Ceteris Paribus
Por: Julio Raudales
El mundo, las organizaciones sociales y las formas de vida gregaria tal y como las concebimos en la actualidad, han experimentado profundos cambios con respecto a lo que sucedía, por ejemplo, hace 300 años. La verdad eso es poco tiempo si consideramos que los seres humanos tenemos más de doscientos milenios de poblar la tierra y seis mil años de historia escrita.
Y no me refiero únicamente a los avances tecnológicos y a las facilidades que el desarrollo de la ciencia nos provee respecto a la provisión de alimentos, vivienda, educación, salud y comunicaciones que han cambiado mucho para bien de la gente. Para el caso, encontrar una vacuna contra la viruela tomó 2500 años, contra la gripe 1200, hallar tratamiento contra el SIDA tomo más de dos décadas y aparentemente contra el COVID-19 apenas unos 8 meses.
Pero si hablamos de convivencia, las cosas también han cambiado de forma radical: El Código de Hamurabi con que los sumerios de hace 4 mil años resolvían sus diferencias, establecía que una mujer valía menos que una vaca, ordenaba que, si un hombre sacaba el ojo a otro de forma alevosa, el ojo del agresor debía ser también extirpado: “Ojo por ojo, diente por diente” rezaba la máxima jurídica antigua. La esclavitud era una institución absolutamente normal; tanto, que el mismo Jesucristo nunca la condenó en los evangelios. Situaciones similares subsistieron hasta hace muy poco tiempo y otras se niegan a desaparecer, pese a la parafernalia organizacional que hoy defiende derechos humanos.
Si hace apenas 100 años usted le hubiera argumentado a un político que las mujeres deberían tener derecho a votar o ser elegidas alcaldesas, diputadas o presidentes, seguramente se habría reído en su cara, si le hubiese dicho que un negro debe tener los mismos derechos de un blanco, probablemente se ganaría un enemigo. Y no hablemos del derecho de los homosexuales o las personas de la diversidad sexual a tener las mismas garantías ciudadanas de los heterosexuales. Ese es un tema que, aún el día de hoy provoca enormes divisiones entre la gente.
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Estas diferencias crearon desde tiempos ignotos, la necesidad del estado, un arreglo social en el cual se establece una agencia de carácter conciliador y consecuente que garantice acuerdos de convivencia entre la gente. Las preguntas son: ¿Qué tanto poder debemos darle a ese estado para que decida a qué tenemos derecho y a qué no? ¿Hasta qué punto una agencia integrada por individuos con ambiciones, necesidades y problemas personales, está capacitada para garantizar nuestros derechos? ¿Cuáles deben ser esos derechos?
Varios pensadores han intentado contestar estas preguntas a lo largo de la historia. Desde la antigua Grecia, hasta la Inglaterra y Francia de los siglos XVI y XVII, Aristóteles, Platón y Maquiavelo se cuestionan cómo lograr una organización tal que garantice la libertad de la gente y a la vez procure un bienestar mínimo a todas y todos.
El filósofo inglés John Locke propuso en el siglo XVI, que se definiera en una carta, cuáles deberían ser estos derechos: Para él, un estado eficaz es el que se concentra en proteger únicamente tres derechos: la vida, la libertad y la propiedad privada, un siglo después, el también británico David Hume abanderó esta propuesta y propuso que el poder estuviera dividido para evitar la corrupción y los desmanes de las autocracias, los franceses Rousseau y Montesquieu pusieron sabor a la discusión alegando que un verdadero contrato social debería garantizar además la mayor igualdad posible, para evitar conflictos por razones de inequidades.
De esa discusión propuesta hace 250 años es que surge el alegato ideológico actual. ¿Debe el estado velar por más libertad o igualdad? Porque en la medida en que se desea igualar a la gente, se requiere de mayores controles. Por ejemplo, no es lo mismo decir que yo tengo derecho al trabajo, que decir, tengo derecho a un trabajo. Lo primero es la discrecionalidad a trabajar o no, según mi deseo; lo segundo implica que alguien tiene que proveerme de un empleo. ¿Quién es ese alguien? ¿El gobierno? ¿O debe el estado obligar a un empresario a contratarme para darme ese trabajo?
Me parece que son preguntas de suma importancia a la hora de decidir qué tipo de “contrato social” debemos buscar para encontrar un acuerdo que le dé significancia a la ciudadanía por encima de intereses mezquinos y burdos.
Debemos, por tanto, reflexionar de forma colectiva con el fin de hallar un camino que garantice nuestras libertades y promueva a la vez el desarrollo humano. ¿Cuál debe ser el papel del gobierno en la ecuación? ¿Seremos capaces de definirlo solos como hondureños? Tratemos de responder a esa interrogante en la última entrega.
