En Honduras, las organizaciones feministas luchan por mantener el acceso a la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) ante una demanda que busca revertir su uso, mientras enfrentan una crisis de violencia sexual que afecta a miles de niñas y adolescentes cada año
Tegucigalpa, Honduras. – En medio de una creciente tensión legal, las organizaciones feministas en Honduras, exigen a la Corte Suprema de Justicia para que desestime una demanda que busca revertir el Acuerdo Ejecutivo 75-2023, el cual permite la libre comercialización y uso de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE).
Ana Ruth García, coordinadora de las Ecuménicas por el Derecho a Decidir, expresó su preocupación sobre la situación actual: «Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que no permita retrocesos. La PAE estuvo prohibida por más de una década, y ahora nuevamente enfrentamos grupos antiderechos que insisten en que es abortiva, a pesar de que la OMS y otras organizaciones han verificado que no lo es»
La demanda presentada por Alianza por la Familia ha generado preocupación entre las defensoras de los derechos reproductivos, quienes ven en ella una amenaza a la salud pública y los derechos humanos de las mujeres. «Si esta corte falla a favor de la demanda, sería un hecho violatorio institucional y de Estado», advirtió García.
Se conoció que, en la audiencia de presentación de pruebas, Alianza por la Familia, presentó el testimonio de peritos extranjeros.
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NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL
La violencia sexual contra las niñas y adolescentes es una emergencia invisible que requiere medidas urgentes para prevenir y erradica. El boletín «Violencia sexual contra mujeres y niñas en Honduras, 2022-2023» del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres (CDM), refiere que se registraron 7,620 denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas ante el Ministerio Público en ese período.
Cristina Alvarado, representante del movimiento Mujeres por la Paz Visitación Padilla, denunció que, con la acción judicial interpuesta en contra del uso de la PAE, se denota una normalización de la de la violencia sexual.
Alvarado lamenta que «estamos normalizando el horror» al permitir que niñas de apenas 11 años queden embarazadas producto de violaciones, sin estar preparadas física, psicológica ni emocionalmente para ser madres.
Además, critica que la sociedad tienda a culpar a las víctimas en lugar de a los agresores, perpetuando un ciclo de impunidad y silencio que dificulta la denuncia y el acceso a la justicia.
Para la feminista, esta normalización de la violencia sexual es un reflejo de patrones sociales arraigados que deben ser transformados para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas hondureñas.
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IMPACTO DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LAS NIÑAS
La psicóloga, Ligia Destephen, parte del Grupo Estratégico por la PAE (Gepae) resaltó el impacto de la violencia sexual y los embarazos en adolescentes en Honduras. «Los cuerpos de las niñas y adolescentes no están preparados biológicamente, ni mental, ni social, ni económicamente para un embarazo, y la mayoría de estos embarazos son producto de violencia sexual.»
En ese sentido, subrayó que la PAE es una herramienta crucial para prevenir embarazos después de una violación sexual, recordando que la realidad psicológica para niñas y adolescentes es grave. «El trauma de la violencia sexual solo se perpetúa durante años. La violencia sexual genera graves afectaciones en su salud mental, depresión, ansiedad y trastorno por estrés postraumático, y ese niño o niña que nazca también va a enfrentarse a un mundo que no va a ser justo lastimosamente».
Por otro lado, Destephen enfatizó la necesidad de una educación sexual integral y un uso informado de la PAE. Razón por la cual hizo un llamado a las autoridades de la Secretaría de Educación para implementar una educación sexual integral que permita a las y los jóvenes tomar decisiones informadas y responsables sobre su salud sexual y reproductiva.
El estudio del CDM revela que el 43% de las víctimas eran niñas menores de 14 años, y si se incluyen las adolescentes de 15 a 18 años, el 55% de las víctimas eran menores de edad.
