Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Se considera una líder de opinión pública y cuando le conviene saca a colación el mandato constitucional que le delega el estudio de los problemas nacionales y su participación en la transformación de la sociedad hondureña.
Lo anterior es una breve descripción de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Casteallanos, quien mantiene un perfil elevado en la opinión pública, por sus múltiples declaraciones ante los medios de comunicación, producto de su participación en múltiples comisiones integradas por el gobierno, especialmente en temas de seguridad y salud
En ese afán de hacer incidencia, recientemente la UNAH emitió un comunicado mediante el cual lamentaba el robo del expediente judicial de la extinta lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres, y responsabilizó del error al Poder Judicial.
Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, consideró que Castellanos debería rectorar la academia y dejarlo a él con la impartición de la justicia.
Al respecto Castellanos respondió: “el artículo 160 de la Constitución de la República nos manda a hacer las propuestas para transformar Honduras, entonces el artículo 160 es grandioso para nosotros porque nos da la potestad para intervenir en cualquier tema de interés nacional”.
En la línea de su respuesta, Criterio.hn, le repreguntó cuál era su opinión, sobre la reelección presidencial, siempre basándose en el artículo 160, a lo que escuetamente respondió: ya eso está planteado en la Corte Suprema de Justicia.
Castellanos no quiso comprometerse en un tema tan controversial y prefirió acelerar su paso, evadiendo a toda costa la sagacidad de este medio de comunicación que quería conocer su opinión y llevarla a sus lectores. Curiosamente en esta oportunidad evitó hacer uso del artículo 160 que siempre saca a colación cuando emite opiniones distintas a la academia.
De esa manera, la máxima autoridad de la Alma Mater evitó hablar de un asunto que ha cobrado vigencia luego que la Sala de lo Constitucional declarada inconstitucional la Constitución de la República y permitiera que quien haya ostentado la titularidad del Estado busque la reelección.
Al respecto el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, lamentó que en Honduras no haya existido hasta el momento un pronunciamiento articulado entre las instituciones generadores de opinión pública para propiciar espacios de discernimiento en la población, en un tema tan delicado como el de la reelección presidencial.
Para Orellana Mercado la sentencia de la Sala de lo Constitucional no es algo definitivo y tampoco puede ser considerado como cosa juzgada, «porque la cosa juzgada se acepta siempre y cuando no sea fraudulenta o injusta y en este caso es injusta porque es un fraude a la Constitución y es injusta porque se está negando el principio fundamental de los pueblos, en cuanto a que son los pueblos los soberanos y son los pueblos quienes pueden elegir el poder Constituyente”
De tal manera, que esa sentencia no es inmutable, esa sentencia es esencialmente revocable o anulable, concluyó Orellana Mercado.
