Foto portada: La ley de Colaboración Eficaz fue propuesta por la MACCIH
Tegucigalpa.- La lucha por desarticular y desmontar las estructuras criminales en Honduras podría dar un giro con la puesta en marcha de la Ley de Colaboración Eficaz, una exigencia de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que estaría por concretarse.
La Comisión Especial del Congreso Nacional que dictamina el proyecto de ley contentivo a la referida normativa, presidida por el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, anunció que esta semana podría ser sometido a discusión su aprobación como un aporte para enfrentar estructuras criminales.
“Es un instrumento sumamente valioso para el sistema de administración de justicia penal, para la persecución de aquellos delitos de corrupción y crimen organizado, una ley innovadora que seguramente preocupa a algunos, pero alegra a la mayoría porque por primera vez los administrados de justicia tendrán el poder de perseguir toda una estructura criminal que tanto le hace daño a Honduras”, expresó.
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El proyecto de ley contiene 28 artículos consensuados con fiscales y jueces que permitirá nutrir diligencias del Ministerio Público frente a investigaciones y requerimientos fiscales, una ley que se considera se ajustará a la realidad criminal del país.
“Será una herramienta efectiva. Si ya con esto no investigamos, pues ya no hay forma de investigar porque aquí le estamos dando beneficios a personas que nos den la información necesaria para llegar al fondo de asuntos”, aseveró Herrera.
Conocida y nombrada por estructuras criminales como “la Ley del Sapo”, esta herramienta legal tendrá como propósito que informantes vinculados en actos criminales y ligados a una estructura otorguen y proporcionen información a la fiscalía que permita desarticular bandas y redes delictivas.
“Será una herramienta determinante para el Ministerio Público para poder completar procesos de investigación más profundo que le permita sustentar los requerimientos fiscales ante los tribunales de justicia. Estamos trabajando con los actores con quienes utilizarán esa ley para buscar el combate a la criminalidad y delincuencia organizada”, explicó la congresista Silvia Ayala, también parte de la Comisión.
Ayala aclaró que la apuesta de la Ley de Colaboración Eficaz no responde a una exigencia o requerimiento para instalar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) como lo establece el memorándum de entendimiento entre Naciones Unidas y el gobierno de Xiomara Castro.
“Este trabajo no se está realizando en cumplimiento de ningún tipo de condicionamientos, lo estamos haciendo como un compromiso de entregarle al Ministerio Público esta herramienta que se necesita para poder mejorar la calidad de las investigaciones y que los requerimientos fiscales vayan debidamente sustentados”, dijo.
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La Ley de Colaboración Eficaz fue una propuesta de la MACCIH, organismo internacional adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) que presentó unos 13 casos de corrupción en los que sindicó a exfuncionarios, diputados, exdiputados, entre otros vinculados a redes de corrupción.
Es la tercera ocasión que se presentará el proyecto de ley al Congreso Nacional, cabe indicar que, en la administración anterior al mando de Mauricio Oliva del Partido Nacional, la normativa fue desechada debido que la MACCIH investigaba a varios congresistas de ser parte de una red de diputados que desviaron fondos públicos a cuentas personales, incluido Oliva.
La congresista Fátima Mena señaló como prioridad establecer mecanismos que aseguren una colaboración oportuna con información efectiva porque de nada servirá beneficiar a colaboradores si estos no entregan pruebas que conlleven a desmontar redes criminales.
“Hay que establecer mecanismos para asegurarnos que la información debe ser veraz auxiliado con otros medios de pruebas para corroborar el testimonio del colaborador y que la información debe ser efectiva. De nada me sirve si un colaborador me dice la verdad, si esa verdad no va a servir para desarticular una estructura criminal”, advirtió.
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En tanto, el Partido Nacional propuso que se incluya que si una persona que se convierte en colaborador de la fiscalía y emite testimonios e información falsa deberá ser penado con igual o mayor años de prisión al delito que se persigue, de lo contrario, generará un efecto contraproducente al Estado.
El director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD por sus siglas en inglés), valora que la normativa legal debe ir encaminada a mejorar las capacidades judiciales y reducir la mora judicial que “cuenten con elementos tangibles y no políticos”.
“Es importante que, si se aprueba esta ley, se cuente con las condiciones para implementarla de manera íntegra, confiable y sobre todo que garantice buenos resultados en materia judicial”, pronunció.
Es importante señalar que Naciones Unidas propuso como requisito para avanzar en la instalación de la CICIH aprobar la referida normativa que promovió la fenecida MACCIH.
