El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, habría violado la Ley de la Carrera Judicial y la Constitución de la República, a fin de colocar a personas afines a él en las magistraturas de la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, según denuncias de magistrados de ese circuito

Tegucigalpa, Honduras.- Dos magistrados integrantes de la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán denunciaron en las últimas horas al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, por el supuesto nombramiento irregular de personas que no reunían los requisitos en cargos de magistrados propietarios.  

De acuerdo con el pronunciamiento de los funcionarios judiciales que ejecutaron la denuncia, Carlos Alberto Izaguirre Bustillo y Mayra Lizeth Aguilera Torres, el 27 de enero de 2023 el presidente del Supremo hondureño cometió una violación a la Ley de la Carrera Judicial, a la Constitución de la República y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La polémica inició al momento en que dentro de la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán (Primera y Segunda) se habilitaron una serie de vacantes que, argumentaron los denunciantes, debían ser ocupadas por quienes se venían desempeñando como magistrados integrantes y quienes habían concursado para ostentar dichas plazas.

Noticia relacionada: Rolando Argueta deja amarrados más de mil 200 empleados interinos en el Poder Judicial de Honduras

Sin embargo, dichas plazas habrían sido otorgadas, con arbitrariedad, a personas cercanas al círculo del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, quien el 11 de febrero de 2023, junto a las otras 14 personas que desempeñan las altas magistraturas del Poder Judicial, vacará de su cargo. El Congreso Nacional está por elegir a las magistradas y los magistrados del período 2023-2030.

“No hay nadie más en todo el Poder Judicial con estos requisitos, que los magistrados integrantes de ambas Cortes de Apelaciones”, declaró Carlos Alberto Izaguirre Bustillo, actual magistrado integrante de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán y quien, durante los últimos meses, aspiró a convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

¿QUÉ DICE LA LEY?

El artículo 29 de la Ley de la Carrera Judicial establece que “al ocurrir una vacante en cualquiera de las dependencias comprendidas en el régimen que regula esta ley, el director de Administración de Personal enviará a la Corte Suprema una nómina de tres candidatos escogidos por la Comisión de Selección para hacer el nombramiento respectivo”.

Seguidamente, la normativa explica, en el artículo 30, que “la propuesta de candidatos para llenar la vacante a que se refiere el artículo anterior, la hará la Comisión de Selección” y que la principal prioridad la obtendrán “los candidatos con derecho a ascenso de la mínima clase y de la misma dependencia”.

“El presidente ignoró estos artículos y otorgó los cargos a otras personas, que no cumplían con las condiciones de mayor prioridad. A los magistrados integrantes, con concursos anteriores aprobados, se les negó el ascenso obligándolos a volver a participar en los procesos de selección, Así se hizo y, luego de aprobados, estábamos en la condición a un ascenso de la misma clase (magistrado integrante a magistrado propietario), y ambos en las mismas dependencias”, prosiguió en su denuncia Izaguirre Bustillo.

El funcionario judicial, que se considera perjudicado, aseguró que la determinación de Rolando Argueta “pone en detrimento la independencia judicial, como garantía del justiciable, por el hecho de nombrar personas sin seguir las reglas legales e irrespetando el derecho legítimo de magistrados que cumplen a cabalidad con los requisitos y que legalmente son los que deben ser considerados para dichos nombramientos”.

Otra funcionaria judicial que se pronunció en contra de los recientes nombramientos por parte de Rolando Argueta fue la magistrada integrante de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, Mayra Lizeth Aguilera Torres, quien arguyó que las plazas fueron llenadas por “amantes” o “achichincles” del presidente del Poder Judicial.

“Pasé tres concursos para magistrada, por méritos, sin ayuda. Nunca me nombraron porque no era amante o amiga del que manda. Sigo interina, a pesar de que soy doctora en derecho penal y me he ganado otros méritos en 23 años de carrera fiscal y judicial (…) Rolando Argueta termina con un final nefasto en su administración, nombrando a sus achichincles y a sus preferidas. Ojalá la justicia alcance a revisarle sus ejecutorias”, cuestionó Aguilera Torres, exaspirante al cargo de fiscal general de la República del período 2018-2023.

