Por: Hugo Noé Pino
Una de las salidas de los grupos promotores del golpe de estado en junio de 2009 fue la celebración de las elecciones en noviembre del mismo año. Pese a la evidencia que el orden constitucional había sido violado, se empecinaron en sostener que la institucionalidad seguía funcionando porque el Congreso estaba vigente, la Corte Suprema de Justicia también, lo mismo que otras instituciones del sector público. “Golpe al ejecutivo” sostuvo después la Comisión de la Verdad en un claro adefesio jurídico. A este barco se sumó los Estados Unidos y luego la cooperación internacional.
Las consecuencias del golpe de estado no se hicieron esperar y tres años después (2012) el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, despide cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con la complicidad de los diputados del partido Nacional y el lado oscuro del partido Liberal. Esto, pese a que la Constitución hondureña establece la separación de poderes sin ninguna condición de subordinación. Extrañamente nadie se refirió al “golpe a la Corte Suprema de Justicia” y el resto de los magistrados mediocres lo aceptaron. Lo mismo sucedió con el fiscal general que fue obligado a renunciar.
Los nuevos magistrados de la Sala Constitucional fallarían posteriormente que la reelección en Honduras era permitida, pese a la prohibición expresa de la Constitución y sobre los cadáveres de los asesinados durante el golpe. Pero son la “institucionalidad” y lo “fallos de las cortes hay que acatarlos”, señalaron los defensores de oficio, ante la pasividad del resto de la población. Luego los magistrados del Tribunal Superior Electoral organizarían uno de los mayores fraudes en la historia de Honduras, pero la comunidad internacional, comenzando con Estados Unidos, justificaría que la “institucionalidad habló” y hay que respetarla. Así, el fraude se consuma.
En 2015 estallan denuncias de corrupción y la población sale a las calles a exigir una comisión contra la corrupción e impunidad similar a la Cicig de Guatemala. El gobierno se tambalea y accede a conformar una versión reducida de la Cicig con la Maccih de la OEA. Lo que no calculó el gobierno es que cualquier profesional que se considerara honesto al venir a Honduras, y conocer la monumental de la corrupción en el país, estaría en disposición de acusar a los responsables. “Es tan fuerte la corrupción en Honduras, que hasta con cheques depositan el fruto de la corrupción” sostuvo con sorpresa Juan Jiménez Mayor. Marrey Guimaraes mejor se fue después de un año ante el cinismo de los corruptos y las murallas erigidas en el poder judicial.
En efecto, la mayoría de las acusaciones de la Maccih y Ufecic han chocado con el muro de los jueces naturales que dilatan los juicios, botan cargos que conducen a prisión preventiva y dan todo tipo de ventajas a los corruptos. Nuevamente, “la institucionalidad no funciona”, pero hay que respetarla; es así y no puede ser de otra manera. Para muestra un botón, pregunten cuántos de los casos presentados por la Maccih-Ufecic han concluido y cuántos de los acusados guardan prisión.
Mientras tanto, el Congreso Nacional de mayoría del partido Nacional junto al lado oscuro del Liberal y los partidos de maletín proceden a blindar la corrupción atando de manos al Ministerio Público a través de reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas. Ahora el Ministerio Público no puede investigar, ni ejercer la acción penal que la Constitución le concede, porque el Congreso decretó otra cosa y cualquier recurso ante la CSJ será desestimado. Adicionalmente, se aprueba un nuevo Código Penal que reduce las penas por corrupción y hace más difícil su juzgamiento. Nuevamente, es la “institucionalidad” la que manda y hay que obedecer porque “Nadie está por encima de la ley”.
Nuestra “institucionalidad” es tan fuerte que no necesita de la Maccih y ahora se presentará, como se quiso hacer en 2015, una “estrategia integral de lucha contra corrupción”. El mismo día en que el fiscal Santos denuncia todos los obstáculos que ha encontrado la Ufecic (Uferco, ahora) se anuncia con bombos y platillos que en cinco años la corrupción será eliminada en Honduras. Igual que los miles de empleos de las zonas especiales de desarrollo y los miles de millones de dólares en inversión extranjera del Plan 20-20. Mientras tanto la comunidad internacional, pese a los disgustos que tengan, tiene que seguir tratando con la “institucionalidad” que ellos mismos han reconocido.
Pero aún hay más, los mismos actores de las películas descritas nos presentarán las más grandes “reformas políticas” que el país ha visto en su historia y ofrecen las elecciones más libres, participativas y democráticas desde la dictadura de Carías. ¿Con la institucionalidad corrupta descrita y fortalecida se puede confiar en un proceso electoral transparente o habremos caído en la trampa de la institucionalidad?
