Por: Hugo Noé Pino
Honduras es considerada, correctamente, uno de los países más desiguales de América Latina; sin embargo, pocas veces se habla de las diferentes dimensiones de la desigualdad. La cara más conocida es la desigualdad del ingreso. El coeficiente Gini mide la desigualdad del ingreso y es un indicador entre 0 y 1; cero indicaría una igualdad perfecta en la distribución del ingreso (todos reciben parte igual del ingreso), mientras que uno mide una desigualdad completa (1 persona recibe todo el ingreso). Entre más alto es el coeficiente de Gini, más alta es la desigualdad en la distribución del ingreso. Nuestro país tiene un coeficiente de Gini promedio de 0.52 en los últimos años, de los cuatro más alto en Latinoamérica junto a Brasil, Colombia y Guatemala. El Banco Mundial muestra que en 2017 el 20% mejor remunerado en Honduras recibía el 54.6% del ingreso, mientras que el 20% peor remunerado recibía solamente el 3.2%. Esto significa que los grupos de altos ingresos concentran la mayor parte mientras la población de bajos ingresos casi no recibe nada. La pobreza y la pobreza extrema son manifestación clara de esta desigualdad.
Sin embargo, la desigualdad no se limita al ingreso, también existe una fuerte desigualdad de género. En igualdad de condiciones, las mujeres reciben menos salarios que los hombres y suelen estar sujetas a otro tipo de discriminación. Tampoco la aplicación de la justicia es la misma para las mujeres; los delitos contra las mujeres tienen penas reducidas y violaciones y maltratos físicos o sicológicos muchas veces no son investigados ni enjuiciados. Otro aspecto de la desigualdad que enfrentan las mujeres es que las niñas muestran más altos índices de deserción escolar, sin que haya políticas públicas dirigidas a eliminar la situación.
La desigualdad también se mide por la falta de oportunidades en educación, salud, seguridad social y seguridad ciudadana. Reducida cobertura y escasos recursos asignados caracterizan a estos sectores, y en la última década, sus asignaciones se han sido reducidos en relación con el gasto total del presupuesto de la administración central. La “escasez” de estos recursos proviene de una estructura tributaria regresiva que privilegia los impuestos indirectos (que paga la mayoría de la población) sobre los impuestos que gravan el ingreso y la riqueza. Las grandes cantidades que el gobierno deja de percibir en exoneraciones fiscales, que generalmente favorecen a élites económicas afines al gobierno, llegan alrededor de 42 mil millones de lempiras el próximo año, cuando el presupuesto de salud para ese mismo año es de 17 mil millones.
El acceso a activos productivos como la tierra en el sector rural o el crédito oportuno y barato para sectores de escasos recursos son asimismo otra faceta de la desigualdad. La mayor parte de recursos canalizados a través del sistema financiero son para productores medianos o grandes que son los que cuentan con suficientes garantías para acceder a un crédito. Aún en las circunstancias actuales en donde se han anunciado fondos de garantías y líneas de redescuento, muchas de esa “buenas intenciones” estarán bajo la discrecionalidad del sistema financiero, que como se conoce es conservador en el otorgamiento de préstamos. Se señala a Banhprovi, como banco de desarrollo porque ahora está autorizado para prestar directamente (banca de primer piso); sin embargo, su capacidad operativa es muy limitada dada la fuerte demanda de crédito que las circunstancias exigen. La falta de previsión y visión que caracteriza al presente gobierno hizo que no se tomara ninguna decisión con relación a Banadesa.
Otro elemento por considerar en el análisis de la desigualdad es la falta de participación de la población en las decisiones del país. Las leyes que rigen para participar activamente en política son acomodadas para limitar esa participación y solamente los que cuenten con recursos económicos suficientes (bien sea de fuente legales o ilegales) puedan participar con opción de gane. De esta forma, aquellos “políticos” que ofrecen seguir los dictados de las élites económicas, o los vinculados al crimen organizado, son los más probables triunfadores. Es por ello por lo que los representantes en el Congreso Nacional y en el poder Ejecutivo raras veces representan los intereses de las mayorías, por lo que generalmente actúan a espaldas de los intereses de las mayorías.
La desigualdad, en resumen, es producto del patrón de crecimiento sin desarrollo que se ha seguido por décadas en Honduras, en donde la característica principal es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. La enorme acumulación de deuda interna y externa que pesa sobre las espaldas de los hondureños es uno de los resultados nefastos de este estilo de “desarrollo”. Una élite económica que favorece sus intereses en función de privilegios o contratos con el gobierno y una élite política corrupta, que recibe canonjías de estos grupos para legalizar y legitimar estos atropellos a la población.
