesta en funcionamiento de los hospitales, la adquisición directa del equipo biomédico, la compra directa de repuestos y equipo de reparación y la compra directa de por lo menos 200 unidades de cuidados intensivos.
Todo se inicia el 10 de febrero pasado, al ser publicado en el Diario Oficial, La Gaceta, el Decreto Ejecutivo, PCM 005-2020, mediante el cual el Presidente, Juan Hernández, en Consejo de Ministros, declara emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por la llegada del coronavirus.
El Decreto autoriza la ejecución de compras y contrataciones sin licitación de todo lo necesario para la contención y el tratamiento del Covid-19.
”Encontrando en el transcurso de nuestra investigación que a nuestro criterio constituyen conductas con indicios de responsabilidad penal por lo cual se remite el presente informe”, señala el TSC. Detallando que no existe evidencia de que Marco Bográn Corrales haya realizado procesos de consulta para obtener la autorización del Consejo Directivo, que es la máxima autoridad de INVEST-H y el encargado del cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones del gobierno a través de la Cuenta del Milenio (MCA) Honduras.
“Concluimos que la dirección de INVEST-H no se sujetó al estamento legal que rige el accionar de esta entidad”, sostiene el informe del TSC. Asimismo, el ente contralor que le recomienda al Ministerio Público, que proceda a realizar las acciones correspondientes, derivado del hecho de que existe responsabilidad penal por las compras realizadas al margen de la autorización el Consejo Directivo.
