Tegucigalpa, Honduras.- Respetar la nómina entregada por la Junta Proponente y lograr consensos para llevar a cabo la elección en el tiempo establecido en la Constitución de la República, serían algunos de los retos que tiene el Congreso Nacional para elegir al séptimo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP), de acuerdo con analistas.
“El Congreso Nacional debe completar el proceso de elección del nuevo fiscal y fiscal adjunto del Ministerio Público para evitar caer en componendas políticas, que busquen continuar con el mismo tecnicismo, para eso deben respetar lo que manda la Constitución de la República y Ley Orgánica de la fiscalía”, analizó Jaime Arellano, ejecutivo de la Misión Internacional de Observación (MIO-Honduras).
Agregó que, “el proceso debe terminar en las próximas semanas sin postergarlo, conforme a lo establecido, si no es así, sería un error que daría inicio a un juego político que se podría derivar en que no habría un nuevo fiscal general en Honduras el primero de septiembre, incumpliendo, por parte de los diputados, todo lo que dice la norma”.
Arellano, exdirector del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), recordó lo que sucedió en la elección de los 15 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia (SCJ) que, tras no lograr consensos entre las bancadas, el proceso estuvo entrampado por varios días, hasta que se logró llegar al famoso acuerdo “tripartito”.
Dicho proceso de elección se dilató por tres semanas y se resolvió hasta cinco días después que los antiguos magistrados, encabezados por el nacionalista, Rolando Edgardo Argueta, quien en su tiempo fue uno de los brazos poderosos del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), salieran de sus cargos.
Para que el proceso de elección de los fiscales se entrampe como pasó con el de los magistrados hay dos escenarios probables. El primero, que es el más probable, ante la falta de productividad de los diputados, es que no se logren los consensos para elegir, de la nómina final al fiscal general y adjunto que iniciarían el 1 de septiembre de 2023.
El segundo, sería irrespetando la nómina de cinco abogados que envío la Junta Proponente, luego que la Sala de lo Constitucional de la CSJ admita los recursos de amparo y establezca una resolución que favorezca a los abogados encargados de interponerlos, mismos que fueron inhabilitados del proceso que hizo la Junta Proponente.
Una vez la Sala de lo Constitucional admite los amparos y dé una resolución favorable, se frenaría el proceso, no importando que esté en el Congreso Nacional, y eso les daría tiempo a los diputados pertenecientes a las bancadas mayoritarias para hacer las reforma a le Ley del Ministerio Público que pactaron en la elección de los magistrados, en febrero de 2023.
Lo anterior con el objetivo que los partidos que integran el acuerdo tripartito (Libertad y Refundación, Nacional y Liberal) queden con una cuota de poder en el andamiaje del Ministerio Público, tal y como se repartieron las 15 sillas de magistrados a profesionales del derecho que probablemente respondieron a intereses de la clase política y económica.
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RESPETO POR LA NÓMINA FINAL
Para Edison Lanza, integrante de la MIO-Honduras, hipotéticamente el Congreso Nacional no logre llegar a consensos, escondiendo de esa manera sus verdaderas intenciones antidemocráticas, sería un verdadero atropello al trabajo que hizo la Junta Proponente, reviviendo el antecedente más reciente registrado en la elección de 2018.
“La Junta Proponente hizo un buen trabajo y hay que reconocerlo. En el caso extremo que el Congreso no valore la nómina final que entregaron sería una falta de respeto, abuso a la ley y democracia”, opinó.
En 2018 el Congreso Nacional presidido por el diputado nacionalista Mauricio Oliva eligió fuera de nómina y de manera arbitraria, dejando de lado el trabajo hecho por la Junta Proponente de aquél entonces, al actual fiscal general Óscar Chinchilla, quien es cuestionado por las decisiones que ha tomado en la dirección de la fiscalía.
Sin embargo, pese a la desconfianza generada por la clase política, Lanza planteó que hay maneras de hacer más transparente este proceso y es a través de entrevistas públicas que una comisión de diputados le podría hacer a los cinco abogados que integran la nómina.
“Debe de haber un proceso de entrevistas públicas a cada uno de los abogados que integran la nómina enviada por la Junta Proponente, con la finalidad de promover más transparencia al proceso que está en manos del Congreso Nacional y que debería terminar el 31 de agosto”, planteó.
Luego que el Congreso Nacional recibiera la nómina final el pasado 1 de agosto, hasta el momento no han iniciado ningún debate, ni se han pronunciado sobre el tema, pero dentro del tiempo establecido (hasta el 31 de agosto) tienen para escoger, con la mayoría calificada de votos que son 86, a las futuras autoridades de la fiscalía que estarán en el cargo desde el 1 de septiembre de 2023 hasta 2028.
De la nómina final, la abogada mejor evaluada fue Jenny Gabriela Almendares, alcanzando como calificación un 99.55% de 100, el segundo mejor fue el actual secretario de la Procuraduría General de la República (PGR), Mario Alexis Morazán con 87.98%.
Si el proceso de elección se hiciera por meritocracia, respaldando el trabajo de selección que realizó la Junta Proponente, Almendares, con más de 20 años de experiencia de ser fiscal titular y Alexis Morazán, que también se desempeña como catedrático universitario, tendrían que asumir la titularidad de la fiscalía para los próximos cinco años.
