Por: Redacción CRITERIO.HN
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El titular de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de la Corrupción (UFERCO), Luis Santos, ha manifestado que la lucha contra la corrupción en Honduras está cuesta arriba, “como siempre”, porque a veces los mismos perjudicados salen en defensa de los funcionarios investigados.
El pasado lunes, 25 de octubre, el fiscal, Santos, presentó un escrito de antejuicio, solicitando la autorización del Juzgado de Letras Penal Anticorrupción, para perseguir penalmente al Alcalde Municipal del Distrito Central, Nasry Asfura y a la regidora, Nilvia Castillo, a quienes supone responsables de los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos públicos y lavado de activos, en perjuicio de la administración pública.
Estos funcionarios son acusados del desvío de 29 millones de lempiras que supuestamente fueron extraídos de la municipalidad del Distrito Central y trasladados a cuentas particulares. “En el escrito dejamos establecida toda la ruta del dinero y el juez va a tener la oportunidad de poder valorar la prueba”, indicó Santos. Asimismo, le exigió al juez aplicar la normativa establecida y dictar una resolución apegada a derecho.
Nasry Asfura, conocido popularmente, como, Papi a la Orden, corre por la candidatura a la Presidencia de la República, en representación del Partido Nacional de Honduras, por el movimiento interno, Unidad y Esperanza, razón por la cual, activistas y funcionarios, también cuestionados por corrupción, como el diputado, David Chávez, han salido al paso, para descalificar la investigación realizada por el Ministerio Público.
Chávez dice que la acusación realizada por la UFERCO es una persecución política derivada de la oposición. Sin embargo, el fiscal, Santos, ha manifestado, que “nosotros nos dedicamos a trabajar, a hacer las investigaciones y una vez concluidas procedemos conforme a lo que corresponde”, indicó.
Sostuvo, que cuando se trata de funcionarios, el Código Procesal Penal, lo obliga a agotar las prerrogativas del antejuicio, previamente a incoar una acción penal.
El problema se da porque los diputados del Congreso Nacional han aprobado reformas para blindar la corrupción, tal como ocurrió el 18 de enero de 2018, con el Decreto 141-2017, que reformó la Ley Orgánica del Presupuesto General de la República, para impedirle al Ministerio Público incoar acciones contra los funcionarios acusados de corrupción, mientras que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) esté realizando auditorías de esos fondos.
En tal sentido, el fiscal Santos, aseguró, que los informes de TSC en casos de corrupción, lavado de activos y malversación de caudales públicos, no prestan ningún aporte.
Aparte, reveló, que el TSC, desde el 2010 se mantiene realizando una auditoría de la municipalidad del Distrito Central. “¿Cómo es posible que una institución encargada de auditar los fondos de las instituciones tenga 10 años de estar haciendo una auditoría?”, cuestionó este fiscal, encargado de la investigación y judicialización de casos de corrupción.
El trabajo de la TSC históricamente ha sido cuestionado por no estar de acuerdo con las necesidades de combate de la corrupción en el país. El Director Ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, ha manifestado en repetidas ocasiones que en promedio, éste entre contralor del estado, se demora cuatro años para emitir un informe sobre casos de corrupción.
A la situación se suma el favoritismo y politización que en el TSC se da como producto de los compromisos que asumen los magistrados al momento de ser nombrados para ocupar esos cargos. De igual forma en que le eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y otras autoridades del país, ellos son nombrados por los diputados del Congreso Nacional.
En abril del 2015 se publicó una investigación, que relata la forma en que la ex magistrada del TSC, Daysi de Anchecta, le borró responsabilidades penales y administrativas de 297 millones de lempiras, a Ricardo Álvarez, ex alcalde de Tegucigalpa, ex designado presidencial y líder del movimiento interno del Partido Nacional, Juntos Podemos, que encabeza Mauricio Oliva.
Pero vale decir que el Ministerio Público tampoco ha sido eficiente en la judicialización de los casos de corrupción contra los políticos de alto perfil. Después de la publicación, el caso Anchecta y Ricardo, fue denunciado por un grupo de diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) y por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC). La fiscalía unió las causas en un solo expediente, pero fue engavetado días después de iniciadas las diligencias.
