El próximo 27 de enero, la militancia del oficialista Partido Libre está convocada a movilizarse para conmemorar el segundo aniversario desde la asunción de Xiomara Castro al poder
Analistas consultados por Criterio.hn coinciden en que tanto Libre como los sectores opositores poseen el derecho constitucional a movilizarse, expresarse y manifestarse
Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes, la presidenta Xiomara Castro reiteró la convocatoria a una nueva movilización el próximo 27 de enero, en esta ocasión para conmemorar los dos años desde que ascendió al poder el 27 de enero de 2022.
«Pueblo hondureño, este 27 de enero debemos movilizarnos para defender este proceso transparente, revolucionario y solidario, en su segundo aniversario, y en apoyo a mi gobierno que traza el camino sólido para la refundación de la patria», declaró Castro durante una ceremonia de ascensos en la Policía Nacional.
Se trata de la segunda ocasión en que Xiomara Castro anuncia esta movilización; la primera ocurrió el pasado 1 de enero durante el mensaje de Año Nuevo que ofreció a través de una cadena nacional.
Además, es la tercera movilización de este tipo, después de las ocurridas el 18 de julio y el 29 de agosto de 2023, en las que respectivamente se exigió la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria y se respaldó la llegada al país de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), y se presionó para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto.
La aprobación de una reforma tributaria y la instalación de un mecanismo anticorrupción autónomo e independiente, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fueron dos de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro.
DEBE HABER RESPETO MUTUO
La primera de estas movilizaciones, ocurrida el 18 de julio de 2023, se vio ensombrecida al ser paralela a la convocatoria que también realizó el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) para exigir la llegada de la CICIH.
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Luego de que Libertad y Refundación (Libre), el partido de Gobierno, anunciara la marcha paralela, el Cespad y otras organizaciones de sociedad civil determinaron suspender la marcha para evitar confrontación con simpatizantes del oficialismo.
A consideración de analistas consultados por Criterio.hn, esta fue una acción condenable por parte del Gobierno.
El investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Joaquín Mejía, dijo a este medio digital que el Gobierno tiene derecho a movilizarse, pero también a respetar cuando organizaciones civiles o la oposición política deciden protestar.
«Hay que retomar aquel evento cuando organizaciones convocaron a manifestación en apoyo a la CICIH, y Libre convocó a la misma hora y lugar, olvidando y dejando de comprender que los movimientos sociales debemos ser autónomos del poder o de cualquier partido político», expresó Mejía.
El director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, coincidió con Mejía en que tanto Libre como los sectores opositores y la sociedad civil organizada poseen el derecho constitucional a expresarse, movilizarse y manifestarse.
«Lo que debe cuestionarse es que a veces pretendan adueñarse de las calles, porque eso reduce espacios cívicos y derechos», comentó a Criterio.hn.
Además, condenó que cuando el 9 de mayo de 2023 se marchó en Choluteca, en oposición a la Ley de Justicia Tributaria, desde el Gobierno se emitieron acciones «desmedidas».
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El 10 de mayo de 2023, en reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la presidenta Xiomara Castro ordenó investigar las protestas en contra del proyecto de la Ley de Justicia Tributaria, y acusó a la empresa privada y a organizaciones políticas conservadoras de financiar dichas movilizaciones y solicitó deducir responsabilidad a los organizadores de las mismas.
PONER OJO AL FINANCIAMIENTO
El director ejecutivo del Cespad, Gustavo Irías, dijo a Criterio.hnque el Gobierno recurre a este tipo de herramientas o convocatorias para evidenciar, dentro de una sociedad polarizada, el intento de evidenciar el «respaldo social» del que disponen.
«Probablemente, desde el poder se busca bloquear la expresión de ciertos sectores y verificar hasta qué grado, desde el poder, este tipo de expresiones busca respaldo y evidenciar el respaldo popular», manifestó Irías.
Por otra parte, cuestionó que la atención debe estar enfocada en cómo son financiadas las movilizaciones del Gobierno y Libre.
«Nos plantea preguntarnos si son financiadas desde el partido, que es legítimo, o determinar si son financiadas con los recursos públicos, lo cual no sería legítimo», declaró.
El 7 de septiembre de 2023, Criterio.hnsolicitó a Casa Presidencial los montos erogados por transporte, alimentación y hospedaje para las personas que asistieron a la movilización del 29 de agosto de 2023, y también gastos logísticos como montaje de escenarios, luces y audios, y afiches.
Sin embargo, desde el Gobierno se respondió que dicha información no corresponde a esa institución y que la solicitud debía ser trasladada a Libre, pero desde ese partido político tampoco se brindó una respuesta.
Según grupos de oposición, la movilización de Libre, del 29 de agosto, costó cerca de 50 millones de lempiras y se financió con fondos públicos, aunque dicho extremo no ha sido verificado.
