El pasado seis de noviembre de 2023, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sancionó a dos empresas operadoras de telefonía por incumplir con la venta de chips, mismos que podrían ser los que llegan a las manos de las criminales para realizar los cobros de extorsión
Tegucigalpa, Honduras.- Aunque el gobierno militarizó las cárceles para erradicar la anarquía de los privados de libertad ligados a estructuras criminales, los dirigentes del transporte urbano siguen denunciado el cobro de la extorsión a través de llamadas telefónicas provenientes de los recintos carcelarios.
El 31 de enero de 2014 se publicó el decreto numero 255-2013 que prohíbe a operadores de servicio de telefonía móvil, celular y comunicaciones personales en los espacios de los centros penales, hoy nueve años después las llamadas siguen a la orden del día.
“Las autoridades están implementando medidas que quizás estén dando frutos en otros sectores, pero en el transporte urbano no, porque las llamadas extorsivas siguen saliendo desde la cárcel. Aunque, según las autoridades, no haya señal, estos tipos (privados de libertad) se han reforzado con drones y sistemas satelitales que facilitan la comunicación desde el interior de las cárceles”, contó a Criterio.hn el empresario de transporte Jorge Lanza.
Agregó que “a través de esas llamadas provenientes de las cárceles, los criminales, pertenecientes a distintas agrupaciones criminales, nos están informando que incrementarán el cobro del pago de extorsión en los próximos meses, porque vienen las fiestas de navidad y fin de año”.
Lanza contó que ellos, como dirigentes de transporte, se dan cuenta que las llamadas provienen desde el interior de los distintos centros penitenciarios, principalmente Támara, ubicado en Francisco Morazán, porque tras interponer la denuncia, las autoridades les confirman el lugar de donde salió la comunicación.
“Cuando pasamos los números (celulares) y las coordenadas, las autoridades identifican que las llamadas vienen desde los centros penales (…) las mismas autoridades nos cuentan que no han podido erradicar la salida de llamadas porque los integrantes de las maras y pandillas tienen aparatos para comunicarse de manera satelital”, mencionó Lanza.
Lo paradójico del caso es que este auge de llamadas extorsivas, se está dando en medio de una intervención de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en los centros penales, luego del intento fallido de la Policía Nacional, a través de la subsecretaria de Seguridad Julissa Villanueva, de recobrar el orden.
La institución castrense tomó el control de todos los centros penales de la mano del coronel Ramiro Muñoz, desde inicios de julio del corriente año, luego que se registrara la peor masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en la que murieron 46 privadas de libertad.
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Con esta intervención militar, la dirigencia del transporte urbano en todas sus modalidades, pensó que el cobro de extorsión se controlaría, pero menos de seis meses después, Lanza aseveró que esta modalidad delictiva se está arreciando.
Según datos de la dirigencia del transporte, desde el uno de enero de 2023, hasta este 13 de noviembre, han asesinado a 55 transportistas (choferes y ayudantes) en todo el territorio nacional y más de 150 unidades están paralizadas sólo en el Distrito Central por el deliberado cobro de extorsión.
Además, sólo en el Distrito Central cada unidad de transporte entrega al crimen organizado 20 millones de lempiras mensuales, lo que al año vendrían siendo 250 millones. “Y el que no paga deja de trabajar; huye del país o lo terminan asesinando”, denunció Lanza.
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EJECUTANDO ESTRATEGIAS, PERO SE DEBE ESPERAR
Ante la denuncia de uno de los dirigentes del transporte más mediáticos de la capital, el directo de la Unidad Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), Mario Molina, justificó que para que la acciones y planes implementados para erradicar la extorsión y delitos conexos se debe esperar un poco más de tiempo.
“Ahora tal vez no sea visible, pero desde el seis de diciembre se comenzó el estado de excepción, tenemos registradas unas 1,885 detenciones por el delito de extorsión y otros delitos conexos, lo que representa un avance”, dijo en medio de comunicaciones el jefe de la DIPAMPCO.
Sin embargo, reconoció que a las capturas no se les da el proceso correcto para llevar hasta los tribunales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, por ese motivo, junto a la cúpula de las autoridades de seguridad, elaboraron un proyecto de ley que presentaron a la presidenta Xiomara Castro.
“Ya nosotros (en un proyecto de ley) unimos al investigador, fiscal y juez para que se lleve a cabo el merecido proceso y no quede en impunidad. Identificamos los artículos (de la ley) que tienen que ver con la extorsión y tapamos aquellas algunas que están fallando”, contó.
