La idea del Estado en la tradición política hondureña

Por: Gustavo Zelaya Herrera

Hay una definición del Estado que aparece en diccionarios y monografías lo plantean como la organización jurídica de una sociedad que posee tres componentes: territorio, población y el poder. Buena parte de esas definiciones evaden el origen clasista del Estado. Respecto a lo existente en Honduras no hay mayores diferencias. En este caso, puede considerarse que la formación del Estado puede rastrearse desde 1821 con los procesos independentistas y su forma actual se va estableciendo con el proceso reformista impulsado por Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa entre 1876 y 1883.

Es probable que uno de los eventos más notables de la Reforma Liberal de 1876 sea “la consolidación del Estado nacional”[1]. Diseñado como el aparato político encargado de racionalizar y ordenar la caótica sociedad que existía en aquel momento. Tal intento se expresó en la subordinación de toda la sociedad a los intereses económicos y políticos de una clase social determinada. Se trataba también de imponer orden y progreso con la ayuda de unas instituciones que funcionaran de forma eficiente, para ir edificando condiciones de estabilidad que hiciera posible el desarrollo. Sin embargo, los reformadores supieron que el proceso del avance nacional podía frenarse debido a la incultura política de los caudillos, a la casi nula tradición democrática y el desprecio de los políticos hacia la capacidad del pueblo para escoger libremente a sus dirigentes por medio del voto.

Frente a los caudillos y caciques políticos que simulaban ser conservadores o liberales se creyó que era necesario instalar un gobierno fuerte con predominio del poder ejecutivo y, en opinión de Ramón Rosa, se requería de un medio para expresar y realizar las ideas políticas en normas de gobierno, ese era el partido político. Según él:”…nada tan favorable a los desarrollos de la sociedad, al avance de las ideas, a las reformas que entrañan el progreso de las naciones, como la existencia de los partidos políticos”[2]. Esto tendría que contribuir a ordenar la sociedad, luchar contra el atraso y la injusticia; pero tendría que alejarse de las ideas confusas de los bandos tradicionales. Es decir, era la institución indispensable para crear un sistema que prepare la construcción de las instituciones libres y fomentara el pensamiento democrático. Por ello sugirió crear el Partido Progresista para superar las facciones conservadoras y liberales.

La intención era organizar el Estado como entidad que unifica la nación, pero de hecho no era más que la forma de dominio de un grupo social bien determinado, encaminado a consolidar su poder, tratando de mostrarse como el dominio de toda la sociedad y de la vida civilizada, desde donde se desarrollarían condiciones básicas del poder moderno con las consignas de orden,  progreso y propiedad. El aspecto más importante de esta forma de pensar al Estado se refería al fortalecimiento del poder ejecutivo, indispensable para cumplir las exigencias del capitalismo en el país.

Sin embargo, la hegemonía del presidencialismo como privilegio exclusivo del ejecutivo, como arbitrariedad y menosprecio de los derechos individuales, no ha servido para alcanzar ningún fin doctrinario, ni siquiera ha servido para garantizar la coexistencia pacífica de las ideas. Lo que no es extraño ya que la convivencia y armonía de opiniones opuestas no se fundamenta en políticas duras y coercitivas. Esto demuestra que la supremacía de un poder, sin la vigencia de la justicia y sin el acatamiento a la legalidad, no sirve para mantener ningún orden, ni siquiera para desplegar políticas de transformación como las intentadas por Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto.

Entre 1950 y 1982 se observan esfuerzos de industrialización en donde el Estado asume un papel fundamental en el impulso de la economía local y en la intervención en conflictos internos de Nicaragua y El Salvador, gracias al patrocinio de los Estados Unidos; de hecho, el país se convierte en una plataforma militar para impedir el crecimiento de movimientos revolucionarios en Centro América. La década que inicia en 1980, con supuestos procesos democratizadores en curso, tiene como momentos esenciales la militarización de la seguridad, corrupción desde los cargos públicos, desaparición de personas y asesinatos de opositores considerados de izquierda; es decir, se pone en práctica la doctrina de seguridad nacional que privilegia al Estado sobre las personas. En esas condiciones, se supone que el sistema político generaría condiciones que harían posible la igualdad social. Pero en la práctica se desarrolló mayor desigualdad económica y política, disminución del ingreso y más concentración de la riqueza y del poder en unos pocos.

Esta situación provoca que desde el Estado se desplieguen momentáneos programas sociales que impulsan la caridad social y luego se va a ocultar lo que se denomina responsabilidad social hasta instaurar una sociedad en donde sólo sobreviven los más aptos. La actual pandemia es claro y macabro ejemplo del desinterés estatal por la salud de la mayoría.

