Por: José Antonio Ocampo
NUEVA YORK – Los últimos dos años dejaron en evidencia las injusticias estructurales que subyacen a la economía mundial. Mientras la pandemia de COVID‑19 arrojó a una cifra estimada de entre 88 y 115 millones de personas a la pobreza extrema, los milmillonarios del mundo vieron aumentar su patrimonio más de un 25%. Y mientras los países del Norte Global han comenzado a administrar vacunas de refuerzo, los del Sur Global todavía no consiguen ni siquiera las primeras dosis para sus poblaciones.
Esta desigualdad espantosa está indisolublemente ligada al abuso tributario transfronterizo a gran escala, perpetrado por multinacionales y por individuos ricos. Negándose a pagar lo que les corresponde de impuestos, los actores más adinerados del mundo despojan a los países pobres de ingresos que necesitan con urgencia para tomar medidas contra la pandemia, por ejemplo conseguir vacunas y dar apoyo a la población vulnerable.
Los gobiernos del G20 afirman (muy satisfechos de sí mismos) que están haciendo frente al problema: hace poco acordaron instituir un porcentaje mínimo mundial del impuesto de sociedades, para poner fin a la «competencia impositiva» entre países que buscan atraer inversión extranjera. Pero el tipo impositivo acordado es sólo el 15% y apunta a una proporción ínfima de las ganancias de cien multinacionales. Esto para los países pobres es tan útil como un vaso de agua frente a un incendio forestal.
Un nuevo informe sobre el estado de la justicia tributaria (publicado en forma conjunta por la Red de Justicia Fiscal, la Internacional de Servicios Públicos y la Alianza Mundial por la Justicia Fiscal) sirve de ejemplo de la escala del problema: cada a año se pierden como consecuencia del abuso tributario transfronterizo 483 000 millones de dólares de ingresos públicos, una cifra suficiente para vacunar tres veces a toda la población del planeta.
Del total de pérdidas, el abuso del impuesto de sociedades por parte de multinacionales equivale a 312 000 millones de dólares; el resto corresponde a la evasión fiscal de personas ricas a través de operaciones offshore. Aunque técnicamente una proporción mayor de las pérdidas afecta a los países más ricos, los países pobres son los que las padecen más.
De hecho, aunque los países de ingresos altos y medianos altos pierden cada año por el abuso tributario internacional unos 443 000 millones de dólares, esto supone sólo el 10% de sus presupuestos sanitarios. Los países de ingresos bajos y medianos bajos pierden alrededor de 40 000 millones de dólares, cifra equivalente a nada menos que el 48% de sus presupuestos sanitarios.
Además, la culpa de este estado de cosas es de los países ricos. No sólo se han negado a dar una respuesta significativa al problema, sino que proveen los servicios financieros que hacen posible el abuso tributario internacional.
El Reino Unido, junto con su red de territorios de ultramar y dependencias de la Corona, es responsable del 39% del total de pérdidas. Países Bajos, Luxemburgo y Suiza suman otro 16%. En conjunto, los países de la OCDE son responsables del 78% de la pérdida anual de ingresos públicos derivada del abuso tributario internacional.
La doble moral de los países ricos es sorprendente. Al fin y al cabo, el tan publicitado acuerdo tributario del G20 se diseñó dentro del marco inclusivo de la OCDE referido a erosión de la base imponible y traslado de ganancias (conocido por la sigla en inglés BEPS). Algunos de los mismos países que hacen posible este abuso tributario (en particular el RU y Suiza) también se oponen a una suspensión de derechos de propiedad intelectual que permitiría un despliegue de vacunas a gran escala en el Sur Global.
Esto plantea serias dudas de que la OCDE sea la institución correcta para coordinar las negociaciones internacionales en materia tributaria. Es verdad que dio vía libre para que más de cien países que no la integran tengan voz en las negociaciones. Pero varias propuestas de países en desarrollo quedaron excluidas del acuerdo final.
Los países pobres quedaron obviamente muy insatisfechos. Mientras el G20 estaba reunido en Roma a fines del mes pasado para avalar el acuerdo, el G77, que representa a 134 economías en desarrollo, reiteró su viejo pedido de que se cree un organismo tributario mundial en Naciones Unidas encargado de reformar la normativa tributaria internacional y controlar los paraísos fiscales offshore.
La propuesta (según la cual el Comité de Expertos en Cooperación Tributaria Internacional de la ONU se transformaría en un foro intergubernamental) la presentamos por primera vez en 2004 el entonces secretario general de la ONU Kofi Annan y el autor (como secretario general adjunto de la ONU para asuntos económicos y sociales). El G77 la repitió en 2015, en la Conferencia sobre la Financiación del Desarrollo que tuvo lugar en Adis Abeba.
La creación de un organismo tributario mundial dentro de la ONU también es una recomendación clave del Panel de Alto Nivel sobre la Responsabilidad, la Transparencia y la Integridad Financieras Internacionales para Lograr la Agenda 2030 y de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT). (Tuve el honor de ser integrante de ambas.) Y está en sintonía con las demandas de la sociedad civil internacional.
Si el G20 hubiera llegado a un acuerdo que fuera justo para las economías en desarrollo, el G77 no hubiera vuelto a pedir que se cree un organismo tributario dentro de la ONU. Por eso la ICRICT reclamó que se siga negociando la firma de un nuevo acuerdo tributario internacional durante las próximas presidencias del G20 (Indonesia en 2022 y la India en 2023).
Pero para que haya avances reales se necesita un formato de negociación distinto en el que los países en desarrollo puedan hacerse oír. Si el G20 realmente cree en corregir la injusticia del abuso tributario transfronterizo, debe apoyar los pedidos de un proceso inclusivo auténtico en la ONU.
*José Antonio Ocampo, ex ministro de finanzas de Colombia y ex secretario general adjunto de las Naciones Unidas, es profesor en la Universidad de Columbia y embajador de la Coalición para la Alimentación y el Uso del Suelo.
