Los juicios de Nueva York y la estrategia imperial para Honduras (parte I)

Tomas Andino Mencía

Desde hace varios años, capos hondureños de la droga capturados entre 2014 y 2019 han incriminado a destacados personajes políticos y empresariales de Honduras con importantes repercusiones políticas en el país. El último de esos casos, fue la publicación en diario La Prensa de un fragmento de un documento originado en la Fiscalía del Estado de New York en el juicio seguido al narcotraficante Héctor Emilio Fernández Rosa (alias “Don H”) según el cual el capo habría entregado 2 millones a un personaje llamado “Oficial 1” (que el diario La Prensa presume se trata de Manuel Zelaya Rosales, aunque el documento no lo nombra) para que este colocara un Ministro de Seguridad a su conveniencia, si ganaba las elecciones en 2005.

Finalmente, al ser difundidas otras secciones del documento original se aclaró que esta noticia fue manipulada por el diario en cuestión, para hacer aparecer que el expresidente Zelaya habría recibido ese dinero, cuando el documento original tenía otro párrafo –omitido por la publicación de La Prensa—en el que Don “H” declara que finalmente no lo hizo porque no creyó que Zelaya iba a ganar las elecciones. La misma organización que giró la información en su sitio web, Pro Honduras Network, hizo la aclaración sobre este tema.[1]

Pero este no ha sido el primero ni será el último que nos vendrá de las Cortes Distritales de Justicia de Estados Unidos, por lo que es necesario intentar explicar que es lo que hay detrás de este mecanismo que tiene al borde de una crisis de nervios a la llamada clase política y empresarial hondureña desde hace cinco años.

SOBRE LA EXTRATERRITORIALIDAD

La extraterritorialidad de la jurisdicción penal de un país sobre otros es un principio ampliamente aceptado en materia de derechos humanos en las últimas décadas. El caso de Pinochet, juzgado por un tribunal español, es un ejemplo de eso. El principio es que un crimen de Lesa Humanidad es un crimen contra la humanidad y no solo contra los habitantes de un país.

Pero ¿qué pasa cuando ese principio es utilizado en procesos en los cuales el bien jurídico que se protege no es un principio universal sino una norma nacional? En ese caso, por regla general no se le debería considerar lícito. Eso es lo que ocurre con la justicia norteamericana que posee al menos un tribunal con facultades de extraterritorialidad (Tribunal del Distrito Sur de New York) que juzga personas que no cometieron delito en Estados Unidos, pero que considera que es materia de juzgamiento porque de alguna forma afecta al país. Este tipo de juicios se ha usado mucho en el juzgamiento de casos en México[2], y ahora se experimenta en Centroamérica, con nuestro país.

Ese sistema, sin embargo, no tiene un trato recíproco, es decir no es objeto de un convenio de mutuo acuerdo, de tal modo que un tribunal nacional pueda juzgar a norteamericanos que han afectado los intereses de Honduras desde aquel país. Si así fuera, seguramente todos los gobiernos norteamericanos que han tomado decisiones que nos afectan deberían haber desfilado por nuestros juzgados.

La extraterritorialidad que aplican las cortes norteamericanas son una imposición imperial a la que dicho país somete a sus estados vasallos, lo cual se complementa con la constitución de Comisiones internacionales de justicia o contra la corrupción e impunidad promovidas por la OEA y la ONU, como el caso de la CICIG y la MACCIH.

Lo peor es que se le acepta como legítimo y hasta conveniente, habida cuenta de las debilidades de los sistemas judiciales nacionales. Eso no solo es renunciar a construir nuestro propio sistema sino rendirse al nuevo tipo de colonialismo judicial del imperio, que es utilizado crecientemente como un instrumento de injerencia en nuestros países.

ANTECEDENTES

Desde 2013 arrancan procesos judiciales por parte de la Corte del Distrito Sur de New York sobre personajes hondureños que allá consideran pueden ser objeto de estos en materia de criminalidad organizada, para los cuales se utiliza el recurso de la extradición.