En el período de supuesta normalización democrática se instauró una nueva ley fundamental. “Sin embargo, no se puede ignorar que la Constitución nacional fue adoptada de manera tal que dista mucho de las características de un verdadero pacto social que resulta de un acuerdo mínimo de todos los sectores de la sociedad. Aunque nuestra norma fundamental surgió de una Asamblea Nacional Constituyente que se instaló en abril de 1980, y que posteriormente convocó a elecciones generales en noviembre de 1981 para elegir a las máximas autoridades, en definitiva, no es producto de un auténtico consenso nacional. En la Asamblea Nacional Constituyente de 1980 no estuvieron representados todos los sectores de la población hondureña, puesto que fue conformada por los grupos vinculados a las altas esferas del poder económico, empresarial, religioso y militar del país; por eso nuestra Constitución, en vez de ser la consecuencia de un genuino pacto social, es un acuerdo entre los militares y los dirigentes de los partidos políticos tradicionales, cuyo objetivo no era romper con el pasado autoritario y construir un nuevo orden social”[3] , sino mantener los privilegios obtenidos gracias a ese pasado.

“El proceso constituyente se realizó sin que la ciudadanía eligiera expresamente a sus representantes para la redacción de la nueva Constitución y sin que tuviera la posibilidad de aprobar el texto constitucional a través de una consulta directa, los cuales son requisitos esenciales que exige una auténtica teoría democrática del poder constituyente”[4]. Tal cuestión no es de importancia para los grupos dominantes, más bien los que han controlado el Estado provocan mayores diferencias económicas y un incremento de la desigualdad. El punto de inflexión puede marcarse a partir del golpe de Estado de 2009 que agudiza la crisis, aumenta la pobreza, la protesta social y la represión. A esto se puede agregar un elemento que parece novedoso y no es más que la vinculación del grupo político dominante con el narcotráfico.

La refundación del Estado de Honduras

El término “refundación” ha sido muy mencionado en la propaganda y en proclamas políticas de opositores inconformes y, al parecer,  no suficientemente debatido en sus posibles formas y contenidos, probablemente su definición genere mayor claridad ya que es algo necesario porque no se trata de un problema semántico o puramente conceptual sino de un tema político.

Desde la subjetividad se puede utilizar ese término como sinónimo de transformación. Claro que refundar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua significa: “Volver a fundar algo. Refundar una ciudad. Revisar la marcha de una entidad o institución, para hacerla volver a sus principios originales o para adaptar estos a los nuevos tiempos”. Esa continua adaptación es uno de los rasgos principales del capitalismo, se refunda según las exigencias del desarrollo social y ajusta sus mecanismos para enfrentar los momentos de crisis sin alterar su función explotadora y de acumulación del capital, intenta expandirse independientemente de límites geográficos y de cualquier teorización que pretenda “humanizarlo” y justificar su existencia.

En el caso nacional no se trata de hacer volver la sociedad hondureña a los “principios originales” sobre los que fue construida ni para adaptar las instituciones a los nuevos tiempos. No sólo es “revisar” nuestra historia y de interpretar cómo ha sido su marcha; más de cien años de atraso y miseria son suficiente prueba de cómo se ha gobernado el país y cómo se ha manipulado nuestra historia.

Esos principios originales, fundacionales, no las proclamas de las constituciones políticas,  pueden reconocerse desde la última década del siglo XIX con las primeras concesiones mineras y años después con la explotación del banano en gran escala de parte de compañías norteamericanas; se refrescan continuamente en forma de maquilas, industria extractivista  y especulación financiera;  se encuentran en el sistema capitalista desarrollado en nuestra Honduras y en las formas ideológicas que se desprenden de tal régimen. Todo ese basamento económico y espiritual ha dado lugar a una sociedad marcada por la exclusión social, la inequidad, la corrupción, la explotación del trabajo humano, la entrega de la soberanía y el saqueo de los recursos naturales; en fin, una degradación general que tiene como esencia a la violencia; fundamentalmente, esa situación de violencia descarga su furia sobre los más desprotegidos como son las mujeres y los jóvenes y  convierte a los componentes del sistema en objetos de consumo que se pueden intercambiar por otros y que pueden ser desechados cuando no sean útiles.  Mujeres, hombres, jóvenes, niños, zapatos, bosques, ríos, conciencias, caballos, computadoras, camisas, insumos médicos, ciudades enteras, los votos de los electores en contiendas de toda índole,  todo es desechable y sujeto de compra y venta.

