Antes del 1 de septiembre de 2023, Honduras deberá contar con un nuevo fiscal general, que sustituirá al cuestionado Óscar Fernando Chinchilla quien ha ocupado la titularidad del Ministerio Público desde el 2013
Tegucigalpa, Honduras. –Con la elección de José Ramón Ávila, como representante de la sociedad civil la Junta Proponente ya ha sido conformada en su totalidad, por lo que se debe iniciar el proceso de selección de los candidatos y candidatas a fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público.
La reunión fue programada para las 9:00 de la mañana, en el salón de usos múltiples de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional aglomeraron a las 12 organizaciones civiles inscritas y registradas en la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC) y autorizadas por la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización, que cumplieron con los requisitos legales para participar en el proceso.
En la asamblea convocada por la Secretaría de Transparencia y moderada por su el ministro, Edmundo Orellana, las organizaciones de sociedad civil eligieron por unanimidad de votos a José Ramón Ávila, representante de la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras (ASONOG).
En una declaración a medios de comunicación, Ávila dijo que asume este compromiso con el país para que la terna de los cinco candidatos que se nominen, la Junta Proponente esté compuesta por personas con todas las capacidades profesionales, pero sobre todo con una posición ética y moral a favor de Honduras.
Ávila señala que, la situación del país demanda que la sociedad civil y los demás sectores aúnen esfuerzos para rescatar el Estado de Derecho, que “tan lamentablemente ha sido deteriorado; y en ese sentido creo que es un papel muy honroso, pero un enorme compromiso que tenemos desde sociedad civil”.
No obstante, está consiente que habrá presiones desde los diferentes sectores, eso es inevitable, pero esta situación “debemos tratarla con integridad y responsabilidad” de lo contrario el país puede seguirse hundiendo por el deterioro del sistema de justicia.
“Nuestro compromiso es por el país y vamos a desestimar cualquier intimidación o insinuación que pudiese haber, pero ojalá no existan, pero si se presentaran vamos a evadirlas”, declaró a medios de comunicación.
Por otro lado, hizo un llamado a los diputados del Congreso Nacional para que respeten las postulaciones que enviará la Junta Proponente, y que considere la idoneidad más que las capacidades de las personas y que no vaya a salirse de las postulaciones que serán enviados.
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COHEP DENUNCIA EXCLUSIÓN
El oficial de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Rafael Jerez, informó que el organismo que aglomera a la iniciativa privada fue excluido de la asamblea donde se escogió al representante de sociedad civil ante la Junta Proponente.
Jerez argumentó que, el Cohep envió su inscripción en tiempo y forma, y la misma fue admitida por la Secretaría de Transparencia, pero al momento de la asamblea de organizaciones de sociedad civil estos fueron notificados que no podían ser parte.
Sin embargo, en la convocatoria emitida por la Secretaría de Transparencia si estaba incluido el Cohep como una de las organizaciones que participaría en la asamblea.
Al respecto el secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, admitió que no conocía a cabalidad el proceso de convocatoria, y tampoco leyó a profundidad la convocatoria hecha por la presidenta de la Junta Proponente, Rebeca Ráquel Obando.
Orellana, dijo a medios de comunicación que, desafortunadamente no reparó en que la convocatoria que debía hacer era exclusivamente para las organizaciones civiles que velan por derechos humanos y de justicia, por ello el Cohep no podía participar en la asamblea.
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INTEGRACIÓN DE LA JUNTA PROPONENTE
El 8 de mayo la titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rebeca Ráquel Obando convocó a las instituciones y organismos a acreditar a las personas que integrarían la Junta Proponente que seleccionará a las y los candidatos para fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público para el período 2023-2023.
La Junta Proponente que seleccionará a los candidatos a fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público (MP) queda integrada por Rebeca Ráquel Obando -preside el organismo-, el pleno del Poder Judicial designo al magistrado de la Sala Constitucional, Wagner Vallecillo (CSJ); por las universidades privadas al economista, Julio Raudales; por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) al coordinador de la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la máxima casa estudios, Odir Fernández; por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) su titular, Blanca Izaguirre.
El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) eligió al jurista, Alejandro Hernández, por último, las organizaciones de sociedad civil acreditaron a José Ramón Ávila.
La elección del fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público se desarrolla en cinco fases y durante el proceso los participantes son sometidos a varias etapas de investigación y evaluación por la Junta Proponente.
Una vez integrada, la Junta Proponente procede a la creación de un reglamento interno. Seguidamente, convocará a la fase de propuestas a los aspirantes que cumplan con los requisitos necesarios para llegar al MP, después serán sometidos a una serie de investigaciones y evaluaciones.
La Junta Proponente deberá presentar ante el Congreso Nacional una lista de cinco aspirantes al cargo de fiscal general y fiscal adjunto para dirigir el Ministerio Público en el período de 2023-2030.
¿QUIÉNES SON LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA PROPONENTE?
Rebeca Ráquel Obando, actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abogado con 21 años de experiencia en el ejercicio de las ciencias jurídicas y sociales.
Además, se ha sido jueza de letras en el Juzgado de Familia, durante el periodo 2001 al 2006, luego directora ejecutiva de Educrédito hasta 2009, año en el que se retiró para continuar su carrera de manera independiente. Antes de asumir el cargo de magistrada se desempeñaba como representante del Banco de Occidente, propiedad del recalcitrante líder liberal Jorge Bueso Arias y amigo del fallecido Jaime Rosenthal Oliva, padre de Jani Rosenthal Hidalgo, actual presidente del Partido Liberal.
Blanca Izaguirre, en el 2020 fue electa -en una polémica votación- como titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh). Es una profesional del derecho, egresada de una universidad privada.
En abril de 2018 fue nombrada como representante del Poder Ejecutivo ante el Comité Nacional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes (Conaprev) dos años después fue propuesta por el diputado nacionalista para ser la titular del Conadeh, puesto que ostentará hasta el 2026.
Julio Raudales, doctor en economía por el colegio de México, magíster en Economía Aplicada con especialidad en Macroeconomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y licenciado en Sociología de la Universidad Nacional de Costa Rica, cuenta con una vasta experiencia como docente universitario, se desempeñó como ministro de Planificación, fungió como Vicerrector de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Actualmente se desempeña como rector de la Universidad José Cecilio del Valle.
Odir Fernández, abogado penalista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), además posee un posgrado en Derecho Penal y tiene un doctorado en Ciencias Penales en la Universidad de San Carlos, Guatemala. Desde el 2010 es profesor universitario de Derecho desde el 2014 hasta la fecha, coordinador de la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal en la UNAH.
Además, trabajó en el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) desde el 2014 hasta junio de 2022.
Wagner Vallecillo, magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abogado con una amplia carrera dentro del Poder Judicial en los Juzgados de Letras en Siguatepeque, defensor público en San Pedro Sula y juez de paz en el municipio de Jesús de Otoro del departamento de Intibucá. Además, pasó por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE).
Alejandro Hernández, profesional del derecho y suplente del presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales.
José Ramón Ávila, actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Asociación de Organismos no Gubernamentales (Asonog).