Una característica de estos procesos es que existe un notorio desfase de tiempo desde que sus expedientes son constituidos y son hechos los resúmenes de la Fiscalía norteamericana, y la fecha cuando trascienden públicamente en Honduras. Este desfase es una muestra de la manipulación de que son objeto. Algunos ejemplos relevantes de esto son los siguientes:

  • Los hermanos Rivera Maradiaga (alias Los Cachiros) se entregaron voluntariamente en enero de 2015, y tuvieron sus audiencias y sentencia en 2017[3], en las cuales involucraron en sus declaraciones al expresidente Porfirio Lobo Sosa, pero la noticia fue difundida en Honduras hasta mayo de 2019 (hace unos dos meses).
  • Los Cachiros también involucraron en la misma declaración a Tony Hernández. La noticia trascendió en octubre de 2016, pero no tuvo ninguna consecuencia judicial en Honduras en esa ocasión. Después, la acusación fue confirmada por testimonio de Fabio Lobo, hijo de Pepe Lobo, capturado en marzo de 2017, pidiéndoselo al gobierno su extradición, sin que se hiciera nada para ello. Tony Hernández, tuvo que ser capturado por la justicia norteamericana en Estados Unidos hasta el 23 de noviembre de 2018.
  • Carlos Lobo, alias “El Negro”, capturado el 27 de abril de 2014 [4] y cuyas audiencias se desarrollaron en 2017, involucró a Juan Orlando Hernández, pero esto fue difundido en Honduras en mayo de 2019, sin mayor consecuencia para este.
  • Héctor Emilio Fernández, alias Don “H”, fue capturado en febrero de 2015, y desde noviembre de ese año ha dado declaraciones para las audiencias que le siguen en la Corte del Distrito Sur de New York, pero las mismas fueron difundidas cuatro años después, en julio 2019, para involucrar a Manuel Zelaya Rosales.

De lo anterior se colige que todos y cada uno de estos expedientes de la Corte de NY fueron filtrados a la prensa nacional varios años después de cuando se originaron, y que ésta, a su vez, los hace circular cuando mejor estima conveniente con consecuencias diferentes en Honduras, según si el involucrado está cerca del poder o si es de la oposición política.

Que el gobierno de alguna forma intercede para definir el destino de esos documentos o de la información que contiene, lo muestra el hecho de que Marvin Ponce, Asesor de JOH, conocía en 2018 que “un expresidente será extraditado”, algo que en efecto estaba siendo tramitado en esa época.[5]

Un caso que retrata de cuerpo entero este trato diferenciado es un documento originalmente redactado en 2013 por la Fiscalía del Estado de NY, en el que se declaran objetivos de investigación la familia Rosenthal (Jaime, Yani, Yanquel) así como como Ebal Diaz, asesor de la Presidencia, Hilda Hernández (posteriormente fallecida ministra sin cartera y hermana de JOH) y el actual Ministro de Seguridad, Julián Pacheco. Sin embargo, la extradición fue efectivamente pedida solo para la familia Rosenthal desde enero de 2016, al tiempo que todas sus propiedades fueron incautadas por el gobierno hondureño (por cierto, ilegalmente, ya que no fueron vencidos en juicio en el país), mientras que JOH, su Asesor y su ministro de seguridad, involucrados en el mismo documento que aquellos, su caso viene a sonar hasta mayo de 2019, sin que haya asomo de que se hará en su contra algo similar a lo actuado con los Rosenthal, por parte del sistema judicial hondureño.

Pero estos casos son apenas la punta del iceberg. Ya en 2017, es decir, hace dos años, el empresario Eduardo Facussé, aseguro que el gobierno ha recibido más de 33 solicitudes de extradición contra funcionarios de las que ha accedido a menos de la mitad (15), lo que significa que el procesamiento de esa información es muy selectivo[6]. A estas alturas la lista debe ser mayor, así como la deuda.