Uno de los rasgos más notorios del capitalismo nacional es la existencia de un Estado totalmente opuesto a las prácticas democráticas, con una institucionalidad muy débil, con un poder ejecutivo que centraliza la mayor parte de las decisiones y las pone al servicio de los intereses de los grupos económicos dominantes. Desde ese Estado se ha profundizado la vulnerabilidad social y la exclusión de grandes grupos de población; la venta de muchas porciones del país y la entrega servil a los poderosos ha hecho del territorio una zona expuesta a desastres naturales, al cambio climático y del todo insegura por la complicidad con el narcotráfico y otras formas del crimen organizado que son parte sustancial del poder político.

El servilismo de los políticos que han dirigido al Estado y que lo conciben como propiedad privada y botín particular ha impedido su democratización y lo han vuelto muy sensible a las crisis económicas. Desde las distintas instancias estatales se ha hecho todo lo posible para provocar más exclusión, más desempleo, al grado que las llamadas políticas públicas no reducen las diferencias entre pobres y ricos, más bien agrandan los grupos de personas expuestas a la pobreza y a la miseria y reducen el tamaño de los grupos sociales dominantes que aumentan riquezas materiales en momentos de crisis. En esta situación en donde florecen los negocios ilícitos a costa de la sangre y el sudor de miles y miles de hondureños, somos testigos de los crímenes contra las mujeres y los que supuestos expertos en seguridad llaman asesinatos colectivos;  crece también la cobertura de la industria de la seguridad, dedicada a la protección de algunos políticos tradicionales y de los criminales, valga la redundancia.

Diversos acontecimientos muestran que el Estado está envuelto en crisis, nada extraño si creemos que la conflictividad es propia de cualquier sociedad. Esta condición no es un derivado directo ni se origina exclusivamente en el golpe de Estado de 2009, tampoco en la descarada corrupción o en los vínculos del crimen organizado con el poder político. Es un proceso propio del sistema económico. En especial, la suposición de la tradición política de que el Estado es su Estado, algo tan real desde finales del siglo XIX.

Además, los grupos del poder simulan que su trabajo es por el bien común; compiten entre ellos para acaparar más poder y el ejemplo no sólo está en las justas electorales, lo podemos ver en sus códigos penales, en las prácticas clientelistas, en la capacidad material  de poder  corromper  muchos grupos sociales. Esa acumulación de engaños, fracasos de políticas públicas, de los subsistemas educativos y de la salud, han creado indignación y profundizado la brecha entre pobreza y riqueza. Esa crisis del sistema político se muestra en que al Estado se le ha despojado de su función reguladora de conflictos, tal y como lo expresa la normativa liberal imperante, dejando de lado el hecho de que el Estado es tal cosa porque fomenta y resguarda derechos fundamentales que sirve de sustento a la estabilidad social.

Pero aquí todo es distinto, en donde la oposición es muy moderada sea de origen tradicional, nueva oposición, la popular, sindical, etc. Y se notó en el movimiento de los indignados con peticiones que refuerzan el sistema, pero pidiendo otros actores. Al menos esto no es revolución, no transforma nada, pero si se logran reformas de cualquier temperatura, serán pasos adelante que suponen liderazgos nuevos, fuertes.

Además, refundar es edificar un Estado Solidario que no sea asistencial ni facilitador, que no se encargue de generar más crisis ni de repartir pequeños bonos solidarios y grandes masas de dinero a la oligarquía. El Estado que tendría que existir será capaz de garantizar las libertades, los derechos y crear condiciones para una vida más justa y con mayores grados de equidad en la distribución de la riqueza social y en el acceso a la salud.

Se trata de cambar lo siguiente: que la política sea percibida como tarea de especialistas o profesionales que viven de y para la política; esa idea que reduce la política a la escena política, a instituciones políticas privilegiadas (asambleas legislativas, poder ejecutivo, municipalidades, etc.) o a individuos excepcionales, al análisis y comprensión académica de lo internacional o nacional, lo municipal o local. Esto deja por fuera al grueso de la población cuando es en ella en donde recae la legitimación del sistema social en el cual se apoya la esfera política. Se trata, entonces, de diferenciar la política como el espacio de concentración del poder en las instituciones del Estado, como monopolio y saturación del poder físico y simbólico. Lo político debe considerarse como el espacio de la sociabilidad cotidiana en donde todas las personas, los colectivos, las instituciones, interaccionan y ejercen el poder no como posesión sino como la capacidad colectiva e individual de transformar según los intereses compartidos.

[1] Zelaya, Gustavo (2001): El Legado de la Reforma Liberal, Editorial Guaymuras, Honduras, p. 3.

[2] Ídem, p.4.

[3]Barahona, Marvin (2005): Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa,  pp. 233-238.

[4] Mejía Rivera, Joaquín A., Fernández, Víctor y Menjívar, Omar (2009): Aspectos históricos, conceptuales y sustanciales sobre el proceso constituyente en Honduras, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, San Pedro Sula,  pp. 7-11.