EL HISTORIAL DE ARGUETA

Las riñas entre Mayra Lizeth Aguilera Torres y el presidente del Poder Judicial datan, justamente, desde 2018. En ese momento, Rolando Argueta presidió la Junta de Proponentes que evaluó a las candidatas y los candidatos a ocupar el cargo de fiscal general de República, y se le señaló de haber favorecido a su mejor amigo, Hermes Omar Moncada, actual comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para otorgarle la mejor calificación de la nómina final que se envió al Congreso Nacional.

VEA: Cuestionamiento del presidente de la CJS sobre trabajo de Uferco: ¿es temor ante llegada de la CICIH?

En los últimos días, además, Argueta condenó el trabajo de la Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, porque a Moncada no se le incluyó dentro de la nómina de 45 que se envió al Legislativo el 23 de enero de 2023, y que servirá como base que las diputadas y los diputados elijan a los nuevos magistrados y magistradas de la CSJ.

“Es una lástima, a lo mejor los descartaron porque estaban cerca de uno, eso no es justo. Lástima por Honduras que prescindió de gente muy valiosa e importante”, soltó con ironía el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Además de Hermes Omar Moncada, el cuñado de Rolando Arguea, Henry Lara Trejo (hermano de su esposa Karla Lara Trejo), también fue descartado por la Junta Nominadora a pesar de las presiones externas.

Mayra Lizeth Aguilera Torres también cuestionó cómo durante la administración de Rolando Argueta (2016-2023) se han entregado, a diestra y siniestra, exequátur de notariado por favoritismos.

“Hay que revisar incluso cuántas veces convocó para darle exequátur a quienes eran sus parientes y amigos. Grosero totalmente. Hay personas que tienen veinte años pidiendo fecha”, dijo.

En Criterio.hn, previo al inicio de la nominación y elección de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cargo para el cual es requisito poseer un exequátur de notariado, se evidenció cómo, durante las últimas décadas, este título ha sido entregado por padrinazgos políticos o favoritismos.

Uno de los ejemplos que se expusieron involucra a la hermana menor de Rolando Argueta, Diana Rubí Argueta Pérez, quien solicitó el examen en 2021 y el 18 de febrero de 2022, se constató, obtuvo su exequatur con número de registro 1980. Argueta Pérez se convirtió en abogada apenas en 2020 y, por lo tanto, se violaron requisitos y procedimientos legales.

MEDIOS, CÓMPLICES DE LAS OSCURAS ACCIONES DE ROLANDO ARGUETA

Cuando la mayoría de medios de comunicación se han concentrado en cubrir durante los últimos meses la inauguración de obras de infraestructura que ha realizado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, han ignorado los abusos de autoridad en que ha incurrido.

A criterio del exinvestigador de la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Álex Navas, estos nombramientos irregulares responden a la derogación de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial y a la resucitación de la Ley de la Carrera Judicial, porque se le otorga un poder omnímodo al presidente del Poder Judicial.

“La verticalización de este poder del Estado que otorga todo el poder al presidente, por lo tanto, provoca esta erosión institucional que incurre en excesos como lo que se está dando en este momento, con acciones de abuso de poder, nombrando personas que no tienen las competencias ni las capacidades para ocupar cargos».

Vea también: Poderes omnímodos no pueden ser heredados al nuevo presidente de la CSJ

Navas considera que, detrás de la determinación de Rolando Argueta, están los maquiavélicos propósitos de grupos de poder interesados en perpetuar la corrupción y complicarle el camino a las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, que deberán ser elegidas por el Legislativo antes del 23 de febrero de 2023.

“Estos grupos oscuros de poder mantienen también su control en las cortes de apelaciones y en los juzgados de paz y letras, y buscarán la forma de inhabilitar un poco la nueva administración de la Corte Suprema de Justicia, que actuará en un camino minado. Es una medida maquiavélica la que está tomando Rolando Argueta”, prosiguió Navas en su conversación con Criterio.hn.

El 16 de enero de 2023, el propio Rolando Argueta anunció que había amarrado con contratos permanentes a unos mil 200 funcionarios judiciales que, durante los últimos doce años, habían trabajado bajo la temporalidad, en otro evidente acto de abuso de autoridad. Argueta dejará en los próximos días la silla presidencial del Poder Judicial, sin embargo, está buscando que su oscuro legado perdure.