Por: Redacción CRITERIO
Por el tipo de gestión que realiza y “evidentemente por sus injerencias”, el magistrado, Jacobo Antonio Cálix Hernández, pidió al Congreso Nacional que investigue la actuación del Consejo de la Judicatura.
Cálix, quien es magistrado de la Sala de lo Penal, señaló que le parece que el Poder Legislativo puede nombrar una comisión como lo ha hecho en otras ocasiones y entrar a analizar lo que pasa en el Consejo de la Judicatura.
A su criterio, es importante que se haga “un análisis y una consultoría de cuál es el perfil de todos los funcionarios dentro de la carrera judicial, así como los que han sido seleccionados o nombrados durante este tiempo que ha estado funcionando el Consejo de la Judicatura.
El análisis por parte de una comisión legislativa, se realizaría con el propósito de determinar si estos (concejales) tienen los términos mínimos, profesionales y académicos para ser por un lado promovidos, ascendidos y por otro para haber llegado al ejercicio de la judicatura, señaló Cálix Hernández.
Criticó que, mientras Honduras tenga una judicatura que se desempeñe con jueces que no tienen los conocimientos para poder entender que la administración pública es un servicio público y debe de darse de manera efectiva, vamos a seguir teniendo los mismos problemas.
El togado apuntó además, que el presunto actuar inadecuado del Consejo de la Judicatura obedece al tipo de gestión e injerencias que hay en el mismo.
De manera contundente, señaló que, “El fracaso no es por el tipo de personas que han nombrado, porque eso no es culpa de las personas que han nombrado, el fracaso fundamentalmente es por el tipo de gestión y evidentemente que han existido injerencias”.
Finalmente agregó que, ha habido injerencia de factores externos y judiciales a través del Consejo de la Judicatura.
Actualmente el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, enfrenta juicio por tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública y se ha anunciado que su juicio será secreto de acuerdo a lo establecido en el Código Penal, sin embargo el juez nombrado para tal efecto, Víctor Manuel Lozano Urbina, rechazó conocer el caso alegando que lo une “una gran amistad con el procesado”.