¿Qué significa esto?  Que los casos de supuestos narcos o aliados de narcos fundamentados en los juicios de New York son utilizados de manera selectiva y de alguna forma conveniente por el poder de turno, teniendo consecuencias de “castigo” solo para quienes se encuentran en la oposición política interna o externa al Partido del mandatario.

JOH LIMPIA EL PATIO INTERNO USANDO LAS EXTRADICIONES Y EL SISTEMA JUDICIAL HONDUREÑO

Esto último se ve a las claras en el tratamiento que dio el sistema de justicia y la prensa afín al gobierno al caso de Rafael Leonardo Callejas, Pepe Lobo y de Manuel Zelaya Rosales, todos ellos personajes que fueron (o son) peligrosas competencias u obstáculos para el gobernante en su meta reeleccionista. En este apartado me referiré a los dos primeros casos y luego al caso de Manuel Zelaya.

Rafael Leonardo Callejas fue el primer caso de extradición. Callejas había mostrado sus aspiraciones presidenciales en marzo de ese año, presentando ante la CSJ un recurso de inconstitucionalidad contra la Constitución (¡) para romper la prohibición a ser reelecto, lo que logro en abril de 2015, abriéndole también la puerta a la reelección a JOH. Sin embargo, Callejas fue extraditado el 3 de diciembre de 2015 por el escándalo del FIFA Gate, sin que JOH hiciera nada por impedirlo.

Pepe Lobo es otro caso simbólico. Pepe era el todo poderoso presidente del Comité Central del Partido Nacional, quien catapulto a JOH en el Congreso, influyendo para que fuera su presidente, y lo encubrió del escándalo del IHSS. Sin embargo, después de que su hijo Fabio Lobo involucrara al hermano de JOH, Tony Hernández, en las audiencias de su juicio en 2017, el mandatario inició una cacería contra su familia, capturando a su hermano Ramón, a su esposa, Rosa Elena, al cuñado de esta, Mauricio Mora, estando su sobrina y su hermano también en la mira de la justicia. Desde entonces Pepe Lobo se convirtió en su principal contrincante político en el Partido Nacional.

JOH no actuó en su contra inmediatamente porque el Partido Nacional estaba en plena campaña electoral en 2017, y una denuncia de ese calibre habría tenido consecuencias muy negativas en la intención de voto. Pero pasado el proceso electoral, y habiéndose colocado Pepe Lobo en rebeldía ante la autoridad central del Partido Nacional por el tema de la reelección presidencial, tanto su caso como el de su esposa fueron objeto de persecución política. Casi de inmediato que fue dado a conocer por la prensa nacional el expediente de la Corte de New York, donde se le menciona, la MACCIH lo sometió a un proceso de investigación criminal en mayo de este año y desde entonces es sometido a lo que llama una persecución política.

La labor de “limpieza” interna en el Partido Nacional del gobernante lo llevó a deshacerse también de otros potenciales contrincantes. Fue el caso de Ricardo Álvarez, el principal contendiente de JOH en las internas de 2012, quien bajó su perfil político desde que fue mencionado en el escándalo del Trans 450; o el de Oscar Álvarez quien aspiraba a la candidatura del Partido Nacional para la Presidencia en 2013, pero rápido le cortaron las alas desde que en 2016 fuera mencionado por Ramírez del Cid y Muñoz Licona como parte del crimen organizado, en un artículo del New York Times, desapareciendo del escenario político [7]

Otro caso importante es el de la ex Designada Presidencial, Lorena Herrera, quien fue objeto de persecución y amenazas de muerte de parte de miembros del circulo gobernante, según denuncia interpuesta por ella ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y a nivel internacional. [8]

EL CASO DE ZELAYA

El caso de Manuel Zelaya Rosales merece una mención aparte. Es el primer caso cuyo nombre no aparece explícitamente en lo que se ha logrado filtrar de las revelaciones del “Negro” Lobo, desde 2015, aunque por las referencias que da la Fiscalía, no es difícil imaginar de quién se trata.[9]

Lo que llama la atención es que Manuel Zelaya, siendo el principal líder de la oposición política y teniendo JOH mucho más poder que en la actualidad, nunca fue mencionado en los cuatro años que transcurrieron desde las primeras declaraciones de “Don H” aunque por esa época.

