Por: Carlos Zelaya Herrera
La nominación de candidatos a nuevas autoridades del Ministerio Público encara en sí misma un reto de la clase política nacional y de quienes orientan las postulaciones, y de lo que se espera de ellas ante los altos índices de corrupción e impunidad que persisten en la sociedad hondureña.
El índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, clasifica 180 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, conforme a expertos y empresarios y entre más cerca están de 180, mayor es la corrupción.
En el caso de Honduras, el estudio muestra una involución conforme al ranking de los años 2015 y 2017, en los que el país cayó 24 puntos; y mayor retroceso en el 2016 con una caída de 12 escaños, al pasar del lugar 123 al 135.
Aunque algunos segmentos destacan la gestión del Ministerio Público, la demanda de la sociedad es más alta aún debido a la inmensa cantidad de delitos de corrupción y de crímenes de alto impacto aún no resueltos.
Conflictos medulares de la problemática actual de nuestra sociedad, están en los informes de la Comisión de la Verdad y en los de las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea de 2013 y del 2017 y cómo la impunidad del golpe de estado del 28 de junio de 2009, incide como elemento coyuntural de la actual crisis pos electoral de Honduras.
Y es que la dinámica del combate contra dichos flagelos que libran el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala, CICIG, respectivamente, genera nuevos parámetros de respuesta del estado ante la demanda de justicia de la sociedad.
En el plano local, al cúmulo de casos denunciados de corrupción o crímenes de alto perfil, como el de la ambientalista y líder Lenca, Berta Cáceres, en el que apenas uno de los autores intelectuales ha sido detenido, se suma los de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción, UFECIC.
La salida del Vocero Oficial de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MACCIH, Juan Jiménez Mayor y el fallo judicial que botó dos de las acusaciones a la ex primera dama Rosa Elena de Lobo, en el caso “Caja Chica de la Dama”, son dos reveces ya para la Misión y la UFECIC.
En el prontuario del Ministerio Público figuran también denuncias del Consejo Nacional Anticorrupción, en especial casos de presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud, Ministerio de Educación y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, de las que aún no hay respuesta alguna.
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El proceso de selección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto arrancó a comienzos de marzo anterior, culmina en septiembre próximo, y a esta fecha existe cierto grado de preocupación debido a la poca cantidad de propuestas que han sido presentadas.
La interrogante de la comunidad nacional y la vigilancia de la comunidad internacional se plantean de las propuestas como la votación que resulte de las bancadas en el Congreso Nacional, de la transparencia y compromiso con Honduras dependerá de que el país cuente con autoridades valientes y decididas a resolver un problema secular de la sociedad catracha.
Como un ejemplo de la justicia continental están los casos de políticos que depusieron al cargo al ligarlos en actos de corrupción como Otto Pérez y Roxana Baldetti, presidente y ex vicepresidente de Guatemala; Luiz Inacio Lula y Dilma Roussef, en Brasil; Pedro Pablo Kuzinsky, en Perú y el más reciente, el antejuicio al presidente Jimmy Morales y la nulidad de personería jurídica de su Frente de convergencia Nacional-Nación, por no declarar fondos de campaña al órgano electoral chapín.
La trascendencia del escándalo de la firma constructora brasileña Odebrecht, conocido como Lava-Jato, que involucra a gobiernos de 17 países del continente, que habrían recibido sobornos por más de 300 millones de dólares, más los hallazgos en los Panama-Papers, pero aún no se asoman a los anales investigativos de la persecución penal pública correspondiente a las unidades especializadas de la Fiscalía General de la República, que mucho menos termina por cerrar el extenso laberinto de impunidad que rodea a los autores intelectuales de crímenes históricos, como el saqueo de más de 600 millones de dólares de la Corporación Nacional de Inversiones, (CONADI), o tan actuales y relevante como los de Berta Cáceres y el del Instituto Hondureño de Seguridad Social, por citar los más emblemáticos.
6 respuestas
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Todavía este ingenuo analista cree en retos a cumplir. No se da cuenta que estamos en honduras.
Ante todo gracias por la lectura y la crítica; y solo aclarar que ese espacio que califica de «ingenuidad», es el que dejamos para que lectores con sentido crítico compartan sus criterios, dar bastante sin saturar todo el contenido para que el lector delibere libremente y con respeto mutuo. Pero no desconocemos la observación y mejoraremos la puntería. Saludos cordiales desde la distancia Juan Leonardo Alvarenga Madrid.