Tegucigalpa, Honduras. – La Corte Suprema de Justicia (CSJ) está en deuda con la población hondureña debido a la mora judicial que arrastra desde hace varios años. Esta situación, según Julissa Aguilar, magistrada de la Corte de Apelaciones con competencia nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción, se atribuye a la falta de personal, resultado del limitado presupuesto aprobado por el Congreso Nacional.
Aguilar señala que la insuficiencia presupuestaria tiene un impacto directo en la contratación de personal (jueces), lo que ha llevado a mantener una plantilla estancada durante años, a pesar del incontrolable aumento de la criminalidad, que posiciona al país como el más peligroso de Centroamérica, desplazando a El Salvador.
«El presupuesto impacta directamente en la contratación del personal, pero más allá de ello también impacta en la dotación de recursos para el juzgamiento de delitos«, afirmó Aguilar. Agregó que esta falta de recursos se refleja en la capacidad del sistema judicial para investigar, procesar y juzgar los delitos, lo que afecta a todas las esferas del sistema de justicia.
Aguilar dijo que el sistema de justicia no opera de manera aislada, sino que está compuesto por una serie de organizaciones, incluyendo el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía y la Procuraduría General de la República. La falta de recursos, según ella, afecta a todas estas instituciones y dificulta su capacidad para cumplir con sus funciones de manera efectiva.
Sin embargo, pese a que la delincuencia y la violencia están campando en Honduras, y a pesar de que está vigente un estado de emergencia desde diciembre de 2022, la Policía Nacional es una de las instituciones que poseen el presupuesto más elevado para el ejercicio fiscal de 2024, junto a la Secretaría de Defensa. Pese a eso todavía la población lo logra ver los resultados policías que alardean las instituciones armadas.
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BUENO, PERO ¿Y LAS SOLUCIONES?
En cuanto a las soluciones, Aguilar aplaudió la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que dirige la abogada Rebeca Ráquel Obando, afín al oficialismo, de crear un único circuito para optimizar el uso de los recursos disponibles.
Sin embargo, subrayó que se necesita una mejor gestión y visión para enfrentar los desafíos actuales. Además, hizo un llamado al Congreso Nacional para que aumente el presupuesto del Poder Judicial y brinde más apoyo para combatir la criminalidad y prevenir la delincuencia.
En última instancia, Aguilar resaltó la importancia de abordar la prevención del delito desde una perspectiva más amplia, que va más allá del sistema judicial. «La prevención del delito no pasa por la cárcel«, afirmó, sugiriendo la necesidad de fortalecer los valores en las escuelas, promover la unidad familiar y crear más oportunidades de empleo como medidas preventivas.
En resumen, la falta de recursos financieros ha dejado al Poder Judicial de Honduras en deuda con la población, lo que dificulta su capacidad para administrar justicia de manera efectiva y garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. A pesar de algunos esfuerzos, queda claro que se necesitan acciones concretas y un mayor compromiso por parte de las autoridades para abordar esta crisis en el sistema judicial.
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¿Y LA LUCHA CONTRA LA PREVENCIÓN DEL DELITO?
Lo que Aguilar planteó coincide con la realidad del país y la opinión de analistas en temas de seguridad. Por ejemplo, la magistrada cuestionó: “¿Qué se está haciendo para prevenir los delitos de criminalidad?, pues este va en ascenso, con un Poder Judicial que permanece estancado, que prioriza los intereses de la clase política tripartita que colocó a cada uno de los 15 magistrados que conforman el pleno”.
El analista en temas de seguridad, Kenneth Madrid, aseguró que el estado de excepción nunca dio ni dará resultados, porque no existe una lucha frontal en la prevención del delito, ni tampoco existe un plan integral que concluya en el arresto de verdaderos criminales que, según la carga probatoria, tendrían una condena asegurada por el Poder Judicial.
“A esta medida le faltó un plan integral, una estrategia que oriente en cómo se ejecutará la prevención del delito. ¿Se está evitando que los niños caigan en las garras del crimen organizado? No, porque no está entre sus planes. Las estrategias del gobierno carecen de orientación de expertos”, dijo a Criterio.hn Madrid.
De hecho, uno de los principales problemas encontrados en el engranaje de justicia con este estado de excepción, es que la mayoría de los arrestados son liberados seis días después porque no se les presentó evidencia de que son integrantes de una banda criminal y que además se dedican a cometer delitos relacionados con la violencia, como el asesinato, robo, extorsión, entre otros.
Lo anterior compromete al Ministerio Público por la debilidad en la investigación, al Poder Judicial por la mora judicial, lo que sus autoridades justifican que se debe al bajo presupuesto que devengan año con año, pero el principal cuestionamiento recae sobre la institución armada, porque tiene una disposición de recursos millonaria y, en lugar de reducir la criminalidad y violencia, esta va en ascenso.
