El pasado 1 de abril, el Ministerio Público presentó requerimientos fiscales contra dos exmagistrados del TSC, Ricardo Rodríguez y José Juan Pineda, por tráfico de influencias y violación de deberes de los funcionarios
Tegucigalpa, Honduras.- La acusación contra los exmagistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) desnuda cómo ese órgano es manipulado por los políticos y reabre la necesidad de plantear reformas estructurales.
El pasado 1 de abril, el Ministerio Público presentó requerimientos fiscales contra los exmagistrados del TSC, Ricardo Rodríguez y José Juan Pineda, así como contra otros tres funcionarios del ente contralor del Estado, por delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de los funcionarios.
Pineda se encuentra prófugo, mientras que a los demás imputados se les dictaron medidas distintas a la prisión y el próximo jueves 18 de abril irán a la audiencia preliminar.
José Juan Pineda, exmagistrado del TSC, está prófugo tras haber sido acusado por tráfico de influencias y violación de deberes de los funcionarios. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
Los requerimientos fiscales se generaron en relación con una investigación sobre fondos de reembolso de fideicomiso de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, durante la gestión de Nasry Asfura. El informe correspondía al período 2017-2018.
Según las evidencias presentadas por la Fiscalía, el expresidente del TSC, José Juan Pineda, instruyó a entregar un informe de auditoría firmado por una supervisora, pero las firmas desaparecieron antes del decomiso por parte de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop).
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La investigación que salpica a ambos exmagistrados del TSC deriva de una denuncia anónima recibida por la Fiscalía en noviembre de 2023, lo que llevó a investigaciones que revelaron actos irregulares en el departamento de Auditorías del Sector Municipal del TSC, incluyendo la destrucción y ocultamiento de documentos.
ES VERGONZOSO
A consideración del director de Democracia y Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, es vergonzoso que magistrados del TSC sean expuestos como «mandaderos» de políticos.
«Es gravísimo y manda un mensaje que esa es la realidad que tendremos en el TSC mientras sus autoridades sigan siendo elegidas por políticos que meten sus manos. Que cuando se encuentre una irregularidad contra un alcalde o diputados, haya personas que les limpien el camino», declaró Aguilar a Criterio.hn.
Según Aguilar, es necesario que existan reformas, pero, en primer lugar, los actuales funcionarios del TSC y quienes lleguen a esa institución están obligados a respetar la actual Ley Orgánica del TSC.
«En un primer momento es imperativo cumplir con la ley existente en el sentido de que el TSC es el ente encargado de hacer auditorías, pero ni siquiera eso se está cumpliendo. No hay cumplimiento de la ley y ese es el principal problema de esa institución», añadió Aguilar.
Juan Carlos Aguilar, de la ASJ, responsabiliza a los políticos de los actos de corrupción cometidos en el TSC. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
El TSC se creó el 20 de enero de 2003 y llegó a reemplazar a la Contraloría General de la República, como el ente encargado de fiscalizar los recursos administrados por los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las instituciones desconcentradas y descentralizadas, los bancos estatales y las municipalidades.
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Sin embargo, con el paso de los años se han hecho evidentes varias deficiencias como la falta de recursos técnicos y humanos, presupuestos insuficientes, falta de efectividad en las auditorías y en la rendición de declaraciones juradas por parte de los funcionarios públicos, según analistas consultados por Criterio.hn.
MANCHADA ELECCIÓN
El pasado 28 de febrero, el Congreso Nacional eligió a los magistrados del TSC para el período 2024-2031, bajo supuestos acuerdos de impunidad entre las tres fuerzas políticas principales, y como un canje para que fuera ratificado Johel Zelaya como fiscal general, según la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena.
Además, la elección del nuevo pleno de magistrados del TSC se generó después de que había terminado el periodo constitucional de Ricardo Rodríguez y José Juan Pineda, el 6 de diciembre de 2023.
Además, el pleno de magistrados del TSC había estado acéfalo durante más de un año tras la elección de Roy Pineda como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, desde el 16 de febrero de 2023.
A criterio de la diputada Fátima Mena, esa ausencia del magistrado Pineda, lo que consideró un «pacto de impunidad» fue determinante para que en el TSC existieran actos de impunidad.
«Durante ese año la responsabilidad de nombrar al magistrado era libre, pues el abogado Roy Pineda representaba una cuota de poder de Libre. Lo que se estaba buscando era generar esta impunidad a través de una acefalía en los más altos cargos del TSC», declaró Mena.
De igual modo, declaró que la situación en el TSC no mejorará mientras no existan estándares y mecanismos transparentes en la selección de magistrados que hace el Congreso Nacional.
«La forma en que fueron elegidos esos magistrados del TSC fue hecha igual que se hizo en 2016, para quitarles la independencia que deberían tener estos funcionarios», agregó Mena.
