Tegucigalpa.- Durante el lanzamiento del Centro Contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC), el enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, afirmó que «estamos al lado de las víctimas de la corrupción en Centroamérica».
Zúñiga reconoció que sienten «los efectos de esa corrupción aquí, en los Estados Unidos, por eso hemos trabajado de cerca con socios valientes que están trabajando de cerca para responder al flagelo. Han sido los ciudadanos, que han demandado a los gobiernos que respondan a las necesidades de los tres pueblos».
Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la presentación del CCINOC, una iniciativa liderada por organizaciones de la sociedad civil de Guatemala, El Salvador y Honduras, que busca combatir la corrupción y la impunidad en la región, a través de la observación, investigación, información y divulgación.
Las organizaciones involucradas en el proyecto son: Acción Ciudadana y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) en Guatemala; Acción Ciudadana, la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA), Cristosal y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) en El Salvador; y en Honduras, la Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH). La Fundación Internacional de Seattle (SIF) también forma parte de la iniciativa Zúñiga citó parte del discurso que el Secretario de Estado, Antony Blinken, uso durante su reunión en la ciudad de San José con los ministros de relaciones exteriores de Centroamérica, y que fue organizada por Costa Rica en su rol como actual presidente del Sistema Integración Centroamericano (SICA).
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Recordó que la corrupción le cuesta a Centroamérica 13 mil millones de dólares cada año, que corresponde a la mitad del Producto Interno Bruto de Honduras o dos veces la cantidad de remesas anuales que recibe El Salvador. «13 mil millones de dólares que podrían ser usados para mejorar la salud, la educación y la seguridad de los centroamericanos. Cuando hacen falta esas buenas condiciones en casa, los ciudadanos obviamente las buscan en el exterior», señaló.
Por Honduras, el director del FOSDEH, Mauricio Díaz Burdett, dijo que «la lucha contra la corrupción es un proceso inconcluso, un proceso interrumpido. De tal forma que la salida de la MACCIH no solamente interrumpió su trabajo, sino que también potenció que los políticos pudieran elaborar sus propias leyes para protegerse».
Díaz Burdett indicó que el costo de la corrupción en Honduras representa más del 10% del PIB y que «para los próximos 30 años ya está planificado». Remarcó «que la corrupción ha permeado la Policía, las Fuerzas Armadas y los tres poderes del Estado» y «trasciende los espacios nacionales» por lo que es necesaria la organización de la sociedad civil de la región.
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La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, sostuvo que «es el momento de ir más allá de la oratoria, de tomar decisiones integradas y radicales dentro del Triángulo Norte de Centroamérica, mismo que es el cuartel general de las elites políticas y económicas que se han armado contras los avances anticorrupción», en referencia a las expulsiones de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Castellanos cerró su intervención señalando que la batalla contra la corrupción deben darla los ciudadanos, los empresarios y la sociedad civil, por lo que es imperativo fortalecer las instituciones que representan. «Tenemos tres fronteras, tres objetivos: fortalecer el Estado de Derecho, combatir la corrupción y la impunidad. Ese es el triángulo que debemos asumir como destino».
El embajador de Suecia en Guatemala, Hans Magnusson, saludó la creación de la CCINOC y declaró que «es un paso acertado y necesario que demuestra el rol importante de la sociedad civil organizada e independiente y con capacidad técnica». Asimismo, manifestó que, para Suecia, como miembro de la Unión Europea, «el estado de derecho es uno de los valores principales; no es una ideología, no es política partidaria, mucho menos es de izquierda o derecha, es un valor que todos los partidos políticos democráticos deben defender».
