Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. Luego que en las últimas horas se aprobara en el Congreso Nacional una serie de artículos transitorios que funcionaran como una “Ley Especial paras las Elecciones Primarias” 2021, analistas hondureños ahondaron sobre los riesgos que enfrenta la sociedad hondureña con la realización de un proceso electoral, donde las elecciones primarias se regirán con una ley transitoria y la ley electoral vigente, en tanto las elecciones generales con la nueva Ley Electoral que apruebe el Congreso Nacional en las próximas semanas.
Aunque las nuevas disposiciones aprobadas en el Congreso Nacional aportan algunos elementos relevantes en materia electoral, “la legislación se ha quedado rezagada”, analizó el representante de la Asociación Hondureña para una Sociedad Más Justa (ASJ), Rafael Jerez, la mañana de este viernes en un foro televisivo a través de UNE TV.
Rafael Jerez
En lo que refiere al contenido de la aplicabilidad de los artículos transitorios, existen algunas observaciones en materia de la realización del proceso electoral primario, indicó.
En aspectos generales “gran parte de los artículos no coinciden con la ley vigente”, explicó Jerez, para quien eso supone que el desarrollo de un proceso electoral primario con la actual ley electoral y los artículos transitorios, se presentan algunos conflictos en materia de aplicabilidad de las leyes que regirán las elecciones primarias.
Por otro lado, aunque se trabaja para el cumplimiento de los plazos en la entrega de la identidad y el nuevo censo electoral provisional del proceso primario, los pronósticos no son muy alentadores.
“Recordemos que el nuevo censo va a tener entre cinco a seis millones de ciudadanos. Y el periodo para curar el censo de forma electrónica se va a dar en un mes, en diciembre de este año. Entonces hay que ver si realmente va a ser suficiente para subsanar las deficiencias que pueda tener el censo”, agregó.
Asimismo, “también hay que cuidar que no haya una duplicidad en el ejercicio del sufragio teniendo dos tarjetas de identidad”, apuntó en relación a la disposición que en “Ley Especial paras las Elecciones Primarias” 2021 habilita a la ciudadanía votar con la identidad antigua o el nuevo documento de identificación que entregue a la sociedad el Registro Nacional de las Personas (RNP).
“En función de los nuevos plazos también se establece que la depuración electoral se va a hacer de forma electrónica”, pero “hay que tener cuidado porque hay que ver cuántos ciudadanos tienen acceso a esa parte electrónica”, consideró Jerez.
En este contexto, el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, amplió que a la improvisación previo a las primarias se añade la incertidumbre de los dos temas torales que ha demandado la ciudadanía: la regularización de la reelección presidencial y la aplicación de la segunda vuelta electoral.
Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh)
“Un tema de expectativa de la sociedad era reglamentar la reelección ponerle ciertos candados”. También “necesitamos un mecanismo de la segunda vuelta, y aquí era importante que las tres fuerzas políticas se pusieran en consenso para poder tener esa herramienta”, refirió Zepeda.
Todo esto necesitaba tiempo de planificación jurídica para cumplir con los procesos, cosa que no se cumplió en el marco de las reformas electorales, añadió.
También apuntó que precisamente este ambiente de improvisación administrativa electoral ha repercutido en una reacción decepcionante por parte de la ciudadanía, donde se ha dejado un mal sabor de boca entre los hondureños que esperaban una mejor organización del proceso electoral de 2021.
Sobre todo, teniendo en cuenta que si se recuerda en las elecciones de la experiencia electoral de 2017, en ese periodo «llegamos a tener más de 1,800 millones de lempiras en el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral”, lo cual, “fue prácticamente tirar sal al mar si vemos todo lo que se hizo con la escogencia de alguien que no fue votado por las mayorías”, señaló Zepeda.
Sin embargo, ahora en la realización del proceso electoral 2021, aunque se ha destinado recursos a los órganos electorales, han sido insuficientes, porque “la inversión de los órganos electorales para el montaje de las elecciones debió haber tenido en este año la inversión necesaria en todo el equipamiento”, explicó.
El representante de la ASJ, también apuntó la debilidad que el contenido de la nueva Ley Electoral expresa en materia de la fiscalización de los fondos de los partidos políticos.
“Al menos en esta nueva ley que se propuso en el Congreso no hay un cambio positivo”, puesto que “hay un riesgo que haya una regresión en el tema del financiamiento político”, advirtió Jerez.
“Hay riesgos que se elimine la Unidad de Política limpia y se concentra la facultad y fiscalizar campañas políticas en el Consejo Nacional Electoral. Eso es un riesgo porque de cara a este ciclo electoral de 2021, el Consejo Nacional debería tener como única tarea organizar un proceso justo y transparente, porque suficientes problemas tienen con esta nueva ley o la ley vigente”, detalló.
En ese sentido, el comisionado de la Unidad de Política Limpia, Javier Francisco Franco, declaró que como órgano auditor han venido abogando por la independencia jurídica.
“Para que la Unidad puede tener una independencia jurídica se requiere mediante una reforma constitucional”. Sin embargo, “los comisionados trabajamos con nuestro cuerpo legal y diseñamos 15 artículos que ya los remitimos al Congreso, para efectos que puedan ser introducidos como una ley transitoria para que la Unidad pueda tener una mayor rigurosidad en este nuevo proceso electoral”, explicó.
