Nuevamente un funcionario del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, acusado por delitos de corrupción, solicitó ampararse al decreto de amnistía
Tegucigalpa.- La Ley para la reconstrucción del Estado de derecho y para que los hechos no se repitan, conocida como “Ley de amnistía política”, continúa siendo un fantasma que persigue a la administración de Xiomara Castro. Una serie de lagunas que persisten en la normativa permite que se continúen mezclando delitos por actividades conexas con delitos por actividades de corrupción
Desde que se aprobó con controversia en el Congreso Nacional el 3 de febrero de 2022, exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), acusados por delitos contra la administración pública, han visto en este decreto una posible salida a sus cuentas pendientes con la justicia. En tanto, el Legislativo y el Ejecutivo se han vuelto blancos de críticas.
Durante la noche de ese 3 de febrero, en la sala de sesiones del Legislativo se aprobó esta ley bajo decreto legislativo 4-2022, después una iniciativa que presentó el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, y que trazó por objetivo resarcir los daños ocasionados tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y la instalación de un gobierno de facto encabezado por el hasta ese día presidente del Congreso hondureño, Roberto Micheletti.
La ley fue aprobada con la venia de 28 legisladores de Libre, nueve del Partido Salvador de Honduras (PSH), cuatro del Partido Liberal y un importante número de diputados suplentes de Libre. Al mismo tiempo, bajo la virtualidad, 44 congresistas del Partido Nacional, 22 disidentes de Libre, 18 del Partido Liberal, así como la única representación de la Democracia Cristiana (DC) y del Partido Anticorrupción (PAC), continuaban a las órdenes de Jorge Cálix.
VEA: Pacto de impunidad disfrazado de amnistía otorga libertad a Marcelo Chimirri
La ley se aprobó a doce años de que el presidente de Honduras entre 2006 y 2009, Manuel Zelaya Rosales, fuera derrocado por los poderes Judicial y Legislativo el 28 de junio de 2009, después de que intentó consultarle a la ciudadanía si estaba de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente.
La defenestración del entonces titular del Ejecutivo hondureño desató una crisis política que, según informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), dejó al menos 18 asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y miles de heridos, así como perseguidos políticos y un sinnúmero de violaciones a derechos humanos.
¿QUÉ ES LA AMNISTÍA?
En el actual contexto, la “Ley de amnistía política” otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al régimen de facto que sucedió al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales a la orden de los tres últimos gobiernos nacionalistas.
Para aspirar a recibir esta amnistía, las personas anteriormente especificadas deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que justifique con claridad y amplitud las razones para que el operador de justicia aplique la amnistía.
Según datos recabados por Criterio.hn, hasta el 22 de abril de 2022, la SEDH había emitido 18 constancia en favor de 74 ciudadanos. Las acusaciones, según la información a la que se accedió, incluían daños agravados, desórdenes públicos, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamientos de armas de guerra, entre otras.
Le recomendamos: Amnistía: el “perdón y olvidó” que beneficia a corruptos y perseguidos político
El jefe de bancada del PSH, Tomás Ramírez, en conversación con este medio digital, mencionó que el espíritu de la ley continúa siendo claro y que la intención de la ley, desde un inicio, ha sido “beneficiar a personas dañadas por los últimos doce años sucesivos al golpe de Estado”.
“La esencia de la ley era beneficiar a personas que protestaron contra el golpe de Estado, personas a las que les colocaron armas o drogas, personas a las que por ejercer un derecho las consideraron enemigas del Estado. Aunque, sí, también hay que recordar que la ley continúa llena de lagunas, que como bancada (del PSH) hemos solicitado eliminar”, mencionó.
Sin embargo, dicha normativa también incluye un abanico de delitos contra la administración pública, como ser: abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública. Todo lo anterior, según distintos sectores de la sociedad, han hecho del decreto un “pacto de impunidad”.
En esa línea, la diputada del PSH, Ligia Ramos -una de las integrantes de la comisión que dictaminó la ley-, dijo escuetamente a Criterio.hn que continúan a la espera de una reforma en el catálogo de delitos y que es importante que la amnistía “no la han seguido aplicando a los corruptos”.
No obstante, a ocho meses de la vigencia de la amnistía otorgada a delitos contra la administración pública, a criterio del analista político Raúl Pineda Alvarado, la falta de reformas está afectando profundamente la imagen del Gobierno.
