La fiscalía como herramienta de persecusión político-sectaria del régimen de JOH 

Por: Carlos Zelaya Herrera

Sin desconocer las limitantes que pudo encontrar, la labor del ex fiscal Edmundo Orellana Mercado,  al frente del Ministerio Público en su gestión de 1994-1999, nos hizo creer en una entidad defensora de los intereses colectivos del pueblo catracho. 

Es justo y necesario hacer ese reconocimiento, en particular por ser Honduras un país de tanta singularidad jurídico-constitucional en la que conviven la ilegitimidad del régimen y su tendencia hacia la dictadura cívico-militar-corporativo-transnacional y empresarial.

Sin embargo, el irrespeto a la ley, la violación de nuestra Carta Magna como parte de un Estado cooptado como lo es Honduras, tienen de rodillas al país, a su sociedad y abierto un espacio en el imaginario colectivo de que los órganos operadores de justicia sirven a los intereses sectarios del régimen y cuidan los intereses de empresario y corporaciones, locales y extranjeras; que no funcionan al tenor de la independencia y la majestad que deben tener.

Cosas como estas templan la consciencia y alertan de la conducta de ciertos actores sociales que inciden directamente en dar y recibir justicia, tal como vemos en este régimen autoritario nacionalista, con muchos abogados y abogadas complacientes con el abuso de poder e incumplir sentencias definitivas del Poder Judicial, por Ministros y titulares de entes públicos.

De primera mano se sabe de casos en los que la arrogancia de los fiscales ante jueces, acusados y testigos, junto a la falta de documentación en expedientes de juicios que llevan los fiscales del Ministerio Público, o van mal dirigidas o carecen del suficiente sustento probatorio y aun así quieren que los jueces se las acepten. 

A diferencia de los nuestros, te enteras de las actuaciones de los abogados Thelma Aldana e Iván Velásquez, junto al equipo de abogados del Ministerio Público de Guatemala, así como del propio jefe y colaboradores de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala, (CICIG).

Tan solo ver sus aciertos, lucha y valentía con las que pusieron tras las rejas al binomio presidencial de Otto Pérez y Roxana Baldeti, además de procesos por corrupción contra el ex gobernante Alfonso Portillo y más recientemente aún, el juicio de financiamiento ilícito electoral que tiene al borde de la destitución y castigo al actual mandatario Jimmy Morales, que ya lleva en hombros el encarcelamiento de un hijo y de un hermano suyo por compras irregulares con fondos públicos.

Ahora el pueblo guatemalteco se siente acompañado, se llena de emoción y alegría porque sabe que tiene ángeles que lo protegen de los malos pseudopolíticos, como los que nos desgobiernan hoy y que allá, a diferencia de Honduras, puede salir masivamente a las calles a exigir justicia y el fin de la corrupción y la impunidad. 

Ahora vemos a nuestra patria para apreciar el resultado para la sociedad del Ministerio Público, el desempeño y conducta de los profesionales que ahí laboran te enteras y con decepción se vé que el fruto corresponde a la raíz donde se forman, tal cual es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH).

Un reducto tradicional de la derecha catracha, cimiente del Partido Nacional y del Frente Unido Universitario Democrático, (FUUD), que ya en la década de 1980 albergó a agentes del Escuadrón de la Muerte 3-16 y a miembros de la extinta y sangrienta contrarrevolución nicaragüense, entre otras entidades de esa naturaleza. 

Un pasado que se relaciona con las atroces agresiones a derechos individuales y colectivos de la hondureñidad que vemos hoy, los casos son innumerables y como estas están las violaciones a la Constitución de la República en el fallo de la reelección presidencial y la ratificación de la Ley de las Zonas Especiales de Desarrollo, (ZEDE), que cercena el territorio y violenta la soberanía nacional.