Honduras llega al 15 de diciembre sin cumplir los requisitos mínimos exigidos por la ONU para instalar un mecanismo internacional anticorrupción, mientras analistas consultados por Criterio.hn alertan que la CICIH se encuentra prácticamente sepultada.
Lo que comenzó como la principal promesa anticorrupción del gobierno de la presidenta, Xiomara Castro, hoy se diluye entre retrasos legislativos, prórrogas acumuladas y una percepción generalizada de que la CICIH ya no tiene futuro en Honduras.
Tegucigalpa, Honduras. – A menos de una semana para que venza la quinta prórroga del Memorándum de Entendimiento (MdE) entre Honduras y Naciones Unidas para avanzar en la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), el panorama luce más desalentador que nunca.
El mecanismo anticorrupción, que durante años fue una demanda ciudadana central, enfrenta hoy un clima adverso marcado por retrasos legislativos, falta de voluntad política y un escenario postelectoral tenso.
La fecha límite del 15 de diciembre llega sin que el país haya cumplido la totalidad de los requisitos mínimos exigidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU), y sin señales de voluntad política para destrabar un proceso que, desde 2022, ha permanecido prácticamente congelado.
El Memorándum de Entendimiento, firmado en diciembre de 2022, se concibió como la hoja de ruta para establecer un mecanismo internacional contra la corrupción y la impunidad. Sin embargo, más de dos años después, el documento acumula sucesivas extensiones que evidencian estancamiento y falta de avances.
Analistas y actores de sociedad civil consultadas por Criterio.hn coinciden en una afirmación contundente “la CICIH está enterrada” y sin condiciones reales para su establecimiento en el corto ni mediano plazo.
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ENTRE PRÓROGAS Y SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS
El 15 de junio de 2025 venció nuevamente la vigencia del Memorándum de Entendimiento suscrito en diciembre de 2022. Ese mismo día, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (Cancillería) solicitó una prórroga adicional hasta diciembre, la quinta desde su firma inicial.
No obstante, la prórroga no representa un avance, sino un síntoma más del estancamiento. Ninguna de las extensiones anteriores se ha traducido en pasos sustantivos hacia la llegada del mecanismo.
En esencia, el proceso ha permanecido congelado, sin claridad jurídica ni compromiso político para cumplir con las condiciones mínimas solicitadas por Naciones Unidas.
Aunque la presidenta Xiomara Castro reiteró su voluntad de instalar la CICIH, el Congreso Nacional no consolidó el marco legal necesario para garantizar su independencia y facultades.
El Poder Legislativo, era un actor clave para cumplir los requisitos exigidos por Naciones Unidas no mostró prioridad en aprobar las reformas pendientes como la Ley de Colaboración Eficaz, reformas al Código Penal y Procesal Penal, y la derogación del decreto 117-2019, que concede inmunidad a los diputados del Congreso Nacional.
Tras cuatro años de la firma del memorándum, el Congreso Nacional apenas concretó tres de las ocho condiciones mínimas, y los avances se concentraron entre julio y agosto de 2023.
Entre las medidas aprobadas destacaron la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como Ley de Secretos, normativa que había obstaculizado el acceso a información pública y la eliminación del Decreto 116-2019 sobre fondos departamentales. Sin embargo, Naciones Unidas ha reiterado que la derogatoria del Decreto 116-2019 se aprobó sin la mayoría calificada exigida, creando un vacío de certeza jurídica.
La falta de claridad constitucional abre la puerta para que futuros actores políticos cuestionen la validez de esa decisión ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En su informe preliminar, al que Criterio.hn obtuvo acceso exclusivo en diciembre de 2024, la Misión de Expertos de la ONU reconoció avances en la reforma a la Ley de Lavado de Activos, la cual restableció la responsabilidad penal de personas jurídicas y flexibilizó el acceso a información financiera.
No obstante, advirtieron que persisten vacíos en temas como el levantamiento del secreto fiscal para investigaciones penales no relacionadas con lavado.
Además, señalaron que Honduras debe garantizar un marco jurídico que permita la participación autónoma e imparcial del mecanismo en casos complejos de corrupción.
SIN VOLUNTAD POLÍTICA NO HAY CICIH
Pero a la fecha, ese marco sigue incompleto. El mecanismo, según analistas, no puede operar en un entorno donde persistan fueros, privilegios procesales y normativas que blindan a funcionarios.
Para los actores consultados por Criterio.hn, la ausencia de voluntad política ha sido determinante en el cumplimiento de los requisitos mínimos para la instalación del mecanismo anticorrupción.
Ismael Moreno, exdirector de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), enfatizó que “no le ve futuro a este mecanismo internacional. Después del 15 de diciembre lo que queda es nada de nada. La CICIH queda enterrada”.
Durante una conversación con este medio digital el sacerdote jesuita expresó que ni el gobierno actual mostró la decisión necesaria para impulsar el convenio, ni la administración entrante tendría interés en enfrentar las redes criminales y de corrupción.
También advirtió que la única posibilidad de revertir el entierro de la CICIH sería una presión social sostenida, pero reconoce que el clima actual “no favorece movilizaciones masivas”.
En ese sentido, señaló que los retos estructurales del país —crisis agraria, ambiental, de derechos humanos y del sistema electoral— seguirán sin atenderse sin un mecanismo robusto anticorrupción.
El analista también alertó sobre un posible retroceso institucional si el Partido Nacional asume el poder, incluyendo la reactivación de las ZEDE y la protección de intereses empresariales cuestionados.
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En esa misma línea se expresó el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, al señalar que el futuro de la CICIH depende exclusivamente del reclamo social, pero admite que “no hay ambiente” para ello.
Acevedo, dijo a Criterio.hn, que la falta de compromiso del virtual ganador de las elecciones —que no incluyó la CICIH en su plan de gobierno— evidencia que el mecanismo no será una prioridad estatal.
El abogado considera que, bajo estas condiciones, la CICIH se mantiene en un limbo sin perspectivas de avance real. Además, externó que solo una chispa social podría reactivar la demanda ciudadana, aunque advierte que esa dinámica dependerá de cómo se mueva el país durante los primeros cien días del nuevo gobierno.
A este diagnóstico se suma el exdiputado del Partido Anticorrupción (Pac) e integrante del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH, Aníbal Cálix, quien coincide en que la falta de voluntad política ha saboteado el proceso para la instalación del mecanismo anticorrupción desde el inicio.
Al ser consultado por este medio digital sobre el papel del Congreso Nacional en el cumplimiento de los requisitos mínimos para la instalación de la CICIH respondió que “nunca tuvo intención real” de firmar el convenio definitivo con la ONU y que los pocos avances han sido insuficientes.
Recordó que la aprobación del Decreto 01-2022, que buscaba restar independencia al mecanismo, dejó claro que el Congreso Nacional se constituiría en un obstáculo.
Desde la perspectiva del exdiputado Aníbal Cálix depender del Partido Nacional para aprobar la instalación sería aún más improbable. En ese sentido, recordó que fue ese instituto político el promotor de la salida de la MACCIH. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
En conclusión, mientras el Gobierno acumula prórrogas sin resultados, el Congreso ignora las reformas pendientes y la ciudadanía permanece en silencio, la CICIH, coinciden los expertos, permanece enterrada, sin señales de resurrección a corto plazo.
