Tegucigalpa.- Honduras tiene una larga y dolorosa deuda con sus poblaciones indígenas. El racismo está enraizado en las instituciones públicas y esto es evidente cada vez que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúan como los brazos ejecutores a favor de los intereses privados.
Fue palpable en el proceso de criminalización contra los ocho defensores de Guapinol en Tocoa, Colón; en la ausencia de investigación en la desaparición forzada de los cuatro jóvenes garífunas de Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida; o incluso la falta indagación en los crímenes contra defensores ambientales, indígenas y de derechos humanos.
La lista es larga y los villanos pocos. No es de extrañar que organizaciones nacionales e internacionales tengan los ojos puestos en Roatán, Islas de la Bahía, mientras se realiza la audiencia inicial contra Melissa Martínez, Dorotea Arzú, Richard Martínez, Luis Moisés Dolmo, Abad Sánchez Gómez y Keyder Tichani Ballesteros, acusados por el Ministerio Público por usurpación agravada de su propio territorio ancestral.
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El movimiento Guapinol Resiste se solidarizó con el pueblo Garífuna y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), exigiendo libertad tras la realización de la audiencia inicial de los defensores acusados de usurpación de su territorio ancestral.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras exigió “libertad sin condiciones para las defensoras y defensores Garífunas de Punta Gorda”.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) también se solidarizó con las y los luchadores Garífunas de Punta Gorda, quienes “enfrentan audiencia por ‘usurpación’ de su tierra ancestral”.
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La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) anunciaron que están “atentas a la audiencia ilegítima contra defensoras garífunas. Basta ya del racismo y del desconocimiento de los derechos del pueblo garífuna por parte del Poder Judicial. ¡Defender el territorio ancestral es un derecho legítimo!”
El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) y abogado experto en derecho constitucional, Ramón Barrios, pidió libertad definitiva a favor de los seis líderes y lideresas Garífunas, “la persecución contra los defensores de la tierra y del medio ambiente debe cesar, estaremos vigilantes”.
La organización Front Line Defenders también se unió a los llamados pidiendo la libertad absoluta y definitiva de Melissa Martínez y sus compañeros Garífunas criminalizados, así como el cese de la violencia contra los pueblos originarios.
La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) publicó desde sus redes sociales que se sumaban al llamado por la libertad absoluta de Melissa Martínez y los demás defensores Garífunas criminalizados.
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó ayer a realizar un control de la admisión de la prueba, asegurando pertinencia y otorgando plazo suficiente a la defensa para su revisión.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) demandó la liberación de las y los defensores Garífunas y el cese a la persecución contra los pueblos originarios.
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