“Es positivo que se amnistíe en función de un proyecto reconciliador a personas que, durante los últimos dos acontecimientos electorales, tomaron medidas de protesta social. Eso es una cosa, sí, pero otra muy distinta es que personas que utilizaron inapropiadamente recursos del Estado y abusaron de autoridad, hayan sido beneficiados de forma indigna. Eso fue un error político”, expresó a Criterio.hn.
El 3 de marzo de 2022, Marcelo Chimirri -primo de la presidenta Xiomara Castro-, fue beneficiado por la amnistía. El exgerente de la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), hallado culpable por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude y enriquecimiento ilícito, había sido condenado a 17 años de prisión.
Un día después, el 4 de marzo de 2022, a Enrique Flores Lanza también se le otorgó una carta de libertad tras haber cesado cualquier acción penal en su contra, después de que el conocido artífice de “El Carretillazo”, fue procesado por delitos de falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y fraude. El ahora asesor presidencial Flores Lanza, que hasta ese día estaba prófugo de la justicia, retornó a Honduras el 18 de marzo de 2022.
OTRO FUNCIONARIO DEL PODER CIUDADANO QUISO SER AMNISTIADO
Con el propósito de correr con la misma suerte de Chimirri o Flores Lanza, el pasado 4 de octubre, el exministro de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), José Rosario Bonano (2006-2009), acusado por delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, solicitó ampararse al decreto legislativo 4-2022.
En su artículo 4, inciso A, esta polémica normativa establece que debe concederse la amnistía a funcionarios, empleados o autoridades que se desempeñaron entre el 27 de enero de 2006 y el 28 de junio de 2009, y que fueron requeridos, acusados o procesados por actos propios del ejercicio de su función pública, en procesos calificados como “políticamente motivados”.
A ese inciso, que previamente benefició Marcelo Chimirri y a Enrique Flores Lanza, se amparó el extitular de la Soptravi.
A pesar de ello, el Tribunal de Sentencia denegó la solicitud interpuesta por la defensa de Bonano y argumentó que el decreto en cuestión, aprobado con polémica dentro del Legislativo, posee “vicios de inconstitucionalidad”.
A falta de medios probatorios por parte del Ministerio Público, el 30 de junio de 2017 el Tribunal de Sentencia, de manera unánime, absolvió de responsabilidad penal a José Rosario Bonano.
No obstante, después de que la Fiscalía presentó un recurso de casación -ratificado por la Sala de lo Penal-, el 9 de marzo de 2022 el Supremo hondureño ordenó la repetición de su juicio oral y público, cuya fecha continúa pendiente de conocerse.
A Bonano se le responsabilizó por una serie de irregularidades detectadas un proyecto de pavimentación de la carretera La Esperanza, Intibucá-Marcala, La Paz. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en un informe de 2011, reveló que no se ejecutaron garantías y tampoco se aplicaron multas, se modificaron contratos vencidos y no se ejecutaron obras pagadas.
El 12 de agosto de 2014, durante una entrevista exclusiva con un telenoticiero, el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, aseguró que José Rosario Bonano, en su condición de coordinador del proyecto “Cuarta Urna” en el departamento de Atlántida, recibió cuatro millones de lempiras en efectivo procedentes del Banco Central de Honduras (BCH), en el contexto del conocido caso “El Carretillazo”.
En su momento, Bonano dijo: “Definitivamente no hemos recibido un centavo. Nosotros coordinamos el departamento (Atlántida), pero aquí, el día que trajeron las urnas, el señor Óscar Flores (Soptravi), trajo un millón de lempiras para repartirlos entre los ocho municipios y personalmente se le dio a cada uno (…) Lanza (Enrique Flores) anda azorado porque va para el bote (la cárcel)”.
El abogado Omar Menjívar, tras conocer la solicitud del José Rosario Bonano, aseguró el 5 de octubre de 2022 que “sin duda ese decreto de amnistía tiene que revisarse y precisarse mejor. Nunca, nunca, pero nunca, la responsabilidad por corrupción, puede ser exonerada, salvo los casos excepcionales del colaborador eficaz. Mientras, el deber de aplicación del decreto, recae en el juez”.
