Por: Joaquín A. Mejía R
Abogados por los Derechos Humanos
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La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), al más puro estilo gansteril, publicó un comunicado en el que literalmente amenaza con sanciones administrativas y penales a cualquier medio de comunicación que difunda “rumores o información especulativa que pueda provocar daño a la economía así como al Sistema Financiero Nacional”.
CONATEL debería de saber que la libertad de expresión es una garantía fundamental para asegurar la autonomía de las personas, el Estado de derecho y las instituciones democráticas, y que ha sido catalogada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como “una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”.
En este sentido, es indispensable para la formación de la opinión pública y para ejercer el control ciudadano de las instituciones y de los actos de gobierno, lo cual es esencial en el Estado de derecho y es una de las claves del fortalecimiento de la democracia. Por ello es que se afirma que “una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.
Los miembros de CONATEL están demostrando desprecio o ignorancia total en relación con los alcances del derecho a la libertad de expresión, que abarca toda la información, inclusive aquella que pueda ser errónea, no oportuna o incompleta.
A la luz del derecho internacional, es importante hacer una distinción entre aquella información que responden a hechos concretos y de posible comprobación fáctica, de la que corresponde a juicios de valor. En este último caso es imposible hablar de veracidad o no de la información.
Como lo establece la jurisprudencia interamericana, la “exigencia de veracidad puede implicar la censura casi automática de toda aquella información que es imposible de someter a prueba, lo que anularía, por ejemplo, prácticamente todo el debate político sustentado principalmente en ideas y opiniones de carácter netamente subjetivo”.
Cuando CONATEL califica cierta información como rumor o especulación y amenaza con proceder administrativa y penalmente contra quienes la difundan, está cometiendo una de las violaciones más graves a la libertad de expresión: la censura previa.
Exigir la verdad, la oportunidad o la imparcialidad en la información parte de la premisa de que existe una verdad única e incuestionable. Por tanto, cualquier calificativo previo que se le imponga a la información limita la cantidad de información protegida por el derecho a la libertad de expresión.
Lo que hace CONATEL al calificar de rumores o especulaciones el posible debate sobre el lavado de activos en el sistema financiero nacional, es digno de sociedades gobernadas por dictaduras y regímenes autoritarios.