¿Por qué no lo hizo público por esa época para incomodar a su contrincante? Las razones de ese silencio tan prolongado, teniendo JOH acceso al expediente de las declaraciones de “Don H”, están aún por ser determinadas por la historia. Sin embargo, mi hipótesis es la siguiente: Aunque JOH pudo haber hecho un escándalo usando la prensa que tenía a su favor, el documento no constituye una base sólida para una acusación, pues ni siquiera la Fiscalía de la Corte de NY se atrevió a solicitar la  extradición de Zelaya por falta de méritos suficiente, ya que, a pesar de la sospecha del Fiscal de turno, “Don H” no avaló en su primera declaración la presunción de la entrega de soborno al expresidente.

Por otro lado, iniciar un juicio al líder del Partido LIBRE, con tan débil “prueba” cuando en 2015 JOH estaba arrinconado por el movimiento de las antorchas y necesitaba recuperar la estabilidad política necesaria para encaminarse al proceso electoral de 2017, donde consumaría su reelección, lo llevó a apostar pragmáticamente por no agitar las aguas antes de noviembre de 2017, por lo que la situación se decantó hacia una coexistencia pacífica de ambos líderes.

Esto explicaría la anuencia del Partido Nacional para llegar a arreglos con Zelaya en esa época.  ¿Será que el acceso de LIBRE a cargos en el RNP, TSC, así como el acuerdo para aprobar una limitada reforma electoral y crear el nuevo CNE y TSE, formaban parte de ese entendimiento? De hecho, las “reparticiones” de esa época, solo incluían las tres fuerzas principales, con exclusión de otras fuerzas políticas existentes en el país. ¿Sera que eso también explica la ambivalencia de Zelaya en el tema de la reelección y el abandono de las protestas en las calles para volcarse a las urnas?

[1] https://www.facebook.com/218098678751329/videos/2266582636786016/

[2] https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/alcance-puede-tener-jurisdiccion-extraterritorial-eeuu-para-juzgar-crimenes-extranjero/

[3] https://www.elheraldo.hn/pais/1237084-466/jefe-de-los-cachiros-delató-a-tony-hernández-hermano-del-presidente-de

[4] https://confidencialhn.com/el-capo-negro-lobo-revela-que-dio-250-mil-dolares-al-presidente-de-honduras/

[5] https://criterio.hn/2017/09/26/pepe-lobo-esta-lista-extraditables-gobierno-no-lo-entrega-teme-escandalo-politico-adolfo-facusse/

[6] https://criterio.hn/2017/09/26/pepe-lobo-esta-lista-extraditables-gobierno-no-lo-entrega-teme-escandalo-politico-adolfo-facusse/

[7] https://www.nytimes.com/es/2016/04/15/tres-generales-y-un-cartel-violencia-policial-e-impunidad-en-honduras/

[8] https://confidencialhn.com/joh-ordeno-matar-a-vicepresidenta-por-no-apoyarlo-en-maniobras-continuistas-y-mafiosas/

[9] El documento se refiere a “un funcionario que finalmente se desempeñó como presidente a partir de 2006 y que salió de su cargo en 2009 por un golpe de Estado”, en clara alusión a Zelaya.

Un comentario en “Los juicios de Nueva York y la estrategia imperial para Honduras (parte I)

  • el septiembre 7, 2019 a las 7:39 am
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