Analistas consultados por Criterio.hn manifestaron que la Ley de Colaboración Eficaz, por sí misma, no será suficiente para desmantelar redes de corrupción y crimen organizado
Tegucigalpa, Honduras.- La aprobación de una Ley de Colaboración Eficaz deberá venir acompañada de un fortalecimiento al programa de protección a testigos protegidos y reformas al Código Penal.
El Congreso Nacional ha tenido en sus manos desde el 15 de noviembre de 2022 el dictamen de la Ley de Colaboración Eficaz, una herramienta que serviría al Ministerio Público para desbaratar redes de corrupción o crimen organizado.
En resumidas palabras, busca que alguien que ha presenciado o participado en un delito, y ofrezca información a los fiscales, pueda recibir beneficios legales, como reducción de penas o libertades condicionales, si su colaboración es crucial para desmantelar una organización.
Sin embargo, según analistas consultados por Criterio.hn, la ley por sí sóla no será suficiente para combatir el crimen organizado y la corrupción.
Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), expresó que la Ley de Colaboración Eficaz será una herramienta positiva si se maneja de manera adecuada.
“No se trata de un derecho de la persona imputada o de la persona que puede convertirse en colaborador eficaz, sino de la potestad del Ministerio Público de usar esa herramienta en caso de que una persona pueda proporcionar información verídica y corroborable”, declaró.
Luis León, analista político, afirmó que, junto con la aprobación de esta normativa, deben existir reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, así como un fortalecimiento al Programa de Protección de Testigos Protegidos del Ministerio Público.
“Tenemos un Código Penal cuyas penas son ambiguas en delitos contra la administración pública. Entonces, ¿cuántos van a querer exponerse si las penas realmente no son contundentes? Es necesario reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal”, señaló en entrevista con Criterio.hn.
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León aseguró que, mientras no exista un fortalecimiento de los mecanismos de protección de testigos, la Ley de Colaboración Eficaz no tendrá suficiente efecto.
“Esta ley es importante y necesaria para avanzar en la lucha contra la corrupción. Lo que me preocupa es que los testigos protegidos no cuentan con mecanismos de protección adecuados. Usualmente, aquellos que son testigos protegidos terminan siendo descubiertos, asesinados o expuestos públicamente”, señaló.
El Estado hondureño dispone actualmente de un Programa de Protección a Testigos Protegidos y una Ley de Protección a Testigos Protegidos en el Proceso Penal, vigente desde 2007.
En el caso Pandora, que implica el desfalco de 286 millones de lempiras de las arcas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), dinero que acabó en campañas electorales de los partidos Liberal y Nacional en 2013, uno de los involucrados, Fernando Suárez, se acogió al programa de la Fiscalía, pero en 2021 renunció y se marchó del país bajo asilo político.
En 2022, la Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitir una solicitud de extradición, pero finalmente, pese a que la Sala de lo Penal inició los trámites, no se ejecutó.
SE REQUIERE ANÁLISIS
Para el analista político Raúl Pineda Alvarado, una Ley de Colaboración Eficaz es necesaria, pero será importante analizar si el sistema de persecución penal actual tiene la capacidad de garantizar el éxito de un mecanismo de ese tipo.
“La colaboración eficaz es sin duda alguna una herramienta de combate al crimen, pero en el orden real, también implica que el Estado autoriza a una persona para cometer delitos. Eso debe ser visto con mucho cuidado, entonces se requiere un análisis y debate profundo en este aspecto”, declaró Pineda Alvarado a Criterio.hn.
COLABORACIÓN EFICAZ Y CICIH
Dentro de las negociaciones en el marco previo a la instalación de un mecanismo anticorrupción (CICIH) entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas, la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz figuró dentro de las recomendaciones hechas en 2023 por el grupo de expertos de las Naciones Unidas.
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Desde que inició la primera legislatura del período 2022-2026, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dio trámite a la elaboración del dictamen, tras haber sido engavetado el anteproyecto de ley durante el segundo período del nacionalista Mauricio Oliva como presidente del Legislativo (2018-2022).
Finalmente, el 15 de noviembre de 2022, una comisión presentó ante el pleno legislativo el dictamen de la Ley de Colaboración Eficaz, pero, a 1 año y 6 meses de ello, sigue sin someterse por fuerzas políticas interesadas en que no ocurra, según diputados consultados por Criterio.hn.
