Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. -Hace seis meses, siete hombres fueron declarados culpables del asesinato de la líder indígena lenca y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres y del intento de asesinato del activista ambiental mexicano Gustavo Castro, quien también resultó herido en el ataque del 2 de marzo de 2016.
Medio año después, los miembros de la Misión que observaron el primer juicio expresaron su preocupación por el hecho que el Tribunal aún no haya dictado la sentencia condenatoria por escrito, lo que genera inseguridad jurídica en la causa.
En la sentencia oral emitida el 29 de noviembre, la Corte reconoció que el asesinato fue planeado y llevado a cabo con el «pleno conocimiento y consentimiento» de los ejecutivos de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), con la intención de detener la oposición a su proyecto de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
«El fallo acredita una verdad sobre los hechos que coincide sustancialmente con las afirmaciones y declaraciones de la acusación privada desde el inicio de la investigación. El fallo reconoció que Berta Cáceres fue asesinada por ser líder indígena y defensora de los derechos humanos, de la tierra y del agua del pueblo lenca», dijo Juan Francisco Soto, vicepresidente de la FIDH y director de la CALDH, ambas organizaciones miembros de la Misión.
La Misión de Observación Calificada está integrada por organizaciones internacionales y nacionales, expertos en derechos humanos, derecho internacional y derecho penal y estuvo presente durante el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres. A lo largo del proceso, la Misión observó deficiencias estructurales en el sistema judicial hondureño que siguen planteando limitaciones y dificultades para el acceso de la población a la justicia.
Estos incluyen la falta de resolución oportuna de los recursos judiciales, la omisión de la investigación de la autoría intelectual de los hechos y la limitación de los derechos de las víctimas. Miembros de la Misión se encuentran hoy en Tegucigalpa para realizar un foro sobre los impactos de los procesos legales.
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«Es una obligación del Estado hondureño emitir un fallo por escrito contra los perpetradores. Es un paso necesario para continuar con la investigación, juicio y sanción de todos los autores intelectuales del crimen y para garantizar una verdadera justicia para la familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)», sostuvo Isabel Solís, investigadora de Maya K’iche’ y Directora Nacional de GHRC/USA, quien estuvo presente para observar el juicio y quien hablará en el foro.
La Misión de Observación considera que es imposible publicar su informe final sobre el juicio hasta que no haya una sentencia por escrito. Seis meses después de que finalizara el juicio, el fallo sigue pendiente.
