Por: Daniel Girón
Tegucigalpa, Honduras.- Para reforzar la institucionalidad y acercar el tiempo de su operatividad, Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), sugirió que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) debería instalarse con las mismas facultades que ya tuvo la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Sin embargo, consideró que si la CICH llega a funcionar en el país bajo el memorándum de entendimiento, con los términos de referencia y los procedimientos previos entre el gobierno y la Organización de la Naciones Unidas (ONU), se debilitaría la institucionalidad porque no trabajaría de forma paralela con el Ministerio Público (MP) y la Uferco, como sucedió con la Maccih.
“La misión en su momento va a venir, va a presentar sus acusaciones y luego se irá porque no va a estar permanente en el país. Entonces, esas buenas prácticas que vino a implementar para acusar, ¿a quién se las va a heredar si trabaja al margen de lo que es el Ministerio Público?, preguntó el pasado miércoles en el Twitter Spaces de Criterio.hn.
“La mejor experiencia con la Maccih fueron los equipos integrados. El hecho de trabajar con los equipos integrados es que si se está fortaleciendo el recurso humano hondureño porque se trabaja en conjunto (…) nunca hubo un problema a la hora de presentar las acusaciones ante los tribunales porque ambos (Maccih y MP) trabajaban bajo el mismo objetivo”, señaló.
El memorándum de entendimiento entre Honduras y la ONU establece que si se logra la instalación de la CICIH tendrá plenas facultades para investigar de manera independiente y presentar casos de corrupción directamente a los tribunales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin tener la necesidad de pasar por el MP.
Pero, además de debilitar la institucionalidad, Santos estimó que, mediante el mecanismo actual, que consiste en la derogación de varios decretos de la Constitución de la República, la instalación de la CICIH tardaría años.
“¿Qué necesita el país?, ¿esperar años para la instalación de una misión o buscar mecanismos? Perfectamente se puede instalar una misión anticorrupción sin necesidad de hacer reformas a la Constitución y en el camino si es necesario reforzar dándole facultades constitucionales”, planteó.
Entre los decretos que deberá derogar el Congreso Nacional para la llegada de la CICIH, está el 93-2021, que establece que los narcotraficantes y políticos vinculados con la corrupción quedan blindados para mantener bajo la opacidad sus riquezas amasadas de manera ilícita, y para que la justicia los procese el MP debe demostrar que los recursos provienen de actos delictivos.
Otro decreto es el 116-2019, el cual consiste en un pacto de impunidad que protege a los diputados de persecución penal del Ministerio Público.
En 2015, luego del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) mayor a los 7 mil millones de lempiras, los hondureños salieron a las calles a exigir la instalación de una CICIH, pero el entonces mandatario Juan Orlando Hernández, negoció con la Organización de Estados Americanos (OEA) la llegada de la Maccih.
En 2016 se creó la Maccih en Honduras y trabajó con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), para que librara los requerimientos fiscales contra los imputados, mientras el ente anticorrupción de la OEA investigaba.
De forma paralela, se crearon los Juzgados de Justicia en Materia Anticorrupción, la Maccih sólo investigó casos de corrupción y su periodo de vigencia fue por cuatro años (2016-2020), tras no ser renovado por el Congreso Nacional precedido en ese entonces por el nacionalista Mauricio Oliva.
En eso cuatro años la Maccih ventiló 14 mega casos de corrupción entre los cuales destacan: Pacto de Impunidad, Caja Chica de la Dama, Arca Abierta, Red de Diputados, Fraude sobre el Gualcarque, Licitación Fraudulenta del Seguro Social, Caso Pandora y Fe de Erratas, todos en impunidad.
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CICIH COMO UN QUERELLANTE ADHESIVO
La representante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), Gabriela Blen, planteó que, para acortar el tiempo de llegada, la CICIH podría venir con un querellante adhesivo al MP, donde no se necesitaría reformas constitucionales, sólo bastaría con una reforma al Código Penal, pero por la clase política del país no cree que suceda.
“Si la CICIH tiene la capacidad de ser un querellante adhesivo va a desarticular las estructuras criminales de una manera en la que los políticos hondureños no lo van a permitir. Sacaron a la Maccih y crearon un nuevo pacto de impunidad, eso deja entrever sus intenciones”, mencionó.
“La figura del querellante adhesivo sería lo ideal en el caso que tuviéramos 86 diputados (mayoría calificada) decentes en el congreso nacional, pero tenemos personas que están vinculadas a intereses corruptos (…) no existen 86 diputados que no estén vinculados con corrupción o que no hayan sido investigados”, añadió.
Enfatizó que si la CICIH llega como querellante adhesivo tendrá más facultades que la Maccih, pero no contará con la independencia de actuar por sí sola, ya que se limitaría a participar en procesos ejecutados o iniciados por el MP, como su nombre lo indica.
FUERA DE LA NEGOCIACIÓN
Para el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, delegado por el gobierno como contraparte ante la misión de expertos de la ONU, la figura de un querellante adhesivo fue descartada porque la CICIH no tendría las facultades de investigar ni actuar con plena independencia.
“La figura del querellante adhesivo fue excluida de la negociación, eso fue claramente expuesto en la negociación. No se iba a hacer uso del querellante adhesivo, sino que se iba a hacer uso directamente del ejercicio de la acción pública penal por parte de la CICIH”, expresó.
“El gobierno decidió que esto era un tema demasiado importante para que se planteara la independencia de este organismo simplemente en el proceso judicial a través de un querellante adhesivo porque tenía que esperar a que el MP presentase los casos para ellos adherirse”, agregó.
Para que la CICIH tenga plena independencia al momento de investigar y presentar las pruebas en los tribunales, se debe hacer la reforma planteada por la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Hortensia Zelaya, en el artículo 232 de la Constitución, para que de esa forma no se pase por los canales del MP.
PROCESO DE LA CICIH
Como parte de un avance, el 21 de abril, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, envió los términos de referencia para la llegada de una delegación de expertos que asesorarán al país en la Comisión Anticorrupción.
Mientras tanto, la ONU anunció que esos expertos ayudarán al gobierno a sentar las bases necesarias para el posible establecimiento de un ente internacional imparcial, independiente y autónomo, como están exigiendo diversos sectores de la sociedad, aunque eso signifique que el proceso demore varios años.
La función que tendrá dicho grupo de expertos es brindar asistencia técnica sobre reformas legales y hará un diagnóstico de la situación del país en la que se considerará si es viable la instalación del ente anticorrupción.
Desde su trinchera, la ONU ha instado a Honduras para que se establezca un principio autónomo, independiente e imparcial, respetando los principios básicos establecidos en el memorándum de entendimiento, por lo advierten que, si no se cumple sin facultades para investigar, es imposible que la Comisión se posicione en Honduras.
