Tegucigalpa, Honduras.- La subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, denunció la escasa o nula transparencia en la gestión de fondos del sistema de recompensas económicas de la Policía Nacional, destinado a obtener información sobre individuos involucrados en crímenes.
Villanueva, miembro de la cúpula policial y conocida por sus desacuerdos con el titular de la institución, Gustavo Sánchez, lamentó la falta de claridad en la distribución de los fondos y la ausencia de información sobre quién audita los pagos por datos cruciales.
«Es alentador ver capturas rápidas en casos criminales, pero la pregunta fundamental es: ¿Quién supervisa estas recompensas? Es esencial que los organismos de transparencia ciudadana realicen vigilancia», expresó la funcionaria en la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter).
Añadió: «Este comentario está relacionado con un tema de investigación de fondos y transparencia, que me pareció pertinente. Pues si estando dentro del ámbito policial no se conoce, sería importante que el pueblo lo conociera, sobre todo esas cantidades. Hay cosas que se ignoran sin razón».
Villanueva, que fue directora de Medicina Forense del Ministerio Público entre 2013 y 2018, mencionó que el tema volvió a entrar en tela de juicio hace unos días, después de que la Policía Nacional capturara a un sujeto por asesinar a una mujer en una gasolinera en el municipio de Campamento, Olancho, al nororiente de Honduras.
Tras el asesinato, el departamento «Los más Buscados» ofreció una recompensa de 200 mil lempiras para quien proporcionara información sobre el paradero del criminal. Menos de 24 horas después del crimen, la Policía arrestó a los dos sujetos en la misma motocicleta que utilizaron para cometer el asesinato. Sin embargo, aún se desconoce cómo se ejecutó el arresto y si se hizo uso del dinero ofrecido a cambio de información.
Criterio.hn intentó comunicarse con el departamento de prensa de la Policía Nacional para obtener información sobre la asignación del presupuesto anual destinado a recompensas por información, la cantidad entregada, y el destino del dinero no distribuido. Hasta la publicación de este artículo, no hubo respuesta a los mensajes ni a las llamadas.
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DISCREPANCIAS A FLOR DE PIEL
El 21 de junio de 2023, el general Gustavo Sánchez, antes director de la Policía, fue nombrado ministro de Seguridad en lugar de Ramón Sabillón, quien también ocupó el puesto durante el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente enjuiciado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.
Sánchez asumió el cargo después de que se registrara la peor masacre en la historia en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en Támara, a unos 16 kilómetros de Tegucigalpa, la capital hondureña. En este trágico incidente, 46 mujeres privadas de libertad fueron asesinadas por supuestas integrantes de maras y pandillas que también estaban recluidas.
Una vez en la posición más alta de la institución, Sánchez comenzó a tomar decisiones y a ejecutar estrategias asignadas a otros miembros de la cúpula policial. En otras palabras, tomó el control de varios departamentos policiales.
Por ejemplo, asumió el control total del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), que hasta el 27 de agosto de 2023 estaba a cargo de Julissa Villanueva. «Él (Sánchez) me dijo a mí y a todo el personal, a través de un mensaje, que ya no me preocupara más por el Sistema de Datos en Línea porque él se haría cargo, sin proporcionar ningún tipo de argumento», relató la doctora a Criterio.hn.
De hecho, en diciembre de 2023, Julissa Villanueva confesó en un foro televisivo que en la masacre registrada en la PNFAS se utilizaron armas de la institución armada para perpetrar el crimen, con el objetivo de apartarla de la intervención penitenciaria que estaba encabezando desde inicios de 2023.
«La evidencia científica está indicando que el 96% de los cartuchos son de la Policía Nacional, los mismos que se encontraron en la escena del crimen», denunció Villanueva. De hecho, hasta el momento, el Ministerio Público (MP) solo ha presentado nueve requerimientos fiscales relacionados con esa tragedia.
Por su parte, el general Gustavo Sánchez ha mencionado en pocas ocasiones el trabajo de la doctora Villanueva, pero ha dejado entrever que la institución está totalmente comprometida con respaldar las decisiones del partido que actualmente está en el gobierno. Una muestra de ello es que ha participado en las movilizaciones convocadas por Libertad y Refundación, justificando su presencia en función de cumplir con sus deberes institucionales, algo que le han cuestionado.
