Redacción: Viena Hernández
Tegucigalpa. – El proyecto de ley para la selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quedó en pausa, pues la idea era que fuera aprobada antes de junio, previo a las vacaciones de un mes de los diputados del Congreso Nacional.
El abogado Josué Murillo en conversación con Criterio.hn, apuntó que existe confianza en la propuesta que realizó el secretario de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Edmundo Orellana Mercado, y la elaborada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
La tarea del Congreso Nacional es tomar esas propuestas y las presentadas por los diputados Fátima Mena y Rasel Tomé para hacer un análisis y aprobar la que mejor se ajuste al momento histórico actual y al clamor de la ciudadanía.
Hay que toma en cuenta que el punto primordial, el cual es expuesto en todas las propuestas, es terminar con la politización para permitir primar a la meritocracia por encima de cualquier afiliación política partidaria de los candidatos.
“Necesitamos que de estos procesos salgan excelentes profesionales y no politiqueros que bajo la investidura del poder obedecen y ejecutan las órdenes de su cacique de turno”, señaló el abogado Josué Murillo.
El togado recordó que no es el primer intento en busca de reconstruir los operadores de justicia, la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública en el año 2013, presentó una propuesta de ley ante el Congreso Nacional de aquel entonces y ante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) para la selección de altos funcionarios del Estado.
Esa propuesta fue socializada con una amplia participación de la sociedad civil, la cual recibió en teoría todo el apoyo de parte del exmandatario Lobo Sosa, sin embargo, no hubo apoyo del Congreso Nacional y se archivó.
Es decir, se ha hecho el intento por generar cambios en la manera de elegir a las personas que ocuparán altos cargos, sobre todo cuando se trata de entes de justicia como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero antes no hubo éxito.
El proyecto de ley para la selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tiene la misión, en caso de ser aprobada, de presentar en enero de 2023 una nómina ante el Congreso Nacional, la cual deberá incluir 45 candidatos y candidatas que reúnan todos los requisitos de preparación, integridad y de ser personas sin tacha para optar a convertirse en magistrados del Poder Judicial.
La convocatoria e instalación de la Junta Nominadora deberá realizarse en los primeros 15 días del mes de julio, además los entes convocados deberán acreditar a sus representantes a más tardar el 31 de agosto de 2022.
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El proyecto de la “Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, ha sido socializado por la Secretaría de Transparencia con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH).
La propuesta es prometedora y señala que las organizaciones integrantes de la junta nominadora ya no tendrán potestad para presentar listados de candidatos por tratarse de una práctica que las coloca como “juez y parte”.
Respecto a si se logrará aprobar esa ley que promete un proceso transparente para conformar una nueva, eficaz y funcional Corte, lejos de los cuestionamientos y la falta de credibilidad que mantiene el Poder Judicial actual, nace la incertidumbre, debido a la división dentro del Partido Libertad y Refundación (Libre) y la inconformidad en las declaraciones del líder del Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla, que podrían representar una ruptura de alianza política con la presidenta Xiomara Castro.
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EXPECTATIVAS PASADAS
Hubo enormes expectativas en la sociedad hondureña hace ocho años, pero el 10 febrero del 2014 se anunció la abolición de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, la cual elaboró 12 propuestas jurídicas que terminaron siendo engavetadas al ser desechadas por los diputados del Congreso Nacional, cuando Juan Orlando Hernández tomó la silla del Ejecutivo, tirando así 30 millones de lempiras y el trabajo de la comitiva a la basura.
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El 20 de enero de 2014, el pleno de diputados derogó el decreto que daba vida a la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), en ese entonces, trascendió que su eliminación se debió a la discrepancia y visión distinta de los comisionados, la cual no iba acorde a la política de seguridad pública del exmandatario y extraditado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández.
La Comisión se había opuesto a que la Policía Militar que impulsó JOH tuviera rango constitucional, uno de sus objetivos era certificar el proceso de depuración de la Policía Nacional efectuado por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
Principalmente, tenían la misión de diseñar, planificar y certificar el proceso de reforma integral de la seguridad pública que incluía la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, tal como lo señalaba el decreto legislativo 04-2012 con el que se creó el 31 de enero de 2012.
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En el contexto en que nació, había fuertes cuestionamientos, como los hubo siempre durante el mandato de Hernández, respecto a la elevada corrupción e invasión del crimen organizado en la Policía y en los operadores de justicia.
En dos años, la Comisión presentó un paquete de reformas jurídicas para mejorar las acciones del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional, pero ninguna fue considerada por el Congreso Nacional, muchos menos por el Poder Ejecutivo.
Los integrantes de la Comitiva fueron: Víctor Meza (QDDG), exministro de Gobernación y Justicia; Jorge Omar Casco, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); Matías Funes (QDDG), catedrático universitario; Aquiles Blu, general retirado de la Policía de Carabineros de Chile, y el canadiense Adam Blackwell, secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos.
